MIGRACION ANUNCIA PLAN DE ACCION DE INTERDECCION MIGRATORIA.

martes, 16 de junio de 2015

MIGRACION ANUNCIA PLAN DE ACCION DE INTERDECCION MIGRATORIA.

La Dirección General de Migración dándole estricto cumplimiento a los preceptos enarbolados en la Constitución de la República Dominicana, la Ley General de Migración Número 285-04 y su reglamento de aplicación Núm. 631-11, inicia los aprestos correspondientes para ejecutar el Plan de Acción de Política Migratoria 2015-2016 dispuesto por el Gobierno Dominicano y basado en la intención expresa del Presidente Constitucional de la República, Licenciado Danilo Medina Sánchez, cuyos pronunciamientos quedaron inmortalizados en la VII Cumbre de las Américas en la ciudad de Panamá, al expresar que: “El Gobierno Dominicano actuará con la prudencia y humanidad que le caracteriza; pero con firmeza en el interés de ordenar y regularizar la presencia de extranjeros en el territorio nacional”.

Este plan de acción está orientado a materializar los aspectos que se relacionan con el control migratorio a partir de la conclusión del plazo otorgado por el decreto 327-13, que instituye el Plan Nacional de Regularización. En ese sentido, hemos articulado un plan para la aplicación de la ley, que fija el cumplimiento del artículo 4 que establece textualmente: “El extranjero radicado irregularmente, que en el tiempo de duración previsto para este plan no califique o que no se acoja a las previsiones de regularización establecida, quedará sujeto a deportación de conformidad con la Constitución y las leyes”. Por lo tanto, el 17 de junio de 2015 es la fecha en la que se concluye el plazo otorgado por el Estado dominicano.

El propósito de este plan consiste en trazar los lineamientos para cumplir con la Política Migratoria Nacional, una vez concluido el plazo del Plan Nacional de Regularización el 17 de junio de 2015, a fin de que los extranjeros que se encuentran en condición migratoria irregular regresen a su Patria, siempre respetando los derechos humanos, la dignidad de las personas y actuando con “humanidad y prudencia”. Además, fortalecer los controles en la zona fronteriza, puertos y aeropuertos con el objetivo de reducir al mínimo el ingreso de indocumentados.

Este plan establece tres fases, las cuales se exponen a continuación:

Fase I: Preparatoria, que se inició el 1ro. de diciembre de 2013 y termina el 17 de junio de 2015; en ese sentido se están llevando a cabo un conjunto de iniciativas a través del Ministerio de Interior y Policía en procura de ampliar la capacidad de recepción de casos y solicitudes en la etapa final del Plan de Regularización. Durante esta fase, la DGM lleva a cabo acciones en la configuración del ambiente de colaboración interagencial e interinstitucional, tales como: reuniones con el MIDE, Policía Nacional (P.N.), Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), Ministerio de Salud Pública (MSP), Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Procuraduría General de la República, Consejo Nacional de la Niñez (CONANI).

Durante esta fase se han identificado siete (07) Centros de Acogida que se utilizarán para la depuración y evaluación final de cada uno de los casos de manera particular: Distrito Nacional (Vacacional de Haina), Provincia Santiago de los Caballeros, Benedicto (Provincia La Altagracia), Pedernales, Jimaní, Elías Piña y Dajabón. En cada Centro habrá un personal interdisciplinario (ambulancia con equipos médicos, abogados, intérpretes, personal de inteligencia, asistencia social, logística, etc.) para agotar todas las fases para la deportación que garanticen el debido proceso, la individualización de los expedientes, la estrecha comunicación entre los Ministerios de Relaciones Exteriores y las embajadas de los países que concurran en dicho proceso.

Se establecieron metodologías de interdicción migratoria que garantizan la protección efectiva de los derechos humanos, el debido proceso legal, la individualización de los diferentes casos migratorios, la asistencia especializada a los grupos vulnerables. Además, la DGM está capacitando al personal que participará en los operativos de respecto a los procedimientos y el debido proceso de ley.

Se ha conformado un equipo multidisciplinario de profesionales para responder adecuadamente a las diferentes complejidades y asimetrías que están implicadas en los procesos definidos en cada una fase.

En esta fase tendrá una especial preponderancia la habilitación de infraestructuras, equipamiento y desarrollo de capital humano, así como el monitoreo y supervisión continua en la aplicación de los diferentes protocolos establecidos para la correcta aplicación en la interdicción migratoria en cada uno de los casos.

Fase II: Movilización y Ejecución, desde el jueves 18 de junio. Es cuando se inician los operativos de interdicción migratoria a nivel nacional de acuerdo a los cuadrantes seleccionados previa ponderación de la información de inteligencia. Esta fase contempla la asesoría de representantes de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), Organización de las Naciones Unidas (ONU), CONANI y otros organismos y agencias del Estado Dominicano que avalen la regularidad, legalidad y legitimidad del proceso de interdicción migratoria de acuerdo a las normas nacionales e internacionales que garanticen la integridad en la protección de los derechos humanos y la implementación de mejores prácticas.

