Los 10 funcionarios más productivos de Danilo Medina

lunes, 8 de junio de 2015

Los 10 funcionarios más productivos de Danilo Medina

Gonzalo Castillo, Héctor Valdez Albizu, Roberto Rodríguez Marchena y José Ramón Peralta lideran la lista

a productividad está relacionada con el tiempo, eficiencia, producción, eficacia, excelencia y rendimiento, entre otras acepciones. Es un indicador que mide la cantidad de recursos utilizados para obtener un resultado.

A tres años de gestión, el presidente Danilo Medina mantiene uno de los índices de aceptación más altos en la historia dominicana, según la mayoría de las encuestas.

Ahora bien, ¿Quiénes han sido los diez funcionarios más productivos en la gestión de Medina? Para seleccionarlos se tomaron en cuenta diversos aspectos, especialmente aquellos que los hacen más visibles en términos de resultados.

Sus aportes a la estabilidad económica, la construcción de obras, ejecución del presupuesto, la defensa de las ejecutorias del gobierno y los resultados individuales, entre otras variables, se tomaron en cuenta.

¿Cuáles son los diez funcionarios que usted considera más productivos en la gestión de Danilo Medina? La percepción de los lectores de elDinero fue valorada a través de un sondeo que recibió 5,373 respuestas de selección múltiple. Fueron sometidos al sondeo 42 funcionarios y ejecutivos. Fueron ponderadas las respuestas a través de las redes sociales de elDinero.

Se hizo una evaluación del impacto mediático de la política oficial de realizaciones.

LOS COMPETIDORES
Según los resultados, de los diez funcionarios considerados más productivos, que no es lo mismo que ser popular, seis están desde agosto de 2012.

Estos fueron los sometidos a ponderación:

Temístocles Montás (19%),
Ángel Estévez (17%),
Andrés Navarro (43.3%),
Gonzalo Castillo (62.7%),
Héctor V. Albizu (31.2%),
José Ramón Peralta (48%),
Francisco Javier García (37.5%),
Carlos Amarante Baret (46.6%),
Emilio Toribio Olivo (6.9%),
Antonio Isa Conde (10.8%),
Enrique Ramírez Paniagua (34.5%),
Guarocuya Félix (35.2%),
José Antonio Rodríguez (17%),
José del Castillo (30.3%),
Monchy Fadul (16.6%),
Gustavo Montalvo (48.7%),
Jean Alain Rodríguez (22.7%),
Francisco Domínguez Brito (48.6%),
Simón Lizardo (37.5%),
Altagracia Guzmán Marcelino (22%),
Bautista Rojas (12.3%),
Ligia Amada (23.6%),
Jaime David Fernández (9%),
Maritza Hernández (11.7%),
Ramón Ventura Camejo (33.2%),
Alejandrina Germán (10.1%),
Jorge Minaya (16.8%),
Roberto Rodríguez Marchena (47.1%),
Euclides Gutiérrez Féliz (6.3%),
Luis Armando Asunción (9.4%),
Monchy Rodríguez (16.8%),
Diandino Peña (18.4%),
Rubén Jiménez Bichara (31.2%),
Gloria Ceballos (18.2%),
Fernando Fernández (16.4%),
Félix Jiménez (5.6%),
Alma Fernández (8.1%),
Alberto Holguín (7.8%),
Olgo Fernández (13%),
Yokasta Guzmán (16.6%),
Gedeón Santos (6%) y
Manuel Rivas (2.9%).

MUY BIEN VALORADOS
El administrador del Banco de Reservas, Enrique Ramírez Paniagua, fue altamente valorado en el sondeo. No se ponderó junto a los funcionarios porque está al frente de un banco y como tal no forma parte del gabinete. Su puntuación fue de 34.5%.

Lo mismo sucedió con el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, pero al ser del Ministerio Público no se comparó con los funcionarios del área económica. Su puntuación fue 48.4%.

Simón Lizaro, que sí es el del gabinete, obtuvo una alta valoración con un 37.6%. Su función es dirigir la política fiscal del gobierno y sus componentes: ingresos, gastos y financiamiento, garantizando que sea sustentable en el corto, mediano y largo plazo.

Su nivel de exposición y riesgo, el director de la DGII quedó por encima con una valoración 38.9%.

Ramón Ventura Camejo recibió una valoración de 33.5% entre los que quedaron cerca de los diez.

LA PRODUCTIVIDAD Y RESULTADOS LOS UBICAN EN LAS SIGUIENTES POSICIONES
1. GONZALO CASTILLO. Es reconocido como un trabajador 24 horas y leal. Ha sabido distribuir de forma equitativa las obras en todo el país.

