Germán y Ray Guevara presidirán la SCJ y el TC

jueves, 22 de diciembre de 2011

Germán y Ray Guevara presidirán la SCJ y el TC

Santo Domingo

Luego de una prolongada sesión de trabajo, el Consejo Nacional de la Magistratura dio a conocer los nombres de los nuevos jueces que integrarán la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la cual estará presidida por el doctor Mariano Germán.

En la sesión encabezada por el presidente Leonel Fernández y donde estuvieron presentes todos los miembros del CNM, también fueron escogidos Julio César Castaños como juez primer sustituto del presidente y Mirian Germán Brito, juez segunda sustituta del presidente.

También fueron designados jueces de la SCJ Esther Agelán Casasnovas, José Alberto Crucceta, Martha Olga García, Sarah Henríquez, Ramón Herrera Carbuccia, Francisco Jeréz Mena, Robert Placencia, Juan Hiroito Reyes, Alejandro Moscoso Segarra y Frank Soto.

El ministro de la Presidencia, César Pina Toribio detalló que fueron ratificados en su condición de miembros de la SCJ Jorge Subero Isa, quien de plano no aceptó; Victor José Castellanos, Edgar Hernández y Dulce Rodríguez de Goris.

Otras decisiones Pina Toribio dijo que el CNM conoció también la renuncia del juez suplente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alfredo González y en su lugar escogió a Emilio Narciso Conde Rubio.

El funcionario informó que cada uno de los jueces designados por el CNM, serán juramentados el próximo martes 27 de diciembre.

En tanto que las respectivas toma de posición se realizarán el miércoles 28 del presente mes.

Anoche se le comunicó a los representantes de los medios de comunicación que sólo se les iban a dar las informaciones sobre las decisiones y que no había preguntas.

No se informó dónde van a funcionar el Tribunal Superior Electoral (TSE) ni el Tribunal Constitucional (TC).

Se le preguntó a Pina Toribio y respondió “bueno, habíamos dicho sin preguntas”.

Las sesiones de trabajos para escoger a los miembros del TSE, TC y SCJ, se realizó a puerta cerrada en el salón del consejo en el Palacio Nacional.

Las sesiones A lo largo del proceso de evaluaciones que se iniciaron el el 11 de agosto del presente año, fueron evaluados 80 candidatos para el Tribunal Constitucional (TC), 81 para el Tribunal Superior Electoral (TSE) y 95 para la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El CNM lo encabeza el presidente Leonel Fernández y lo integran además los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa; del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y de la Cámara de Diputados, Abel Martínez Durán. También el senador reformista Félix Vásquez, el diputado perredeísta Hugo Núñez, el jurista Víctor José Castellanos y el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña.

SUBERO QUE DECISIÓN ES ASUNTO POLÍTICO
El doctor Jorge Subero Isa no aceptó anoche seguir siendo juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), cargo en el que fue ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), pero destituyéndolo de la presidencia de la institución.

Dijo que no se siente defraudado porque entiende que son asuntos políticos, pero consideró que la actual SCJ fue “desmantelada” en gran medida.

“Obviamente yo no acepté la posición porque bajo ninguna circunstancia puedo aceptar estar donde yo fui por 14 años presidente, para pasar a una posición secundaria”, dijo.

Expresó que el presidente Leonel Fernández lo trató con mucha estima a nivel personal. Su única queja es que debió enviarle una señal diferente a la dada hasta este momento.

Con rostro apagado expresó que presidente Leonel Fernández le dio las explicaciones de por qué lo dejaba como juez de la SCJ, pero no como presidente del alto tribunal. Le dijo que ratificaban por siete años.

“No obstante al proceso de evaluación que se supone que yo había superado, pero parece que al final me quemé en la prueba. Agradezco a la prensa porque posiblemente sean las últimas declaraciones que dé a los medios de comunicación como presidente de la Suprema!”, agregó.

