Como conseguir una licencia de conducir en Washington (estado)

viernes, 5 de julio de 2013

Como conseguir una licencia de conducir en Washington (estado)

Una licencia de conducir en el estado de Washington abre las puertas para que muchas personas puedan tener una licencia para manejar en Estados Unidos. Washington es uno de los estados que permite obtener licencias de conducir sin importar tu estatus legal en Estados Unidos. Washington permite conseguir una licencia de conducir sin presentar prueba de seguro social. Para obtener una licencia en Washington, debes seguir los siguientes pasos.

1. Prepárate para conseguir tu licencia de conducir en el estado de Washington

Antes de obtener tu licencia de conducir en Washington, debes estar adecuadamente preparado para el examen de licencia, asegúrate de leer este artículo completamente y leer los documentos necesarios para poder conseguir tu licencia en Washington.

Para tener una licencia de conducir en Washington debes llenar estos requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Presentar prueba de dirección en Washington.

Pasar dos exámenes: un examen escrito y un examen de conducir.

Si ya tienes una licencia valida de cualquier estado de USA, no tienes que tomar ninguno de los dos exámenes.

Estudiar la Guía de Manejar de Washington

2. Ahorra tiempo al conseguir tu licencia

Para ahorrar tiempo en la oficina de Motores y Vehículos (DMV) de Washington, te recomendamos llenar la pre-solicitud para obtener una licencia de conducir mediante la página de Internet del Estado de Washington y así no tendrás que esperar tanto tiempo al conseguir tu licencia de conducir.

Haz clic aquí para llenar la pre-solicitud de la licencia de conducir en Washington

Ahorra tiempo al llenar una pre-solicitud de tu licencia de conducir en Washington

3. Documentos para conseguir una licencia de conducir en Washington

Para conseguir una lista detallada de los documentos necesarios para conseguir una licencia de conducir en el estado de Washington, lee nuestro artículo: Documentos para obtener una licencia de conducir en Washington.

Para obtener una licencia de conducir en Washington, necesitas tener mínimo 1 documento de las pruebas de identidad A y mínimo 2 documentos de las pruebas de identidad B.

Pruebas de identidad A (necesitas por lo menos 1 de estos documentos)

Licencia de conducir de tu país

Pasaporte de tu país

Certificado de Naturalización o Ciudadanía en Estados Unidos

Licencia de conducir de cualquier estado de Estados Unidos

Pruebas de identidad B (necesitas por lo menos 2 de estos documentos)

Visa valida de Estados Unidos

Partida de nacimiento de tu país (traducida a ingles)

Licencia de conducir de cualquier estado de Estados Unidos

Tarjeta del Medicare

Matricula Consular de México

Expediente escolar de una escuela Mexicana sellada (debes tener una foto tuya de esa época)

Tarjeta Consular de Guatemala

Credencial para votar de México (solo si la recibiste desde 1991 hasta el presente)

Anuario (yearbook) de una escuela de Estados Unidos con tu foto

Tarjeta de seguro social (la verifican)

Titulo de propiedad de un auto registrado en el estado de Washington

Licencia de practica profesional (enfermería, medica, ingeniería, etc.)

Licencia de conducir de tu país (vigente o con menos de 5 años de vencida)

Certificado de matrimonio en Estados Unidos

Si no tienes tu tarjeta de seguro social, deberás verificar tu residencia en Washington con estos documentos (mientras más tengas, mejor):

Factura de utilidades con dirección en Washington (gas, electricidad, agua, basura, teléfono fijo, etc.). No aceptan servicios de cable, internet, o televisión satélite.

Estado de cuenta de una cuenta bancaria abierta en Washington.

Estado de tarjeta de cuenta de una tarjeta de crédito en Washington.

Estado de cuenta de una hipoteca en Washington.

Estos documentos deben mostrar tu nombre y dirección en Washington.

Nota: Es ilegal presentar documentos falsos. Si presentas documentos falsos no podrás volver a aplicar por una licencia en Washington por 364 días.

4. Examen escrito del estado de Washington

El examen escrito (conocido en ingles como knowledge test) para conseguir la licencia de conducir de Washington tiene 25 preguntas. Para aprobar este examen debes responder correctamente 20 de las 25 preguntas. Puedes tomar el examen en una de las oficinas de Washington.

Puedes presentar el examen escrito para la licencia de conducir en una de las oficinas de Washington

5. Examen de conducir del estado de Washington

Puedes tomar el examen de conducir (en ingles, road test) de Washington haciendo. Antes de tomar el examen de conducir debes haber aplicado para tu licencia por Internet o en una oficina del Departamento de Transportación de Washington.

