Asignan fondos para médicos y agrónomos

miércoles, 6 de noviembre de 2013

Asignan fondos para médicos y agrónomos

El proyecto enviado ayer al Senado contempla RD$500 MM para la construcción de la presa de Monte Grande, que será ejecutada por el Indrhi, a través de Medio Ambiente.

Cándida Acosta
candida.acosta@listindiario.com

Santo Domingo

El poder ejecutivo envió ayer al Senado de la República una modificación al proyecto de presupuesto del próximo año, en la cual incluye ingresos por RD$3,797 millones para el aumento salarial a los médicos (RD$2,200 millones), y RD$250 millones para los agrónomos, RD$500 millones para la construcción de la presa de Monte Grande y RD$115 millones para la remodelación de viviendas en las provincias Pedernales, Duarte y Santiago Rodríguez, entre otras apropiaciones.

La adenda enviada por el poder ejecutivo al Senado también contempla reducciones de recursos al Ministerio de Obras Públicas por RD$4,732 millones, de los cuáles RD$3,800 millones fueron reducidos al proyecto de construcción de nuevas líneas del Metro de Santo Domingo. Asimismo, a la Circunvalación de La Romana, al Bulevar Turístico del Este, a la reconstrucción de la carretera San Pedro de Macorís-La Romana y a la Circunvalación de SPM.

El proyecto, remitido por el presidente Danilo Medina al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, también reduce RD$1,000 millones al Ministerio de Economía y RD$1,130.5 millones a las obligaciones del Tesoro.

Los recursos asignados a las instituciones con la finalidad de reactivar la economía provendrán del pago de RD$13,770.1 millones (US$325 millones) por concepto de ingresos extraordinarios generados del acuerdo especial de arrendamiento de derechos mineros, entre el Estado dominicano y la empresa minera Pueblo Viejo Corporation (Barrick Gold).

A través de Salud Pública serán adicionados recursos de aportes de capital al Colegio Médico Dominicano por RD$280 millones, RD$1,282 millones al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), y RD$15 millones a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (Cooramon).

Mientras que al Ministerio de Defensa le fueron adicionados RD$1,050.4 millones para reajustar los sueldos de miembros activos y a pensionados. La Suprema Corte de Justicia tendría RD$100 millones adicionales que destinará al fortalecimiento de la Jurisdicción Inmobiliaria.

Interior y Policía recibiría RD$1,000 millones para ser transferidos a los municipios.

Nuevos préstamos

Asimismo, la adenda enviada por el Ejecutivo contempla la concertación de nuevos préstamos, que según se explica no varían el monto final del endeudamiento contemplado en el proyecto de ley enviado inicialmente y aprobado por el Congreso.

Otras asignaciones que serán aumentadas van desde nuevas transferencias a la CDEEE, hasta necesidades del sector agrícola y otros gastos prioritarios del gobierno.

El Presidente Medina destacó que los nuevos préstamos no cambian el monto aprobado en el presupuesto vigente, porque de lo que se trata es de sustituir financiamientos que habían sido contemplados en el presupuesto de 2013, y en otros casos, se prevé que serán desembolsados en 2014.

En cuanto a la reducción de apropiaciones a instituciones, el proyecto establece un monto de RD$33.750.6 millones.

((Inversiones))

Operaciones de crédito para 2014

Por concepto de fuentes financieras, el Gobierno contempla ejecutar préstamos vía el Ministerio de Hacienda por RD$22 millones con el BID, para el Programa de Investigación y Desarrollo Agropecuario, a través del Ministerio de Agricultura. Para el Plan Decenal de Educación se contemplan US$50 millones con el BID, a un plazo mínimo de amortización de siete años. Para la Coraasan US$25 millones, para la gestión por resultados de salud US$146 millones, para el programa de apoyo al fortalecimiento fiscal US$400 millones. Para el programa “Progresando con Solidaridad”, US$100 millones; al programa de Desarrollo Urbano y Hábitat US$33 millones, para el acueducto de Santiago US$137 millones, para el desarrollo de las Pymes US$30 millones, para la reconstrucción de la carretera Cibao-Sur US$200 millones y US$90 millones para el Bulevar Turístico del Este.

