Las diez personas mas ricas de República Dominicana

viernes, 17 de abril de 2015

Las diez personas mas ricas de República Dominicana

El reportaje que destaca a una sola mujer entre los multimillonarios dominicanos explica detalles como y en que invierten su dinero.

La revista Forbes República Dominicana reúne en su edición de Abril una lista de los millonarios dominicanos del 2015, incluyendo una serie de artículos sobre el mundo de los millonarios tanto a nivel local como internacional.

El reportaje que destaca a una sola mujer entre los multimillonarios dominicanos explica detalles como y en que invierten su dinero estos grandes empresarios del país.

01-Felipe A. Vicini Lluberes y familia

02-José Luis Corripio Estrada (Pepín)

03-Ligia Bonetti Dubreil y familia

04-Frank Rafael Rainieri Marranzini

05-Manuel Alejandro Grullón Viñas

06-José Augusto César León Asensio

07-Manuel de Jesús Estrella Cruz

08-José Miguel González Cuadra

09-Félix María García Castellanos

10-Román Ramos Uría

Fuente

“Estos 10 millonarios dominicanos podrían ser los próximos en aparecer en la lista de Forbes. Sus fortunas han sido amasadas en la manufactura, los ingenios azucareros, la industria, el comercio, y casi todos incursionan en los medios de comunicación”

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La revista Forbes, en su versión mexicana, publicó la lista de los diez más grandes millonarios dominicanos.

Según la publicación, estos diez magnates dominicanos podrían aparecer pronto en la lista oficial de Forbes sobre los grandes ricos a nivel internacional.

“Crear nuestra propia lista de millonarios dominicanos fue tarea fácil. La dificultad estuvo en establecer la posición que ocuparía cada uno”, indica la publicación.

Y explica:

“Estos 10 millonarios dominicanos podrían ser los próximos en aparecer en la lista de Forbes. Sus fortunas han sido amasadas en la manufactura, los ingenios azucareros, la industria, el comercio, y casi todos incursionan en los medios de comunicación”.

Asimismo, explicó que, en vista de que es imposible precisar cifras de inversiones por lo reservados que son los grupos al momento de revelar montos, el orden de aparición no representa el tamaño exacto de la fortuna que poseen estos empresarios dominicanos.

A continuación la lista de los 10 millonarios de República Dominicana, tal cual la presenta Forbes en su edición de México:

1. Felipe A. Vicini Lluberes y familia

Felipe A. Vicini Lluberes

Presidente del Grupo Vicini.

Presidente del Comité de Estrategia e Inversiones.

Edad: 53 años.

Estudios: Licenciatura en Comunicaciones en Northwestern University, Illinois, Estados Unidos.

Fuente de riqueza: Ingenios de azúcar, manufactura, finanzas y medios de comunicación.

Origen de la riqueza: Heredada y desarrollada.

El Grupo Vicini tiene sus orígenes cinco generaciones atrás. En sus inicios la inversión estuvo enfocada al comercio y la agroindustria. En el siglo XX incursionaron en la industria pesada, la manufactura y los ingenios azucareros. Recientemente ha expandido sus negocios al sector finanzas y la administración de activos.

La familia Vicini ha multiplicado sus negocios con cuantiosas inversiones a nivel internacional, lo que los convierte en los empresarios dominicanos con mayor presencia en el extranjero.

2. José Luis Corripio Estrada (Pepín)

José Luis Corripio Estrada (Pepín)

Presidente ejecutivo de Grupo Corripio.

Edad: 80 años. Estudios: n/d.

Fuente de riqueza: Industrias, comercio y medios de comunicación.

Origen de la riqueza: Heredada y desarrollada.

Empleos que genera: 12,000.

El grupo, considerado el principal mayorista ferretero (sic) de República Dominicana, está diversificado en más de 20 empresas, reunidas en cuatro áreas: comercio, industria, automóviles y medios de comunicación. Además auspicia la Fundación Corripio, entidad sin fines de lucro que tiene como misión principal promover el arte, la ciencia, la comunicación, la cultura y la literatura dominicana.

La Fundación Corripio entrega cada año el Premio Nacional de Literatura y los Premios Fundación Corripio a personalidades dominicanas en reconocimiento a sus aportes a la sociedad.

3. José Miguel Bonetti Guerra y familia

José Miguel Bonetti Guerra

Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

Industrial Dominicana (MercaSID).

Edad: 76 años.