2. HÉCTOR VALDEZ ALBIZU. No es el más popular, pero sí el más efectivo por el éxito en el manejo de la política monetaria y financiera.

3. ROBERTO RODRÍGUEZ MARCHENA. Su éxito radica en el excelente manejo de la estrategia de comunicación e imagen del Gobierno.

4. JOSÉ RAMÓN PERALTA. Es de la entera confianza del Presidente, quien administra el Poder Ejecutivo y coordina a las visitas sorpresa.

5. CARLOS AMARANTE BARET. Es el ministro de Educación que más recursos ha manejado y le ha tocado implementar la tanda extendida.

6. FRANCISCO JAVIER GARCÍA. Su experiencia en Turismo y los resultados del sector lo hacen uno de los más productivos del Gobierno.

7. GUAROCUYA FÉLIX. No es popular por su función, pero sí ha sido productivo por su eficiencia en las recaudaciones de impuestos.

8. JOSÉ DEL CASTILLO. En su gestión se ha logrado estabilidad en el sector de los combustibles y tranquilidad en el transporte.

9. ANDRÉS NAVARRO. El canciller más activo en los últimos años. Ha tenido que enfrentar ataques externos a la imagen del país.

10. GUSTAVO MONTALVO. El ministro de la Presidencia es uno de los funcionarios más capaces y productivos en esta administración.

Fuente

0 comentarios:

Publicar un comentario

El financiamiento de los partidos políticos en el país: articulo del expresidente Leonel Fernández

Leonel Fernández

@leonelfernandez

Santo Domingo

Durante las últimas semanas la Comisión Bicameral del Congreso Nacional ha avanzado a un ritmo tal en el conocimiento del proyecto de ley de partidos políticos que ha entrado en los temas más controversiales.

Entre esos temas se encuentra el relativo al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, que figura en el título V del referido proyecto de ley, y abarca desde el artículo 53 al 67.

La reglamentación sobre el financiamiento de los partidos políticos resulta controversial por el papel que desempeña el dinero en las competencias políticas democráticas o electorales.

Aunque en algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, se habían establecido mecanismos de regulación al uso de los recursos económicos en el ámbito político, desde la primera mitad del siglo XX, fue en realidad, desde fines de los años 70, al producirse la transición hacia sistemas políticos democráticos que en la región se desarrolló la tendencia hacia la regulación financiera de los partidos políticos.

De esa manera, en medio de un gran debate se planteó la posibilidad de utilizar fondos públicos en el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos y de las campañas electorales. En principio, hubo cierta reticencia a que se procediese de esa manera. Se sostenía que era injusto utilizar recursos provenientes de los contribuyentes a favor de instituciones políticas que no habían conquistado plenamente la confianza de los ciudadanos.

Sin embargo, con posterioridad llegó a comprenderse la necesidad e importancia de una financiación pública a la actividad política, debido al poder e influencia que pudiera derivarse de un financiamiento proveniente exclusivamente del sector privado.

Así, de esa forma, surgió el criterio de combinar financiación pública con la privada, estableciéndose un sistema o mecanismo de carácter mixto, que es el que, en sentido general, actualmente predomina en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Lo que se ha venido planteando durante las últimas dos décadas es el de reglamentar la manera en que los partidos reciben los ingresos y el de cómo los gastan, de una manera que resulte legal, equitativa, justa, transparente y susceptible de rendición de cuentas y sanciones en caso de violación a las normas.

Naturalmente, a pesar de esos criterios no existe ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo una legislación que tenga carácter de universalidad y que sirva como patrón de referencia a todas las demás. Lo que hay son diversas leyes o normas que se ajustan a las condiciones específicas de cada país y que procuran el que se cumplan con los valores y principios previamente enunciados.

Límites y prohibiciones
Para recibir fondos provenientes del Estado, una organización política generalmente está sujeta a la obtención de un porcentaje mínimo de votos, que suele ser de no menos de un 2%; o de haber alcanzado un nivel de representación en el Congreso Nacional o en la Alcaldía Municipal.

Al suscitarse la reflexión en torno a la equidad o justicia con que se distribuyen los fondos públicos, se ha sugerido que esa distribución se produzca en cantidades iguales para cada partido. Eso significaría entregarle igual cantidad de dinero a los partidos grandes que a los partidos pequeños, lo que se estima es algo inadecuado porque los pequeños no tienen el mismo nivel de representación que los grandes.

Por consiguiente, a diferencia de ese criterio de equidad se ha elaborado la idea de que lo que realmente procede es una distribución en cantidades proporcionales en relación al número de votos obtenidos en el último certamen electoral; o una combinación de montos equitativos y proporcionales a los votos recibidos.