Subero Isa habló con los periodistas a la 1:00 de la madrugada en los pasillos, frente al salón del CNM, momentos antes de dar a conocer las designaciones. Agradeció respaldo de la prensa.

Subero es presidente de la SCJ desde 3 de agosto de 1997 cuando fue integrado el tribunal. Tiene en el cargo 14 años, 4 meses y 18 días.

Su gestión ha logrado modernizar las estructuras judiciales y alcanzar transparencia y credibilidad.

MARIANO GERMÁN
Ex procurador, 40 años como abogado
Se graduó de doctor en derecho en la UASD en 1971. Tiene 40 años de ejercicio profesional como abogado. Es notario por el Distrito Nacional desde 1979. Fue procurador general de la República (1998-99). Entre sus publicaciones figuran Vías de Ejecución Tomo I, 1989 y Tomo II, 2002. También, La Responsabilidad Civil Dominicana. Ha sido profesor de Procedimiento Civil en la PUCMM.

CASTAÑOS GUZMÁN
Ex presidente de la JCE
Nació en Santo Domingo el 8 de abril de 1955. Fue presidente de la Junta Central Electoral. Es un estudioso del Derecho y escritor de temas MIRIAN GERMÁN Corte Apelación del DN Nació el 8 de diciembre de 1948 en la loma Las Liras, del paraje Jayabo, de Salcedo. Es presidenta de la Cámara Penal de la Corte de Apelación DN.

JOSÉ CRUCETA
Corte Civil La Vega
Es actualmente juez primer Sustituto de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de la Vega.

ESTHER AGELÁN
Corte Apelación del DN
Ha laborado durante 14 años como jueza en diferentes instancias. Es actualmente jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del DN.

MARTHA GARCÍA
Niños y Adolescentes
Es la juez presidenta de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del departamento judicial de San Cristóbal.

MANUEL HERRERA
Corte Laboral SPM
Tiene 53 años de edad. Es el presidente de la Corte Laboral de San Pedro de Macorís. Estudió derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

FRANCISCO JEREZ
Apelación La Vega
Juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega. Doctor en derecho en la UCE y postgrados en la PUCMM.

ROBERT PLACENCIA
Cámara Civil del DN
Es juez de la Segunda Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Con varios estudios de post grado.

HIROÍTO REYES
Apelación SD
Es juez de la Corte Penal de la Provincia de Santo Domingo, con maestría en Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

ALEJANDRO MOSCOSO
Fiscal del DN
Es el actual fiscal del Distrito Nacional y decano de derecho de la Universidad Apec. Fue Comisionado de Justicia.

FRANK SOTO
Procurador adjunto
Es el director nacional contra crímenes complejos de la Procuraduría, uno de los principales investigadores del Ministerio Público.

SARAH HENRÍQUEZ
Tribunal Administrativo
Jueza del Tribunal Superior Administrativo. Estudió derecho en la PUCMM. Ha realizado estudios en Intec, UNPHU y Apec.

DANIA RODRÍGUEZ
Segunda Sala SCJ
Nació el día 27 de febrero de 1942 en Santiago. Se graduó de doctora en Derecho en la UASD en el año 1966.

EDGAR HERNÁNDEZ
Segunda Sala SCJ
Nació el día 13 de marzo de 1948 en Santo Domingo. Fue director de prisiones y juez en varias instancias. Actual juez SCJ.

VÍCTOR CASTELLANOS
Segunda Sala SCJ
Nació el día 5 de septiembre de 1950 en Santiago. Ha ocupado varias posiciones. Es el actual secretario del Consejo Magistratura.

JORGE SUBERO
Actual presidente JCE
Nació en San José de Ocoa, el 9 de marzo del año 1947. Fue juez de la JCE y es el actual presidente de la SCJ.

