La Junta Central Electoral (JCE) informó ayer que puso en vigencia un reglamento para normar el acceso de empresas públicas y privadas a su registro de cedulados, lo que genera quejas en la población, porque sus datos son usados sin su autorización para ofertarles determinados bienes y servicios.
Esta conexión les permitirá, vía pagina web, realizar las consultas de los registros actualizados y encriptados de las personas mayores y menores de edad, militares, civiles, policías y extranjeras cedulados del país. La Direccion de Comunicaciones de la JCE explica que además del maestro de cedulados encriptado, las entidades autorizadas verificarán la lista actualizada de los números de identidad y electoral cancelados por fallecimientos u otras situaciones.
El presidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez, al igual que los miembros titulares del pleno, determinaron mediante el referido reglamento que para fines de consulta la institución sólo facilitará los nombres, apellidos, estado civil, fecha y lugar de nacimiento, estatus de la cédula, foto y firma de la persona en cuestión.
De igual forma, se dispone que previo a consultar los datos de cualquier dominicano o extranjero cedulado, la entidad que lo haga deberá estar autorizada por escrito por la persona propietaria de la información y garantizar que la misma no será divulgada a terceros sin consentimiento, exceptuando que esta publicidad de información sea por orden judicial.
Con el fin de organizar y compensar los gastos en que se incurrirá, la JCE estableció los planes denominados “instituciones públicas y empresarial”, que costarían RD$50,000 y RD$150,000 por apertura, y mensualidades entre 15,000 y 150,000 pesos, además de 100 y 50 pesos por consulta adicional a la cantidad contratada inicialmente.
En una nota informativa aclara que la vigencia de este reglamento en nada afecta que el padrón de electores siga siendo recibido por los partidos y agrupaciones políticas en los términos y condiciones ya establecidas, por ser este documento un instrumento de trabajo político que en ningún caso podrá ser manipulado o facilitado a terceros.
Para emitir esta norma sobre el acceso al maestro de cedulados, el pleno de la JCE, además de la Constitución de la República, tomo en cuenta la Ley General de Libre Acceso a la Información.
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SENTENCIA DE SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
También valoró una sentencia de la Suprema Corte la cual estableció que “el libre acceso de los ciudadanos a la información pública es uno de los derechos fundamentales que sostiene los cimientos del Estado democrático y constitucional de derecho, donde el acceso de cualquier persona a la documentación administrativa es de principio, por ser un derecho fundamental consustancial con la libertad de expresión, de pensamiento y de investigación”.
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