Estudios: Licenciatura en Economía en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, con doctorado en Derecho por la Universidad de Santo Domingo (hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo)

Fuente de riqueza: Comercio, representación de marcas y productos, ámbito deportivo y medios de comunicación.

Origen de la riqueza: Heredada y desarrollada.

La Sociedad Industrial Dominicana (SID), popularmente conocida como La Manicera, fue fundada en 1937 por Jesús Armenteros Seisdedos y José María Bonetti Burgos, para la fabricación de aceites vegetales comestibles.

4. José Augusto César León Asensio y familia.

José León Asensio

Presidente del Grupo León Jimenes.

Edad: 80 años.

Estudios: Licenciatura en Administración de Empresas con especialidad en Mercadeo (Babson Institute, Massachusetts, EU).

Fuente de riqueza: Industria de tabaco, bebidas alcohólicas y banca.

Origen de riqueza: Heredada y desarrollada.

Junto con sus hermanos transformó la modesta fábrica familiar de cigarros La Aurora en uno de los grupos industriales y comerciales más importantes del país. La planta fue fundada por su padre, Eduardo León Jimenes, en 1903.

Este año incursiona en el sector de telecomunicaciones, participando como socio local de Altice, grupo que adquirió las telefónicas Tricom y Orange.

5. Manuel Alejandro Grullón Viñas

Manuel A. Grullón

Presidente ejecutivo de Grupo Popular.

Edad: 60 años.

Estudios: n/d.

Fuente de riqueza: Banca comercial.

Origen de riqueza: Heredada y desarrollada.

Impulsado por su padre, Manuel Alejandro Grullón, ha destacado en el ámbito financiero dominicano desde hace más de tres décadas. El Banco Popular inició sus actividades en enero de 1964 y hoy cuenta con 200 sucursales en todo el país, que emplean a más de 6,500 personas.

6. Frank Rafael Rainieri Marranzini

Frank Rainieri

Presidente del Grupo Punta Cana.

Edad: 70 años.

Estudios: Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad APEC.

Fuente de riqueza: Turismo, transporte aéreo y educación.

Origen de riqueza: Autogenerada

En 1970, Frank Rainieri se asocia al inversionista estadounidense Theodore W. Kheel para impulsar el proyecto de las cabañas turísticas conocidas como Punta Cana Club. Rainieri —visionario, emprendedor y arriesgado— imaginó una próspera ciudad turística en unos terrenos en los que otros veían una frondosa selva. Más de cuatro décadas después, el negocio de las cabañas evolucionó en el Grupo Punta Cana, conformado por las empresas Punta Cana Beach and Golf, Punta Cana Resort and Club, Escuela Internacional Punta Cana, Corporación Aeroportuaria del Este, Punta Cana Yacht Club, Corporación Turística y de Servicios Punta Cana y Guardianes del Este.

7. Manuel de Jesús Estrella Cruz

Manuel Estrella

Presidente del Grupo Estrella.

Edad: 52 años.

Estudios: Ingeniería Civil con maestrías en Administración de Empresas y Finanzas Organizacionales en la PUCMM.

Fuente de riqueza: Construcción, medios de comunicación, aeropuertos, fábrica de pinturas, salud y red de ferreterías.

Origen de riqueza: Autogenerada.

Ingeniería Estrella, creada en 1983, ha sido la constructora de relevantes megaobras civiles y de infraestructura en el país, algunas levantadas en sociedad con la constructora brasileña Norberto Odebrecht. También ofrece sus servicios en la región del Caribe y Centroamérica. Su participación en el sector de la construcción se extiende a la fabricación e instalación de estructuras metálicas y laminados de acero (Acero Estrella), producción de hormigón (Concretera Dominicana) y de cemento (Cemento Panam).

8. Carlos José Martí Garden

Carlos José Martí

Presidente ejecutivo de Martí Petroleum Group.

Edad: 48 años.

Estudios: Licenciado en administración de empresas y una especialidad en mercado de combustible.

Fuente de riqueza: Comercio de combustible.

Origen de riqueza: Heredada y desarrollada.

Con una cartera que sobrepasa los 4,000 clientes, 108 plantas de gas propano, cuatro de gas natural, 26 de gasolina Sunix y 150 Texaco, el Grupo Martí es reconocido como el principal distribuidor de combustible para uso comercial, industrial y doméstico.

9. José Miguel González Cuadra

José Miguel González Cuadra

Presidente ejecutivo del Grupo Centro Cuesta Nacional y Megacentro.

Edad: 49.

Estudios: Licenciatura en Administración de empresas en la PUCMM. Fuente de riqueza: Comercio, producción e inmobiliaria.