La implementación de registro de datos biométricos, tanto en los cuadrantes como en los Centros de Acogida.

En todos los operativos de Interdicción Migratoria siempre habrá como mínimo un (1) inspector, dos (2) agentes de migración y miembros de las FF.AA. y la P.N.

Fase III: Consolidación, que inicia el día 04 de enero de 2016 y termina una vez existan controles estrictos que eviten el ingreso a la República Dominicana personas indocumentadas. En ese sentido las Fuerzas Armadas tomarán las medidas de lugar para cumplir con esta fase especialmente en los lugares donde no existe control migratorio formal.

Informaciones generales:

El Puesto de Mando principal estará ubicado en la Dirección General de Migración y el alterno en el Centro de Operaciones Conjuntas (COC) del MIDE.

Las repatriaciones se realizarán en horarios: desde las 06:00, hasta las 17:00 horas de lunes a sábados, excepto los domingos y días feriados.

Los Miembros de las Fuerzas Armadas que brindarán apoyo en el operativo de interdicción migratoria no utilizarán armas letales en el desarrollo de los operativos, por consiguiente queda limitado al uso de macanas y taser.

La DGM establecerá los estándares, formularios e instrumentos jurídicos que se utilizarán en el proceso de deportación de inmigrantes ilegales y proporcionará el resguardo y la administración de las informaciones contentivas de cada expediente.

Los operativos de interdicción migratoria estarán monitoreados por el Departamento de Asuntos Internos de la DGM. Además, filmará cada operativo desde sus inicios hasta el final con el objetivo de tener herramientas para evaluar cada día los procedimientos establecidos.

En el caso de nacionales haitianos que serán repatriados habrá un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores para la entrega en los puntos de salida de la República Dominicana en la frontera.

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El financiamiento de los partidos políticos en el país: articulo del expresidente Leonel Fernández

Leonel Fernández

@leonelfernandez

Santo Domingo

Durante las últimas semanas la Comisión Bicameral del Congreso Nacional ha avanzado a un ritmo tal en el conocimiento del proyecto de ley de partidos políticos que ha entrado en los temas más controversiales.

Entre esos temas se encuentra el relativo al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, que figura en el título V del referido proyecto de ley, y abarca desde el artículo 53 al 67.

La reglamentación sobre el financiamiento de los partidos políticos resulta controversial por el papel que desempeña el dinero en las competencias políticas democráticas o electorales.

Aunque en algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, se habían establecido mecanismos de regulación al uso de los recursos económicos en el ámbito político, desde la primera mitad del siglo XX, fue en realidad, desde fines de los años 70, al producirse la transición hacia sistemas políticos democráticos que en la región se desarrolló la tendencia hacia la regulación financiera de los partidos políticos.

De esa manera, en medio de un gran debate se planteó la posibilidad de utilizar fondos públicos en el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos y de las campañas electorales. En principio, hubo cierta reticencia a que se procediese de esa manera. Se sostenía que era injusto utilizar recursos provenientes de los contribuyentes a favor de instituciones políticas que no habían conquistado plenamente la confianza de los ciudadanos.

Sin embargo, con posterioridad llegó a comprenderse la necesidad e importancia de una financiación pública a la actividad política, debido al poder e influencia que pudiera derivarse de un financiamiento proveniente exclusivamente del sector privado.

Así, de esa forma, surgió el criterio de combinar financiación pública con la privada, estableciéndose un sistema o mecanismo de carácter mixto, que es el que, en sentido general, actualmente predomina en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Lo que se ha venido planteando durante las últimas dos décadas es el de reglamentar la manera en que los partidos reciben los ingresos y el de cómo los gastan, de una manera que resulte legal, equitativa, justa, transparente y susceptible de rendición de cuentas y sanciones en caso de violación a las normas.

Naturalmente, a pesar de esos criterios no existe ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo una legislación que tenga carácter de universalidad y que sirva como patrón de referencia a todas las demás. Lo que hay son diversas leyes o normas que se ajustan a las condiciones específicas de cada país y que procuran el que se cumplan con los valores y principios previamente enunciados.

Límites y prohibiciones
Para recibir fondos provenientes del Estado, una organización política generalmente está sujeta a la obtención de un porcentaje mínimo de votos, que suele ser de no menos de un 2%; o de haber alcanzado un nivel de representación en el Congreso Nacional o en la Alcaldía Municipal.

Al suscitarse la reflexión en torno a la equidad o justicia con que se distribuyen los fondos públicos, se ha sugerido que esa distribución se produzca en cantidades iguales para cada partido. Eso significaría entregarle igual cantidad de dinero a los partidos grandes que a los partidos pequeños, lo que se estima es algo inadecuado porque los pequeños no tienen el mismo nivel de representación que los grandes.