6. Recibe tu licencia de conducir del estado de Washington

Al aprobar tu examen de conducir de Washington, te tomaran tu foto y pagaras los $45 para tramitar tu licencia de conducir. Después, recibirás tu licencia de conducir entre 7 y 10 días después de pasar el examen de conducir.

7. Pago para recibir la licencia de conducir

Conseguir una licencia de conducir en Washington solo cuesta $80 en total. Estos $80 son pagados al Departamento de Transportación de Washington y se dividen en:

$35 para la aplicación de tu licencia de conducir en Washington.

$45 para tramitar tu licencia

Estos $80 deben ser pagados al momento de llegar a la oficina del Departamento de Transportación de Washington. Es mejor pagar en efectivo, ya que las tarjetas debito o crédito no son aceptadas en algunas oficinas.

Mediante este proceso podrás conseguir una licencia de conducir en el Estado de Washington. Si tienes cualquier pregunta o sugerencia acerca de como conseguir una licencia en Washington, déjanos un comentario.

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Fuente

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El financiamiento de los partidos políticos en el país: articulo del expresidente Leonel Fernández

Leonel Fernández

@leonelfernandez

Santo Domingo

Durante las últimas semanas la Comisión Bicameral del Congreso Nacional ha avanzado a un ritmo tal en el conocimiento del proyecto de ley de partidos políticos que ha entrado en los temas más controversiales.

Entre esos temas se encuentra el relativo al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, que figura en el título V del referido proyecto de ley, y abarca desde el artículo 53 al 67.

La reglamentación sobre el financiamiento de los partidos políticos resulta controversial por el papel que desempeña el dinero en las competencias políticas democráticas o electorales.

Aunque en algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, se habían establecido mecanismos de regulación al uso de los recursos económicos en el ámbito político, desde la primera mitad del siglo XX, fue en realidad, desde fines de los años 70, al producirse la transición hacia sistemas políticos democráticos que en la región se desarrolló la tendencia hacia la regulación financiera de los partidos políticos.

De esa manera, en medio de un gran debate se planteó la posibilidad de utilizar fondos públicos en el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos y de las campañas electorales. En principio, hubo cierta reticencia a que se procediese de esa manera. Se sostenía que era injusto utilizar recursos provenientes de los contribuyentes a favor de instituciones políticas que no habían conquistado plenamente la confianza de los ciudadanos.

Sin embargo, con posterioridad llegó a comprenderse la necesidad e importancia de una financiación pública a la actividad política, debido al poder e influencia que pudiera derivarse de un financiamiento proveniente exclusivamente del sector privado.

Así, de esa forma, surgió el criterio de combinar financiación pública con la privada, estableciéndose un sistema o mecanismo de carácter mixto, que es el que, en sentido general, actualmente predomina en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Lo que se ha venido planteando durante las últimas dos décadas es el de reglamentar la manera en que los partidos reciben los ingresos y el de cómo los gastan, de una manera que resulte legal, equitativa, justa, transparente y susceptible de rendición de cuentas y sanciones en caso de violación a las normas.

Naturalmente, a pesar de esos criterios no existe ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo una legislación que tenga carácter de universalidad y que sirva como patrón de referencia a todas las demás. Lo que hay son diversas leyes o normas que se ajustan a las condiciones específicas de cada país y que procuran el que se cumplan con los valores y principios previamente enunciados.

Límites y prohibiciones
Para recibir fondos provenientes del Estado, una organización política generalmente está sujeta a la obtención de un porcentaje mínimo de votos, que suele ser de no menos de un 2%; o de haber alcanzado un nivel de representación en el Congreso Nacional o en la Alcaldía Municipal.

Al suscitarse la reflexión en torno a la equidad o justicia con que se distribuyen los fondos públicos, se ha sugerido que esa distribución se produzca en cantidades iguales para cada partido. Eso significaría entregarle igual cantidad de dinero a los partidos grandes que a los partidos pequeños, lo que se estima es algo inadecuado porque los pequeños no tienen el mismo nivel de representación que los grandes.

Por consiguiente, a diferencia de ese criterio de equidad se ha elaborado la idea de que lo que realmente procede es una distribución en cantidades proporcionales en relación al número de votos obtenidos en el último certamen electoral; o una combinación de montos equitativos y proporcionales a los votos recibidos.

