Ministra SP: Descentralización de funciones y nuevos hospitales cambiarán sistema de salud

viernes, 6 de febrero de 2015

Ministra SP: Descentralización de funciones y nuevos hospitales cambiarán sistema de salud

La Ministra de Salud afirmó hoy que la descentralización de las funciones en el Ministerio de Salud sumada a la obra de reconstrucción y remodelación de hospitales con una gran inversión económica que hace el gobierno del presidente Danilo Medina se traducirán en un cambio muy beneficioso para el Sistema Nacional de Salud de la República Dominicana.

De igual modo, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino explicó que la construcción de 50 centros del primer nivel de atención y de diagnósticos aumentarán la capacidad resolutiva de ese en ese nivel de servicios, lo que permitirá que los ciudadanos no tengan que acudir a los grandes hospitales, porque tendrán cercana y con fácil acceso la respuesta para sus problemas básicos de salud.

En ese orden refirió que aparte de que más del 80 por ciento de los problemas tienen solución en el Primer Nivel de Atención, ello permite detectar de manera temprana cualquier situación de salud, para darle seguimiento antes de que ésta se le complique al paciente.

Durante una comparecencia al programa El Gobierno de la Mañana, que produce y transmite de lunes a viernes la estación radial Z-101.3 FM, la funcionaria reiteró su propósito de “poner el tren en buen carril”, para lo que se necesita poner cada cosa en su lugar, incluso los recursos humanos del Ministerio, y agregó: “Tenemos que transparentar la situación de cada persona”.

Sobre la reconstrucción del recién demolido hospital Luis Eduardo Aybar, dijo que la obra avanza de manera acelerada y que aportará al sistema público 108 nuevas camas. Sobre este tema, el coordinador de los Servicios Nacionales de Salud (SNS), doctor Ramón Alvarado Mendoza explicó que en lugar de salas colectivas, habrá habitaciones de dos camas cada una, dividida por cortinas.

“Ahora las habitaciones tendrán un baño y serán climatizadas por aire acondicionado, contarán con un sistema de oxigeno por tuberías, así como adecuados controles para evitar la contaminación, a fin de elevar la dignidad y calidad de los usuarios de los servicios”, aseguró Alvarado Mendoza.

El complejo tendrá la unidad de quemados más moderna del país y contará con un piso entero para los estudios diagnósticos de laboratorio clínico e imágenes, incluidas resonancia magnética, tomógrafo, fonografía, ecorcadiógrafo.

Al lado de esa unidad estará el hospital materno infantil con 168 camas y un piso asignado para ginecología, otro para obstetricia, uno para pediatría y tendrá 20 unidades de cuidado intensivo, 15 quirófanos y contará con 800 parqueos. También serán integrados Cemadoja y gastroenterología.

Del mismo modo, explicaron la Ministra de Salud y el Coordinador de los SNS, se construye el edificio del Centro Cardio Neuro Oftalmológico y Trasplantes (CECANOT) con cinco niveles, que también incluyen diagnóstico de imágenes y 793 parqueos.

Del nuevo hospital Dr. Darío Contreras, aseguraron que será el más moderno en todo el área centroamericana y caribeña, especializado en materia de traumatología y neurocirugía. La entrega de este centro por el presiente Danilo Medina está prevista para finales del cursante mes.

Además del doctor Ramón Alvarado, la Ministra de Salud estuvo acompañada por varios integrantes del equipo de trabajo, incluidos los directores generales de Recursos Humanos, Mayra Minaya; Drogas, Medicamentos y Tecnología de Alimentos, Karina Mena; Capacitación de Recursos Humanos de Alto Nivel, Jorge Marte Báez; y Comunicación Estratégica, Carlos Rodríguez.

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El financiamiento de los partidos políticos en el país: articulo del expresidente Leonel Fernández

Leonel Fernández

@leonelfernandez

Santo Domingo

Durante las últimas semanas la Comisión Bicameral del Congreso Nacional ha avanzado a un ritmo tal en el conocimiento del proyecto de ley de partidos políticos que ha entrado en los temas más controversiales.

Entre esos temas se encuentra el relativo al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, que figura en el título V del referido proyecto de ley, y abarca desde el artículo 53 al 67.

La reglamentación sobre el financiamiento de los partidos políticos resulta controversial por el papel que desempeña el dinero en las competencias políticas democráticas o electorales.

Aunque en algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, se habían establecido mecanismos de regulación al uso de los recursos económicos en el ámbito político, desde la primera mitad del siglo XX, fue en realidad, desde fines de los años 70, al producirse la transición hacia sistemas políticos democráticos que en la región se desarrolló la tendencia hacia la regulación financiera de los partidos políticos.

De esa manera, en medio de un gran debate se planteó la posibilidad de utilizar fondos públicos en el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos y de las campañas electorales. En principio, hubo cierta reticencia a que se procediese de esa manera. Se sostenía que era injusto utilizar recursos provenientes de los contribuyentes a favor de instituciones políticas que no habían conquistado plenamente la confianza de los ciudadanos.

Sin embargo, con posterioridad llegó a comprenderse la necesidad e importancia de una financiación pública a la actividad política, debido al poder e influencia que pudiera derivarse de un financiamiento proveniente exclusivamente del sector privado.

Así, de esa forma, surgió el criterio de combinar financiación pública con la privada, estableciéndose un sistema o mecanismo de carácter mixto, que es el que, en sentido general, actualmente predomina en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Lo que se ha venido planteando durante las últimas dos décadas es el de reglamentar la manera en que los partidos reciben los ingresos y el de cómo los gastan, de una manera que resulte legal, equitativa, justa, transparente y susceptible de rendición de cuentas y sanciones en caso de violación a las normas.

