El proyecto de ley para el control y regulación de las armas de fuego establece una pena máxima de 12 años para los violadores y otras sanciones menores que van de uno a cinco y hasta diez años de prisión.
El proyecto de la autoría del diputado Víctor (Ito) Bisonó fue criticado por el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, quien considera que de aprobarse empeoraría la situación de violencia en el país y estimularía el comercio de armas.
Las personas que porten armas de fuego de manera ilegal, serían penadas con uno a tres años de la privación de su libertad.
La fabricación ilegal de armas de todo tipo será castigada con una pena principal de 8 a 12 años de prisión, más el pago de cincuenta salarios mínimos y el decomiso de todos los medios y bienes materiales, muebles e inmuebles utilizados para su fabricación.
Dice además que quienes tengan licencia de arma de fuego y la exhiba en lugares públicos, arriesga una pena de tres meses a un año, porque crea un ambiente de peligro.
Sobre esto, Domínguez Brito dijo que hubiese deseado que las penas por el uso ilegal de armas fueran más severas. En repuesta el autor del proyecto indicó que el contenido de su propuesta no puede ser sorpresa para nadie, puesto que llevaba unos diez años discutiéndose, antes de que fuera aprobada en la Cámara de Diputados. “No es la ley perfecta, pero es la ley posible en los momentos actuales”, dijo. Recordó que en el país están pendientes de aplicación otras leyes, como “los códigos”, que ayudarían en el combate a la violencia y la delincuencia.
Reunión mañana
Las diferencias por el proyecto juntarán mañana al procurador Domingo Brito, y al diputado Bisonó, en un esfuerzo por salvar la propuesta que ahora está en el Senado.
Hoy Bisonó realizará una rueda de prensa en la Cámara de Diputados donde, se adelantó, defenderá su iniciativa, alegando que cuenta con el consenso necesario, tanto a nivel nacional como con expertos y organismos internacionales.
Recordó que la actual legislación en esa materia cumplirá 50 años en octubre próximo, siendo ya una ley obsoleta.
Mientras que el Procurador insistió ayer que de aprobarse ese proyecto empeoraría la situación de violencia en el país y estimularía el comercio de armas. La pieza fue aprobada en la Cámara de Diputados y enviada al Senado, pero al vencer la legislatura deberá esperar la segunda de este año, que inicia el próximo 16 de agosto.
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