Por consiguiente, a diferencia de ese criterio de equidad se ha elaborado la idea de que lo que realmente procede es una distribución en cantidades proporcionales en relación al número de votos obtenidos en el último certamen electoral; o una combinación de montos equitativos y proporcionales a los votos recibidos.

En lo que respecta a los aportes privados, la preocupación reside en determinar el origen o procedencia de esos recursos; la cantidad que pueda ser contribuida; las prohibiciones de recepción de determinadas contribuciones; las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones; y las sanciones a ser establecidas en caso de violación.

Resulta evidente el interés que pueda haber respecto al origen y procedencia de los recursos. Lo que se procura es evitar la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, y por consiguiente, en las posibilidades de influir en las futuras autoridades del Estado.

Lo mismo puede decirse en lo que atañe a la cantidad o monto a ser aportado. Algunos estiman que una contribución de un monto elevado podría implicar la compra de la voluntad del futuro funcionario, o el potencial ejercicio del tráfico de influencias. Otros, no obstante, consideran que con las aportaciones privadas, lo que el donante tiene como objetivo es lograr acceso a las autoridades para procurar prevenir eventuales abusos de poder por parte de funcionarios subalternos.

Pero así como algunas legislaciones limitan la cantidad a ser aportadas por una entidad privada, todas las legislaciones coinciden, sin embargo, en prohibir aportaciones realizadas por gobiernos extranjeros. Ese es un punto crucial, en razón de que en caso de aceptar donaciones provenientes de gobiernos extranjeros, eso equivaldría a intromisión en los asuntos internos de un país y vulnerabilidad al ejercicio de su soberanía.

De igual manera, algunas legislaciones prohíben que personas o empresas extranjeras realicen contribuciones a partidos políticos o para campañas electorales. Pero esto no tiene carácter general, ya que en muchos países si se permite, y por lo tanto, no se considera una práctica ilícita.

El proyecto dominicano
El actual proyecto de ley de partidos políticos que examina la Comisión Bicameral del Congreso Nacional contempla un sistema mixto, público y privado, de financiación de los partidos y agrupaciones políticas.

Corresponderá a la Junta Central Electoral la entrega de los recursos provenientes del Estado a las organizaciones políticas. Sin embargo, queda prohibido para cualquier otra institución del Estado, ya sea un ministerio, un organismo descentralizado o un ayuntamiento, entregar fondos, de manera directa o indirecta, a un partido o agrupación política.

De ser aprobado el proyecto de ley, un 80% de los recursos públicos será distribuido a los partidos en función de los votos obtenidos en la última elección; y un 20% en partes iguales entre todos los partidos incluyendo los de nuevo reconocimiento.

Ahora bien, un 50% de los recursos del Estado serán destinados para cubrir los gastos administrativos operacionales; un 15% a los gastos de educación y capacitación de los miembros de la organización política; y un 35% para apoyar la organización de los procesos internos de elección de dirigentes, primarias internas y candidaturas a puestos de elección popular.

En lo que atañe a las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos y a los candidatos, no podrán ser superiores al 1% del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación del fondos públicos. Eso quiere decir que si el partido que mayor cantidad de fondos reciba de la Junta Central Electoral alcanza la cifra, por ejemplo, de 700 millones de pesos, la contribución individual no podría ser mayor de 7 millones de pesos.

En los Estados Unidos, esos límites o topes al aporte privado se han visto superados mediante la creación de unos llamados Comités de Acción Política, los cuales directamente pueden invertir en la campaña del partido; y lo único que les está prohibido es la entrega directa de fondos al candidato.

Siguiendo la tendencia de la generalidad de las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe, nuestro proyecto de ley considera como contribuciones ilícitas, las provenientes de gobiernos extranjeros; las de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades delictivas; las que no pueda determinarse su procedencia u origen; y las de personas físicas subordinadas cuando les hayan sido impuestas arbitrariamente por sus superiores jerárquicos.

Nuestro proyecto de ley prevé que la Junta Central Electoral creará una unidad especializada de control financiero de los partidos políticos, que tendrá, entre sus funciones, la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos, así como sus topes de gastos.

De igual manera, prevé sanciones a los partidos y agrupaciones políticas que van desde la fijación de multas de 100 a 200 salarios mínimos, hasta la privación de libertad de sus miembros, cuando haya habido apropiación indebida de los recursos de la organización política, destinándose a un uso distinto al dispuesto en la norma.

Al estar llegando la Comisión Bicameral del Congreso Nacional a la fase final del estudio y evaluación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, pronto la aprobación de este proyecto se convertirá en el tema principal para garantizar el tránsito de la democracia dominicana a una nueva etapa, que será de mayor participación política de los ciudadanos; de mayor institucionalización interna de los partidos; de mayor capacitación de los afiliados; y de mayor transparencia en el uso de los recursos económicos.

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