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El financiamiento de los partidos políticos en el país: articulo del expresidente Leonel Fernández

Leonel Fernández

@leonelfernandez

Santo Domingo

Durante las últimas semanas la Comisión Bicameral del Congreso Nacional ha avanzado a un ritmo tal en el conocimiento del proyecto de ley de partidos políticos que ha entrado en los temas más controversiales.

Entre esos temas se encuentra el relativo al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, que figura en el título V del referido proyecto de ley, y abarca desde el artículo 53 al 67.

La reglamentación sobre el financiamiento de los partidos políticos resulta controversial por el papel que desempeña el dinero en las competencias políticas democráticas o electorales.

Aunque en algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, se habían establecido mecanismos de regulación al uso de los recursos económicos en el ámbito político, desde la primera mitad del siglo XX, fue en realidad, desde fines de los años 70, al producirse la transición hacia sistemas políticos democráticos que en la región se desarrolló la tendencia hacia la regulación financiera de los partidos políticos.

De esa manera, en medio de un gran debate se planteó la posibilidad de utilizar fondos públicos en el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos y de las campañas electorales. En principio, hubo cierta reticencia a que se procediese de esa manera. Se sostenía que era injusto utilizar recursos provenientes de los contribuyentes a favor de instituciones políticas que no habían conquistado plenamente la confianza de los ciudadanos.

Sin embargo, con posterioridad llegó a comprenderse la necesidad e importancia de una financiación pública a la actividad política, debido al poder e influencia que pudiera derivarse de un financiamiento proveniente exclusivamente del sector privado.

Así, de esa forma, surgió el criterio de combinar financiación pública con la privada, estableciéndose un sistema o mecanismo de carácter mixto, que es el que, en sentido general, actualmente predomina en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Lo que se ha venido planteando durante las últimas dos décadas es el de reglamentar la manera en que los partidos reciben los ingresos y el de cómo los gastan, de una manera que resulte legal, equitativa, justa, transparente y susceptible de rendición de cuentas y sanciones en caso de violación a las normas.

Naturalmente, a pesar de esos criterios no existe ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo una legislación que tenga carácter de universalidad y que sirva como patrón de referencia a todas las demás. Lo que hay son diversas leyes o normas que se ajustan a las condiciones específicas de cada país y que procuran el que se cumplan con los valores y principios previamente enunciados.

Límites y prohibiciones
Para recibir fondos provenientes del Estado, una organización política generalmente está sujeta a la obtención de un porcentaje mínimo de votos, que suele ser de no menos de un 2%; o de haber alcanzado un nivel de representación en el Congreso Nacional o en la Alcaldía Municipal.

Al suscitarse la reflexión en torno a la equidad o justicia con que se distribuyen los fondos públicos, se ha sugerido que esa distribución se produzca en cantidades iguales para cada partido. Eso significaría entregarle igual cantidad de dinero a los partidos grandes que a los partidos pequeños, lo que se estima es algo inadecuado porque los pequeños no tienen el mismo nivel de representación que los grandes.

Por consiguiente, a diferencia de ese criterio de equidad se ha elaborado la idea de que lo que realmente procede es una distribución en cantidades proporcionales en relación al número de votos obtenidos en el último certamen electoral; o una combinación de montos equitativos y proporcionales a los votos recibidos.

En lo que respecta a los aportes privados, la preocupación reside en determinar el origen o procedencia de esos recursos; la cantidad que pueda ser contribuida; las prohibiciones de recepción de determinadas contribuciones; las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones; y las sanciones a ser establecidas en caso de violación.

Resulta evidente el interés que pueda haber respecto al origen y procedencia de los recursos. Lo que se procura es evitar la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, y por consiguiente, en las posibilidades de influir en las futuras autoridades del Estado.

Lo mismo puede decirse en lo que atañe a la cantidad o monto a ser aportado. Algunos estiman que una contribución de un monto elevado podría implicar la compra de la voluntad del futuro funcionario, o el potencial ejercicio del tráfico de influencias. Otros, no obstante, consideran que con las aportaciones privadas, lo que el donante tiene como objetivo es lograr acceso a las autoridades para procurar prevenir eventuales abusos de poder por parte de funcionarios subalternos.