Origen de riqueza: Heredada y desarrollada. Todo comenzó en 1935 con la inversión en el colmado Mercedes, en la calle José Reyes esquina calle Mercedes, por parte de su abuelo, Manuel González Cuesta. Treinta años más tarde, esa pequeña bodega de provisiones al detalle se convirtió en el Súper Mercado Nacional ubicado en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Abraham Lincoln.

10. Félix María García Castellanos

Félix García con el presidente Danilo Medina

Presidente ejecutivo del Grupo Linda y Grupo Corporativo Troquedom. Presidente de Multimedios del Caribe. Presidente del Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional del Cibao.

Edad: 67 años.

Estudios: Ingeniería Industrial en Instituto Tecnológico de Monterrey. Fuente de riqueza: Agroindustria, medios de comunicación, plásticos, transporte y textiles.

Origen de riqueza: Autogenerada.

El Grupo Linda es tenedora de empresas e inversiones en varios sectores de la economía, incluyendo producción, venta y distribución de alimentos y bebidas, medios de comunicación, distribución de mercancías, metalmecánica, plásticos, textiles y transporte.

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El financiamiento de los partidos políticos en el país: articulo del expresidente Leonel Fernández

Leonel Fernández

@leonelfernandez

Santo Domingo

Durante las últimas semanas la Comisión Bicameral del Congreso Nacional ha avanzado a un ritmo tal en el conocimiento del proyecto de ley de partidos políticos que ha entrado en los temas más controversiales.

Entre esos temas se encuentra el relativo al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, que figura en el título V del referido proyecto de ley, y abarca desde el artículo 53 al 67.

La reglamentación sobre el financiamiento de los partidos políticos resulta controversial por el papel que desempeña el dinero en las competencias políticas democráticas o electorales.

Aunque en algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, se habían establecido mecanismos de regulación al uso de los recursos económicos en el ámbito político, desde la primera mitad del siglo XX, fue en realidad, desde fines de los años 70, al producirse la transición hacia sistemas políticos democráticos que en la región se desarrolló la tendencia hacia la regulación financiera de los partidos políticos.

De esa manera, en medio de un gran debate se planteó la posibilidad de utilizar fondos públicos en el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos y de las campañas electorales. En principio, hubo cierta reticencia a que se procediese de esa manera. Se sostenía que era injusto utilizar recursos provenientes de los contribuyentes a favor de instituciones políticas que no habían conquistado plenamente la confianza de los ciudadanos.

Sin embargo, con posterioridad llegó a comprenderse la necesidad e importancia de una financiación pública a la actividad política, debido al poder e influencia que pudiera derivarse de un financiamiento proveniente exclusivamente del sector privado.

Así, de esa forma, surgió el criterio de combinar financiación pública con la privada, estableciéndose un sistema o mecanismo de carácter mixto, que es el que, en sentido general, actualmente predomina en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Lo que se ha venido planteando durante las últimas dos décadas es el de reglamentar la manera en que los partidos reciben los ingresos y el de cómo los gastan, de una manera que resulte legal, equitativa, justa, transparente y susceptible de rendición de cuentas y sanciones en caso de violación a las normas.

Naturalmente, a pesar de esos criterios no existe ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo una legislación que tenga carácter de universalidad y que sirva como patrón de referencia a todas las demás. Lo que hay son diversas leyes o normas que se ajustan a las condiciones específicas de cada país y que procuran el que se cumplan con los valores y principios previamente enunciados.

Límites y prohibiciones
Para recibir fondos provenientes del Estado, una organización política generalmente está sujeta a la obtención de un porcentaje mínimo de votos, que suele ser de no menos de un 2%; o de haber alcanzado un nivel de representación en el Congreso Nacional o en la Alcaldía Municipal.

Al suscitarse la reflexión en torno a la equidad o justicia con que se distribuyen los fondos públicos, se ha sugerido que esa distribución se produzca en cantidades iguales para cada partido. Eso significaría entregarle igual cantidad de dinero a los partidos grandes que a los partidos pequeños, lo que se estima es algo inadecuado porque los pequeños no tienen el mismo nivel de representación que los grandes.

Por consiguiente, a diferencia de ese criterio de equidad se ha elaborado la idea de que lo que realmente procede es una distribución en cantidades proporcionales en relación al número de votos obtenidos en el último certamen electoral; o una combinación de montos equitativos y proporcionales a los votos recibidos.