En lo que respecta a los aportes privados, la preocupación reside en determinar el origen o procedencia de esos recursos; la cantidad que pueda ser contribuida; las prohibiciones de recepción de determinadas contribuciones; las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones; y las sanciones a ser establecidas en caso de violación.

Resulta evidente el interés que pueda haber respecto al origen y procedencia de los recursos. Lo que se procura es evitar la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, y por consiguiente, en las posibilidades de influir en las futuras autoridades del Estado.

Lo mismo puede decirse en lo que atañe a la cantidad o monto a ser aportado. Algunos estiman que una contribución de un monto elevado podría implicar la compra de la voluntad del futuro funcionario, o el potencial ejercicio del tráfico de influencias. Otros, no obstante, consideran que con las aportaciones privadas, lo que el donante tiene como objetivo es lograr acceso a las autoridades para procurar prevenir eventuales abusos de poder por parte de funcionarios subalternos.

Pero así como algunas legislaciones limitan la cantidad a ser aportadas por una entidad privada, todas las legislaciones coinciden, sin embargo, en prohibir aportaciones realizadas por gobiernos extranjeros. Ese es un punto crucial, en razón de que en caso de aceptar donaciones provenientes de gobiernos extranjeros, eso equivaldría a intromisión en los asuntos internos de un país y vulnerabilidad al ejercicio de su soberanía.

De igual manera, algunas legislaciones prohíben que personas o empresas extranjeras realicen contribuciones a partidos políticos o para campañas electorales. Pero esto no tiene carácter general, ya que en muchos países si se permite, y por lo tanto, no se considera una práctica ilícita.

El proyecto dominicano
El actual proyecto de ley de partidos políticos que examina la Comisión Bicameral del Congreso Nacional contempla un sistema mixto, público y privado, de financiación de los partidos y agrupaciones políticas.

Corresponderá a la Junta Central Electoral la entrega de los recursos provenientes del Estado a las organizaciones políticas. Sin embargo, queda prohibido para cualquier otra institución del Estado, ya sea un ministerio, un organismo descentralizado o un ayuntamiento, entregar fondos, de manera directa o indirecta, a un partido o agrupación política.

De ser aprobado el proyecto de ley, un 80% de los recursos públicos será distribuido a los partidos en función de los votos obtenidos en la última elección; y un 20% en partes iguales entre todos los partidos incluyendo los de nuevo reconocimiento.

Ahora bien, un 50% de los recursos del Estado serán destinados para cubrir los gastos administrativos operacionales; un 15% a los gastos de educación y capacitación de los miembros de la organización política; y un 35% para apoyar la organización de los procesos internos de elección de dirigentes, primarias internas y candidaturas a puestos de elección popular.

En lo que atañe a las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos y a los candidatos, no podrán ser superiores al 1% del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación del fondos públicos. Eso quiere decir que si el partido que mayor cantidad de fondos reciba de la Junta Central Electoral alcanza la cifra, por ejemplo, de 700 millones de pesos, la contribución individual no podría ser mayor de 7 millones de pesos.

En los Estados Unidos, esos límites o topes al aporte privado se han visto superados mediante la creación de unos llamados Comités de Acción Política, los cuales directamente pueden invertir en la campaña del partido; y lo único que les está prohibido es la entrega directa de fondos al candidato.

Siguiendo la tendencia de la generalidad de las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe, nuestro proyecto de ley considera como contribuciones ilícitas, las provenientes de gobiernos extranjeros; las de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades delictivas; las que no pueda determinarse su procedencia u origen; y las de personas físicas subordinadas cuando les hayan sido impuestas arbitrariamente por sus superiores jerárquicos.

Nuestro proyecto de ley prevé que la Junta Central Electoral creará una unidad especializada de control financiero de los partidos políticos, que tendrá, entre sus funciones, la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos, así como sus topes de gastos.

De igual manera, prevé sanciones a los partidos y agrupaciones políticas que van desde la fijación de multas de 100 a 200 salarios mínimos, hasta la privación de libertad de sus miembros, cuando haya habido apropiación indebida de los recursos de la organización política, destinándose a un uso distinto al dispuesto en la norma.

Al estar llegando la Comisión Bicameral del Congreso Nacional a la fase final del estudio y evaluación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, pronto la aprobación de este proyecto se convertirá en el tema principal para garantizar el tránsito de la democracia dominicana a una nueva etapa, que será de mayor participación política de los ciudadanos; de mayor institucionalización interna de los partidos; de mayor capacitación de los afiliados; y de mayor transparencia en el uso de los recursos económicos.

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