Fuente

0 comentarios:

Publicar un comentario

El financiamiento de los partidos políticos en el país: articulo del expresidente Leonel Fernández

Leonel Fernández

@leonelfernandez

Santo Domingo

Durante las últimas semanas la Comisión Bicameral del Congreso Nacional ha avanzado a un ritmo tal en el conocimiento del proyecto de ley de partidos políticos que ha entrado en los temas más controversiales.

Entre esos temas se encuentra el relativo al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, que figura en el título V del referido proyecto de ley, y abarca desde el artículo 53 al 67.

La reglamentación sobre el financiamiento de los partidos políticos resulta controversial por el papel que desempeña el dinero en las competencias políticas democráticas o electorales.

Aunque en algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, se habían establecido mecanismos de regulación al uso de los recursos económicos en el ámbito político, desde la primera mitad del siglo XX, fue en realidad, desde fines de los años 70, al producirse la transición hacia sistemas políticos democráticos que en la región se desarrolló la tendencia hacia la regulación financiera de los partidos políticos.

De esa manera, en medio de un gran debate se planteó la posibilidad de utilizar fondos públicos en el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos y de las campañas electorales. En principio, hubo cierta reticencia a que se procediese de esa manera. Se sostenía que era injusto utilizar recursos provenientes de los contribuyentes a favor de instituciones políticas que no habían conquistado plenamente la confianza de los ciudadanos.

Sin embargo, con posterioridad llegó a comprenderse la necesidad e importancia de una financiación pública a la actividad política, debido al poder e influencia que pudiera derivarse de un financiamiento proveniente exclusivamente del sector privado.

Así, de esa forma, surgió el criterio de combinar financiación pública con la privada, estableciéndose un sistema o mecanismo de carácter mixto, que es el que, en sentido general, actualmente predomina en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Lo que se ha venido planteando durante las últimas dos décadas es el de reglamentar la manera en que los partidos reciben los ingresos y el de cómo los gastan, de una manera que resulte legal, equitativa, justa, transparente y susceptible de rendición de cuentas y sanciones en caso de violación a las normas.

Naturalmente, a pesar de esos criterios no existe ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo una legislación que tenga carácter de universalidad y que sirva como patrón de referencia a todas las demás. Lo que hay son diversas leyes o normas que se ajustan a las condiciones específicas de cada país y que procuran el que se cumplan con los valores y principios previamente enunciados.

Límites y prohibiciones
Para recibir fondos provenientes del Estado, una organización política generalmente está sujeta a la obtención de un porcentaje mínimo de votos, que suele ser de no menos de un 2%; o de haber alcanzado un nivel de representación en el Congreso Nacional o en la Alcaldía Municipal.

Al suscitarse la reflexión en torno a la equidad o justicia con que se distribuyen los fondos públicos, se ha sugerido que esa distribución se produzca en cantidades iguales para cada partido. Eso significaría entregarle igual cantidad de dinero a los partidos grandes que a los partidos pequeños, lo que se estima es algo inadecuado porque los pequeños no tienen el mismo nivel de representación que los grandes.

Por consiguiente, a diferencia de ese criterio de equidad se ha elaborado la idea de que lo que realmente procede es una distribución en cantidades proporcionales en relación al número de votos obtenidos en el último certamen electoral; o una combinación de montos equitativos y proporcionales a los votos recibidos.

En lo que respecta a los aportes privados, la preocupación reside en determinar el origen o procedencia de esos recursos; la cantidad que pueda ser contribuida; las prohibiciones de recepción de determinadas contribuciones; las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones; y las sanciones a ser establecidas en caso de violación.

Resulta evidente el interés que pueda haber respecto al origen y procedencia de los recursos. Lo que se procura es evitar la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, y por consiguiente, en las posibilidades de influir en las futuras autoridades del Estado.