Pero así como algunas legislaciones limitan la cantidad a ser aportadas por una entidad privada, todas las legislaciones coinciden, sin embargo, en prohibir aportaciones realizadas por gobiernos extranjeros. Ese es un punto crucial, en razón de que en caso de aceptar donaciones provenientes de gobiernos extranjeros, eso equivaldría a intromisión en los asuntos internos de un país y vulnerabilidad al ejercicio de su soberanía.

De igual manera, algunas legislaciones prohíben que personas o empresas extranjeras realicen contribuciones a partidos políticos o para campañas electorales. Pero esto no tiene carácter general, ya que en muchos países si se permite, y por lo tanto, no se considera una práctica ilícita.

El proyecto dominicano
El actual proyecto de ley de partidos políticos que examina la Comisión Bicameral del Congreso Nacional contempla un sistema mixto, público y privado, de financiación de los partidos y agrupaciones políticas.

Corresponderá a la Junta Central Electoral la entrega de los recursos provenientes del Estado a las organizaciones políticas. Sin embargo, queda prohibido para cualquier otra institución del Estado, ya sea un ministerio, un organismo descentralizado o un ayuntamiento, entregar fondos, de manera directa o indirecta, a un partido o agrupación política.

De ser aprobado el proyecto de ley, un 80% de los recursos públicos será distribuido a los partidos en función de los votos obtenidos en la última elección; y un 20% en partes iguales entre todos los partidos incluyendo los de nuevo reconocimiento.

Ahora bien, un 50% de los recursos del Estado serán destinados para cubrir los gastos administrativos operacionales; un 15% a los gastos de educación y capacitación de los miembros de la organización política; y un 35% para apoyar la organización de los procesos internos de elección de dirigentes, primarias internas y candidaturas a puestos de elección popular.

En lo que atañe a las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos y a los candidatos, no podrán ser superiores al 1% del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación del fondos públicos. Eso quiere decir que si el partido que mayor cantidad de fondos reciba de la Junta Central Electoral alcanza la cifra, por ejemplo, de 700 millones de pesos, la contribución individual no podría ser mayor de 7 millones de pesos.

En los Estados Unidos, esos límites o topes al aporte privado se han visto superados mediante la creación de unos llamados Comités de Acción Política, los cuales directamente pueden invertir en la campaña del partido; y lo único que les está prohibido es la entrega directa de fondos al candidato.

Siguiendo la tendencia de la generalidad de las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe, nuestro proyecto de ley considera como contribuciones ilícitas, las provenientes de gobiernos extranjeros; las de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades delictivas; las que no pueda determinarse su procedencia u origen; y las de personas físicas subordinadas cuando les hayan sido impuestas arbitrariamente por sus superiores jerárquicos.

Nuestro proyecto de ley prevé que la Junta Central Electoral creará una unidad especializada de control financiero de los partidos políticos, que tendrá, entre sus funciones, la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos, así como sus topes de gastos.

De igual manera, prevé sanciones a los partidos y agrupaciones políticas que van desde la fijación de multas de 100 a 200 salarios mínimos, hasta la privación de libertad de sus miembros, cuando haya habido apropiación indebida de los recursos de la organización política, destinándose a un uso distinto al dispuesto en la norma.

Al estar llegando la Comisión Bicameral del Congreso Nacional a la fase final del estudio y evaluación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, pronto la aprobación de este proyecto se convertirá en el tema principal para garantizar el tránsito de la democracia dominicana a una nueva etapa, que será de mayor participación política de los ciudadanos; de mayor institucionalización interna de los partidos; de mayor capacitación de los afiliados; y de mayor transparencia en el uso de los recursos económicos.

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