EL PRESIDENTE DE JCE ADVIERTE QUE NO SE PUEDE VIOLAR LA CONSTITUCIÓN
Los principales partidos políticos del país se oponen a la redistribución de los diputados con una idea en común: creen que el proceso electoral va muy avanzado para cambios de ese tipo. Y de esa, su idea base, se desprende su mayor preocupación: los conflictos internos que les traería tal reorganización, porque sus dirigentes han lanzado sus aspiraciones sobre las cuotas de poder existentes.
Todo nace por la decisión de la JCE de cumplir con el artículo 81 de la Constitución que primero congela el número de diputaciones territoriales, y luego indica que la distribución de esas curules será en proporción a “la densidad poblacional” del país.
Para definir esa densidad poblacional la JCE acude al Censo de Población y Vivienda de 2010 que, cuando se compara con la misma investigación social de 2002, marca importantes migraciones a dos provincias en particular: Santo Domingo y La Altagracia, precisamente las que ganan nuevos escaños en la propuesta de redistribución de la JCE, aprobada a unanimidad por el Pleno de la institución.
Presidente JCE
Ayer el presidetne de la JCE, Roberto Rosario, acudió al Palacio Nacional en horas de la mañana y se reunió con el presidente Danilo Medina, acompañado del secretario general de la institución Hilario Espiñeyra, y el director de Elecciones, Yoel Adames. A su salida habló sobre el tema y dijo lo siguiente:
“No es la JCE, es la Constitución. La JCE no aumenta ni disminuye, es la Constitución”.
Agregó que no tiene inconvenientes en escuchar a los partidos y ver cuáles son sus planteamientos, pero advirtió que no se puede violar la Constitución.
También ayer Rosario escribía en Twitter que las reformas administrativas en materia electoral no avanzan en República Dominicana en la última década, salvo en lo referente al aumento de la matrícula de representantes y la Constitución de 2010.
“Debe la Constitución adaptarse a las conveniencias coyunturales de los partidos o los PP (partidos políticos) deben someterse a la Constitución. De eso se trata”, escribió Rosario en su cuenta personal.
¿Qué plantean los partidos?
PLD
El partido gobernante, en carta remitida a la JCE por César Pina Toribio, delegado político de la organización y Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, dice que si bien es cierto que la institución electoral tiene facultad reglamentaria, artículo 112 de la Constitución de la República, no es menos cierto “que el ejercicio de tal facultad debe estar rodeado de la mayor ponderación y oportunidades de comunicación y de expresión”.
“No le parece al PLD que se disponga del tiempo y de los recursos de todo tipo, sobre todo con respecto a las provincias a las cuales se les reduce su número de representantes”, señalan.
Incluye en su comunicación su preocupación porque “en casi todas las circunscripciones congresionales” los partidos y movimientos han estado articulando sus propuestas teniendo en cuenta el número de diputados de las pasadas elecciones, de 2010.
“El PLD estima correcto y razonable posponer el conocimiento y discusión de la referida reglamentación para que pueda ser ampliamente ponderada por las comunidades al margen de un proceso electoral que en términos fácticos ya se ha iniciado y que con un cambio de regla podría afectarles”, dice el PLD en su comunicación.
PRSC
En varios partidos políticos, cuentan en su carta, ya se han proclamado o escogido los candidatos y candidatas a todas las diputaciones de las nueve provincias afectadas. Es una realidad de su organización, de hecho. Es que en en Barahona, Espaillat, San Pedro y San Cristóbal, que perderán una diputación cada una, ya la organización seleccionó y proclamó a sus candidatos.
“Limitar el número de diputaciones cuando ya están avanzados los procesos de escogencia sobre la base de la cantidad antes conocida, podría crear situación de desasosiego en el seno de los partidos y de la sociedad misma”, advierten los reformistas.
Proponen que la aplicación del artículo 81 de la Constitución sea pospuesta para las elecciones de 2020, y esperan “que los magistrados tomen en cuenta esta realidad incuestionable”.
PRM
“Si bien la Constitución no establece un criterio para distribuir los escaños, frente a la ausencia de un marco regulatorio, el PRM considera que debe prevalecer el criterio precedente utilizado en las elecciones de 2008”, dice su comunicación, firmada por José Marte Piantini.
Indican, además, que los partidos han diseñado y ejecutado estrategias políticas sobre la distribución existente. “Un cambio drástico y a este nivel de las elecciones en la asignación de diputados por provincias generaría una situación de alto riesgo para el sistema de partidos políticos”, alertan.
Y revelan que en algunas organizaciones ya se han concertado acuerdos “intra y extra partidarios” que se verían gravemente perjudicados con la propuesta.
“El PRM expresa su disección para que sea aplicado en las elecciones de mayo de 2016, pudiendo dejarse dicha aplicación para las elecciones de 2020, y en su lugar solicita a la JCE que aplique el mismo criterio de distribución usado en las elecciones del año 2008”, indica la comunicación del partido opositor.
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