En lo que respecta a los aportes privados, la preocupación reside en determinar el origen o procedencia de esos recursos; la cantidad que pueda ser contribuida; las prohibiciones de recepción de determinadas contribuciones; las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones; y las sanciones a ser establecidas en caso de violación.

Resulta evidente el interés que pueda haber respecto al origen y procedencia de los recursos. Lo que se procura es evitar la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, y por consiguiente, en las posibilidades de influir en las futuras autoridades del Estado.

Lo mismo puede decirse en lo que atañe a la cantidad o monto a ser aportado. Algunos estiman que una contribución de un monto elevado podría implicar la compra de la voluntad del futuro funcionario, o el potencial ejercicio del tráfico de influencias. Otros, no obstante, consideran que con las aportaciones privadas, lo que el donante tiene como objetivo es lograr acceso a las autoridades para procurar prevenir eventuales abusos de poder por parte de funcionarios subalternos.

Pero así como algunas legislaciones limitan la cantidad a ser aportadas por una entidad privada, todas las legislaciones coinciden, sin embargo, en prohibir aportaciones realizadas por gobiernos extranjeros. Ese es un punto crucial, en razón de que en caso de aceptar donaciones provenientes de gobiernos extranjeros, eso equivaldría a intromisión en los asuntos internos de un país y vulnerabilidad al ejercicio de su soberanía.

De igual manera, algunas legislaciones prohíben que personas o empresas extranjeras realicen contribuciones a partidos políticos o para campañas electorales. Pero esto no tiene carácter general, ya que en muchos países si se permite, y por lo tanto, no se considera una práctica ilícita.

El proyecto dominicano
El actual proyecto de ley de partidos políticos que examina la Comisión Bicameral del Congreso Nacional contempla un sistema mixto, público y privado, de financiación de los partidos y agrupaciones políticas.

Corresponderá a la Junta Central Electoral la entrega de los recursos provenientes del Estado a las organizaciones políticas. Sin embargo, queda prohibido para cualquier otra institución del Estado, ya sea un ministerio, un organismo descentralizado o un ayuntamiento, entregar fondos, de manera directa o indirecta, a un partido o agrupación política.

De ser aprobado el proyecto de ley, un 80% de los recursos públicos será distribuido a los partidos en función de los votos obtenidos en la última elección; y un 20% en partes iguales entre todos los partidos incluyendo los de nuevo reconocimiento.

Ahora bien, un 50% de los recursos del Estado serán destinados para cubrir los gastos administrativos operacionales; un 15% a los gastos de educación y capacitación de los miembros de la organización política; y un 35% para apoyar la organización de los procesos internos de elección de dirigentes, primarias internas y candidaturas a puestos de elección popular.

En lo que atañe a las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos y a los candidatos, no podrán ser superiores al 1% del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación del fondos públicos. Eso quiere decir que si el partido que mayor cantidad de fondos reciba de la Junta Central Electoral alcanza la cifra, por ejemplo, de 700 millones de pesos, la contribución individual no podría ser mayor de 7 millones de pesos.

En los Estados Unidos, esos límites o topes al aporte privado se han visto superados mediante la creación de unos llamados Comités de Acción Política, los cuales directamente pueden invertir en la campaña del partido; y lo único que les está prohibido es la entrega directa de fondos al candidato.

Siguiendo la tendencia de la generalidad de las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe, nuestro proyecto de ley considera como contribuciones ilícitas, las provenientes de gobiernos extranjeros; las de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades delictivas; las que no pueda determinarse su procedencia u origen; y las de personas físicas subordinadas cuando les hayan sido impuestas arbitrariamente por sus superiores jerárquicos.

Nuestro proyecto de ley prevé que la Junta Central Electoral creará una unidad especializada de control financiero de los partidos políticos, que tendrá, entre sus funciones, la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos, así como sus topes de gastos.

De igual manera, prevé sanciones a los partidos y agrupaciones políticas que van desde la fijación de multas de 100 a 200 salarios mínimos, hasta la privación de libertad de sus miembros, cuando haya habido apropiación indebida de los recursos de la organización política, destinándose a un uso distinto al dispuesto en la norma.

Al estar llegando la Comisión Bicameral del Congreso Nacional a la fase final del estudio y evaluación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, pronto la aprobación de este proyecto se convertirá en el tema principal para garantizar el tránsito de la democracia dominicana a una nueva etapa, que será de mayor participación política de los ciudadanos; de mayor institucionalización interna de los partidos; de mayor capacitación de los afiliados; y de mayor transparencia en el uso de los recursos económicos.

Cosas Nuevas RD

Pages

lunes, 8 de junio de 2015