En lo que respecta a los aportes privados, la preocupación reside en determinar el origen o procedencia de esos recursos; la cantidad que pueda ser contribuida; las prohibiciones de recepción de determinadas contribuciones; las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones; y las sanciones a ser establecidas en caso de violación.

Resulta evidente el interés que pueda haber respecto al origen y procedencia de los recursos. Lo que se procura es evitar la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, y por consiguiente, en las posibilidades de influir en las futuras autoridades del Estado.

Lo mismo puede decirse en lo que atañe a la cantidad o monto a ser aportado. Algunos estiman que una contribución de un monto elevado podría implicar la compra de la voluntad del futuro funcionario, o el potencial ejercicio del tráfico de influencias. Otros, no obstante, consideran que con las aportaciones privadas, lo que el donante tiene como objetivo es lograr acceso a las autoridades para procurar prevenir eventuales abusos de poder por parte de funcionarios subalternos.

Pero así como algunas legislaciones limitan la cantidad a ser aportadas por una entidad privada, todas las legislaciones coinciden, sin embargo, en prohibir aportaciones realizadas por gobiernos extranjeros. Ese es un punto crucial, en razón de que en caso de aceptar donaciones provenientes de gobiernos extranjeros, eso equivaldría a intromisión en los asuntos internos de un país y vulnerabilidad al ejercicio de su soberanía.

De igual manera, algunas legislaciones prohíben que personas o empresas extranjeras realicen contribuciones a partidos políticos o para campañas electorales. Pero esto no tiene carácter general, ya que en muchos países si se permite, y por lo tanto, no se considera una práctica ilícita.

El proyecto dominicano
El actual proyecto de ley de partidos políticos que examina la Comisión Bicameral del Congreso Nacional contempla un sistema mixto, público y privado, de financiación de los partidos y agrupaciones políticas.

Corresponderá a la Junta Central Electoral la entrega de los recursos provenientes del Estado a las organizaciones políticas. Sin embargo, queda prohibido para cualquier otra institución del Estado, ya sea un ministerio, un organismo descentralizado o un ayuntamiento, entregar fondos, de manera directa o indirecta, a un partido o agrupación política.

De ser aprobado el proyecto de ley, un 80% de los recursos públicos será distribuido a los partidos en función de los votos obtenidos en la última elección; y un 20% en partes iguales entre todos los partidos incluyendo los de nuevo reconocimiento.

Ahora bien, un 50% de los recursos del Estado serán destinados para cubrir los gastos administrativos operacionales; un 15% a los gastos de educación y capacitación de los miembros de la organización política; y un 35% para apoyar la organización de los procesos internos de elección de dirigentes, primarias internas y candidaturas a puestos de elección popular.

En lo que atañe a las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos y a los candidatos, no podrán ser superiores al 1% del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación del fondos públicos. Eso quiere decir que si el partido que mayor cantidad de fondos reciba de la Junta Central Electoral alcanza la cifra, por ejemplo, de 700 millones de pesos, la contribución individual no podría ser mayor de 7 millones de pesos.

En los Estados Unidos, esos límites o topes al aporte privado se han visto superados mediante la creación de unos llamados Comités de Acción Política, los cuales directamente pueden invertir en la campaña del partido; y lo único que les está prohibido es la entrega directa de fondos al candidato.

Siguiendo la tendencia de la generalidad de las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe, nuestro proyecto de ley considera como contribuciones ilícitas, las provenientes de gobiernos extranjeros; las de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades delictivas; las que no pueda determinarse su procedencia u origen; y las de personas físicas subordinadas cuando les hayan sido impuestas arbitrariamente por sus superiores jerárquicos.

Nuestro proyecto de ley prevé que la Junta Central Electoral creará una unidad especializada de control financiero de los partidos políticos, que tendrá, entre sus funciones, la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos, así como sus topes de gastos.

De igual manera, prevé sanciones a los partidos y agrupaciones políticas que van desde la fijación de multas de 100 a 200 salarios mínimos, hasta la privación de libertad de sus miembros, cuando haya habido apropiación indebida de los recursos de la organización política, destinándose a un uso distinto al dispuesto en la norma.

Al estar llegando la Comisión Bicameral del Congreso Nacional a la fase final del estudio y evaluación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, pronto la aprobación de este proyecto se convertirá en el tema principal para garantizar el tránsito de la democracia dominicana a una nueva etapa, que será de mayor participación política de los ciudadanos; de mayor institucionalización interna de los partidos; de mayor capacitación de los afiliados; y de mayor transparencia en el uso de los recursos económicos.

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viernes, 17 de abril de 2015