Lo mismo puede decirse en lo que atañe a la cantidad o monto a ser aportado. Algunos estiman que una contribución de un monto elevado podría implicar la compra de la voluntad del futuro funcionario, o el potencial ejercicio del tráfico de influencias. Otros, no obstante, consideran que con las aportaciones privadas, lo que el donante tiene como objetivo es lograr acceso a las autoridades para procurar prevenir eventuales abusos de poder por parte de funcionarios subalternos.

Pero así como algunas legislaciones limitan la cantidad a ser aportadas por una entidad privada, todas las legislaciones coinciden, sin embargo, en prohibir aportaciones realizadas por gobiernos extranjeros. Ese es un punto crucial, en razón de que en caso de aceptar donaciones provenientes de gobiernos extranjeros, eso equivaldría a intromisión en los asuntos internos de un país y vulnerabilidad al ejercicio de su soberanía.

De igual manera, algunas legislaciones prohíben que personas o empresas extranjeras realicen contribuciones a partidos políticos o para campañas electorales. Pero esto no tiene carácter general, ya que en muchos países si se permite, y por lo tanto, no se considera una práctica ilícita.

El proyecto dominicano
El actual proyecto de ley de partidos políticos que examina la Comisión Bicameral del Congreso Nacional contempla un sistema mixto, público y privado, de financiación de los partidos y agrupaciones políticas.

Corresponderá a la Junta Central Electoral la entrega de los recursos provenientes del Estado a las organizaciones políticas. Sin embargo, queda prohibido para cualquier otra institución del Estado, ya sea un ministerio, un organismo descentralizado o un ayuntamiento, entregar fondos, de manera directa o indirecta, a un partido o agrupación política.

De ser aprobado el proyecto de ley, un 80% de los recursos públicos será distribuido a los partidos en función de los votos obtenidos en la última elección; y un 20% en partes iguales entre todos los partidos incluyendo los de nuevo reconocimiento.

Ahora bien, un 50% de los recursos del Estado serán destinados para cubrir los gastos administrativos operacionales; un 15% a los gastos de educación y capacitación de los miembros de la organización política; y un 35% para apoyar la organización de los procesos internos de elección de dirigentes, primarias internas y candidaturas a puestos de elección popular.

En lo que atañe a las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos y a los candidatos, no podrán ser superiores al 1% del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación del fondos públicos. Eso quiere decir que si el partido que mayor cantidad de fondos reciba de la Junta Central Electoral alcanza la cifra, por ejemplo, de 700 millones de pesos, la contribución individual no podría ser mayor de 7 millones de pesos.

En los Estados Unidos, esos límites o topes al aporte privado se han visto superados mediante la creación de unos llamados Comités de Acción Política, los cuales directamente pueden invertir en la campaña del partido; y lo único que les está prohibido es la entrega directa de fondos al candidato.

Siguiendo la tendencia de la generalidad de las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe, nuestro proyecto de ley considera como contribuciones ilícitas, las provenientes de gobiernos extranjeros; las de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades delictivas; las que no pueda determinarse su procedencia u origen; y las de personas físicas subordinadas cuando les hayan sido impuestas arbitrariamente por sus superiores jerárquicos.

Nuestro proyecto de ley prevé que la Junta Central Electoral creará una unidad especializada de control financiero de los partidos políticos, que tendrá, entre sus funciones, la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos, así como sus topes de gastos.

De igual manera, prevé sanciones a los partidos y agrupaciones políticas que van desde la fijación de multas de 100 a 200 salarios mínimos, hasta la privación de libertad de sus miembros, cuando haya habido apropiación indebida de los recursos de la organización política, destinándose a un uso distinto al dispuesto en la norma.

Al estar llegando la Comisión Bicameral del Congreso Nacional a la fase final del estudio y evaluación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, pronto la aprobación de este proyecto se convertirá en el tema principal para garantizar el tránsito de la democracia dominicana a una nueva etapa, que será de mayor participación política de los ciudadanos; de mayor institucionalización interna de los partidos; de mayor capacitación de los afiliados; y de mayor transparencia en el uso de los recursos económicos.

Cosas Nuevas RD

Pages

miércoles, 6 de noviembre de 2013