La Defensora del Pueblo logró que la Dirección General de Bienes Nacionales otorgue una indemnización a una envejeciente discapacitada, por una “mejora” de su propiedad que le fue destruida en el 1994 en la periferia del Faro a Colón para el Gobierno construir una moderna urbanización en el sector Los Mameyes.
De la Cruz del Rosario, quien además es hipertensa y diabética, solicitó la intervención de la Defensora del Pueblo, ya que tenía 22 años reclamando el pago por la destrucción de su humilde vivienda, sin haber tenido éxito.
La señora, que vive en condiciones económicas precarias, fue desalojada por Bienes Nacionales el 25 de febrero de 1994, de la vivienda que ocupaba en el área periférica del Faro a Colón, pero no fue indemnizada, ni tampoco se le asignó una vivienda.
La Defensoría del Pueblo gestionó el pago mediante varias comunicaciones que le tramitó, en diferentes fechas, al director de Bienes Nacionales, Emilio César Rivas Rodríguez, quien finalmente obtemperó a la petición de la institución.
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