sábado, 21 de junio de 2014

EU anuncia medidas para impedir llegada de menores ilegales

WASHINGTON.- Las autoridades en Estados Unidos anunciaron nuevas medidas para hacer frente a la incesante llegada de menores indocumentados provenientes de Centroamérica y que ha desatado la crisis migratoria más grave de los últimos años.
Según datos del gobierno estadounidense, en lo que va de año fiscal la Patrulla Fronteriza ha detenido a más de 46.000 niños y jóvenes menores de 18 años que viajaban sin la compañía de un adulto, una cifra que supera en más de un 60% a la registrada hace 12 meses y que según algunos cálculos podría llegar a los 70.000 el próximo mes de septiembre.
Esta oleada migratoria, que fue descrita hace unos días por el presidente Barack Obama como una "crisis humanitaria", ha pillado desprevenidas a las autoridades, que han tenido que improvisar la apertura de decenas de centros de acogida para procesar y albergar a los menores.
Joe Biden se reunió con representantes de Guatemala, El Salvador, Honduras y México para tratar la crisis.
El vicepresidente de EE.UU., Joe Biden, quien se encontraba de gira por América Latina, anunció este viernes desde Guatemala, donde se reunió con los mandatarios de ese país y representantes de El Salvador, Honduras y México -principales naciones de origen de los menores- que destinarán cerca de US$10 millones para la reinserción de los inmigrantes que sean repatriados y cerca de US$200 millones para programas de desarrollo social y seguridad en la región.
Paralelamente, la Casa Blanca informó que incrementará los recursos para acelerar las audiencias de deportación a las que son sometidos los menores indocumentados y que se abrirán nuevos centros de detención para las familias inmigrantes.
En los últimos días las organizaciones humanitarias que están colaborando con las autoridades estadounidenses para hacer frente a esta crisis, han criticado las condiciones de hacinamiento en las que son albergados muchos de los menores.
Además, han denunciado que a algunos de ellos no se les está proporcionando asistencia jurídica para enfrentar los procesos de deportación, mientras que otros habrían sido sometidos a abusos por parte de los agentes fronterizos.

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