Naturalmente, a pesar de esos criterios no existe ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo una legislación que tenga carácter de universalidad y que sirva como patrón de referencia a todas las demás. Lo que hay son diversas leyes o normas que se ajustan a las condiciones específicas de cada país y que procuran el que se cumplan con los valores y principios previamente enunciados.

Límites y prohibiciones
Para recibir fondos provenientes del Estado, una organización política generalmente está sujeta a la obtención de un porcentaje mínimo de votos, que suele ser de no menos de un 2%; o de haber alcanzado un nivel de representación en el Congreso Nacional o en la Alcaldía Municipal.

Al suscitarse la reflexión en torno a la equidad o justicia con que se distribuyen los fondos públicos, se ha sugerido que esa distribución se produzca en cantidades iguales para cada partido. Eso significaría entregarle igual cantidad de dinero a los partidos grandes que a los partidos pequeños, lo que se estima es algo inadecuado porque los pequeños no tienen el mismo nivel de representación que los grandes.

Por consiguiente, a diferencia de ese criterio de equidad se ha elaborado la idea de que lo que realmente procede es una distribución en cantidades proporcionales en relación al número de votos obtenidos en el último certamen electoral; o una combinación de montos equitativos y proporcionales a los votos recibidos.

En lo que respecta a los aportes privados, la preocupación reside en determinar el origen o procedencia de esos recursos; la cantidad que pueda ser contribuida; las prohibiciones de recepción de determinadas contribuciones; las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones; y las sanciones a ser establecidas en caso de violación.

Resulta evidente el interés que pueda haber respecto al origen y procedencia de los recursos. Lo que se procura es evitar la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, y por consiguiente, en las posibilidades de influir en las futuras autoridades del Estado.

Lo mismo puede decirse en lo que atañe a la cantidad o monto a ser aportado. Algunos estiman que una contribución de un monto elevado podría implicar la compra de la voluntad del futuro funcionario, o el potencial ejercicio del tráfico de influencias. Otros, no obstante, consideran que con las aportaciones privadas, lo que el donante tiene como objetivo es lograr acceso a las autoridades para procurar prevenir eventuales abusos de poder por parte de funcionarios subalternos.

Pero así como algunas legislaciones limitan la cantidad a ser aportadas por una entidad privada, todas las legislaciones coinciden, sin embargo, en prohibir aportaciones realizadas por gobiernos extranjeros. Ese es un punto crucial, en razón de que en caso de aceptar donaciones provenientes de gobiernos extranjeros, eso equivaldría a intromisión en los asuntos internos de un país y vulnerabilidad al ejercicio de su soberanía.

De igual manera, algunas legislaciones prohíben que personas o empresas extranjeras realicen contribuciones a partidos políticos o para campañas electorales. Pero esto no tiene carácter general, ya que en muchos países si se permite, y por lo tanto, no se considera una práctica ilícita.

El proyecto dominicano
El actual proyecto de ley de partidos políticos que examina la Comisión Bicameral del Congreso Nacional contempla un sistema mixto, público y privado, de financiación de los partidos y agrupaciones políticas.

Corresponderá a la Junta Central Electoral la entrega de los recursos provenientes del Estado a las organizaciones políticas. Sin embargo, queda prohibido para cualquier otra institución del Estado, ya sea un ministerio, un organismo descentralizado o un ayuntamiento, entregar fondos, de manera directa o indirecta, a un partido o agrupación política.

De ser aprobado el proyecto de ley, un 80% de los recursos públicos será distribuido a los partidos en función de los votos obtenidos en la última elección; y un 20% en partes iguales entre todos los partidos incluyendo los de nuevo reconocimiento.

Ahora bien, un 50% de los recursos del Estado serán destinados para cubrir los gastos administrativos operacionales; un 15% a los gastos de educación y capacitación de los miembros de la organización política; y un 35% para apoyar la organización de los procesos internos de elección de dirigentes, primarias internas y candidaturas a puestos de elección popular.

En lo que atañe a las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos y a los candidatos, no podrán ser superiores al 1% del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación del fondos públicos. Eso quiere decir que si el partido que mayor cantidad de fondos reciba de la Junta Central Electoral alcanza la cifra, por ejemplo, de 700 millones de pesos, la contribución individual no podría ser mayor de 7 millones de pesos.

En los Estados Unidos, esos límites o topes al aporte privado se han visto superados mediante la creación de unos llamados Comités de Acción Política, los cuales directamente pueden invertir en la campaña del partido; y lo único que les está prohibido es la entrega directa de fondos al candidato.

Siguiendo la tendencia de la generalidad de las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe, nuestro proyecto de ley considera como contribuciones ilícitas, las provenientes de gobiernos extranjeros; las de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades delictivas; las que no pueda determinarse su procedencia u origen; y las de personas físicas subordinadas cuando les hayan sido impuestas arbitrariamente por sus superiores jerárquicos.

Nuestro proyecto de ley prevé que la Junta Central Electoral creará una unidad especializada de control financiero de los partidos políticos, que tendrá, entre sus funciones, la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos, así como sus topes de gastos.

De igual manera, prevé sanciones a los partidos y agrupaciones políticas que van desde la fijación de multas de 100 a 200 salarios mínimos, hasta la privación de libertad de sus miembros, cuando haya habido apropiación indebida de los recursos de la organización política, destinándose a un uso distinto al dispuesto en la norma.

Al estar llegando la Comisión Bicameral del Congreso Nacional a la fase final del estudio y evaluación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, pronto la aprobación de este proyecto se convertirá en el tema principal para garantizar el tránsito de la democracia dominicana a una nueva etapa, que será de mayor participación política de los ciudadanos; de mayor institucionalización interna de los partidos; de mayor capacitación de los afiliados; y de mayor transparencia en el uso de los recursos económicos.

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