La Casa Blanca evaluaba ayer miércoles apelar con celeridad la orden de una jueza que autorizó el ingreso de las personas abiertamente homosexuales a las fuerzas armadas, al tiempo que el jefe del Pentágono advirtió sobre las “consecuencias gigantescas” que acarrearía esa decisión.
Un día después de que una jueza federal en California ordenara al Departamento de Defensa que suspendiera la aplicación de la ley conocida como “no preguntar, no decir”, Robert Gates dijo a la prensa que le acompañaba a Europa que la revocación de esa normativa correspondería al Congreso y sólo después de que el Pentágono concluyera un estudio sobre ello.
La autorización del ingreso de las personas abiertamente homosexuales a las fuerzas armadas “es una acción que necesita una preparación cuidadosa y mucha capacitación”, dijo Gates.
“Tiene (esa decisión) consecuencias gigantescas para nuestros efectivos”.
En su fallo del martes, la jueza federal de distrito Virginia Phillips ordenó a las fuerzas armadas que “suspendieran y pusieran fin de inmediato a cualquier investigación” o cualquier procedimiento tendiente a dar de baja a las personas homosexuales integrantes de las fuerzas armadas.
La ley de 1993 prohibe que los homosexuales militares expresen abiertamente su orientación sexual, y de igual forma prohibe a los oficiales hacerles preguntas al respecto. Phillips determinó que la ley “infringe los derechos fundamentales” de las personas que están en las fuerzas armadas y de las que desean ingresar.
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