sábado, 14 de febrero de 2009

Arrestan a 27 agentes acusados de tener complicidad con narcotraficantes

SIETE DE LOS OCHO FISCALES DE LA PROVINCIA FUERON TRASLADADOS DE JUZGADOS
Los agentes acusados fueron arrestados y trasladados al Palacio de la Policía de la capital.

SANTO DOMINGO.- El director del Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Manuel Castro Castillo, ordenó ayer el arresto y traslado al Palacio de la Policía en Santo Domingo de 27 miembros de esa institución, incluyendo al titular de la Dirección Adjunta de Investigaciones Criminales, coronel Frank Almonte.

Oficiales, alistados y rasos de la Dirección Regional Norte de la Policía fueron detenidos en relación a su supuesta vinculación en hechos graves, que van desde el cobro de peaje a narcotraficantes hasta la muerte de un presunto narco y otras infracciones.

Los agentes policiales, cuyos nombres no fueron ofrecidos a los medios de comunicación, son investigados por el general de brigada Manuel Castro Castillo, jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional, quien viajó ayer en la tarde a Puerto Plata al frente de un fuerte contingente policial para realizar las indagatorias.

Informes confidenciales


La investigación se realiza después de que el organismo que dirige el general Castro Castillo recibiera informes confidenciales que vinculan a los policías sometidos a la investigación al supuesto cobro de sumas de dinero a narcotraficantes que operan en Puerto Plata y Sosúa, para permitirles que actúen sin ser molestados.

El alto oficial investiga a un teniente, un sargento y un cabo que no han sido identificados y que están vinculados a las muertes a tiros de los hermanos José y Ruddy Cabrera Peña, y el presunto narcotraficante Julio Almonte García, ocurridas el 2 de enero pasado en la calle 30 de Marzo esquina 12 de Julio de Puerto Plata, para cuya ejecución otro narcotraficante habría pagado supuestamente una suma millonaria. En principio, la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional, que comanda el general de brigada Rafael Calderón Efres, dijo que las muertes de los hermanos Cabrera Peña y Almonte García ocurrieron después que los tres jóvenes abatidos enfrentaran a tiros a una patrulla policial que los mató repeliendo la agresión.

Cobro de peaje


Recientemente la jefatura de la Policía Nacional, bajo la responsabilidad del mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, canceló a todos los oficiales y policías de la dotación policial en Bonao, en la provincia Monseñor Nouel, por el supuesto cobro de peaje a un alegado narcotraficante, para permitir sus operaciones allí.

Traslado de fiscales


Por otro lado, la Fiscalía del Distrito Judicial de Puerto Plata introdujo ayer cambios en varios Juzgados de Paz, trasladando a siete de los ocho fiscalizadores de la provincia a distintos municipios del país.

El procurador fiscal Víctor Mueses designó a Julio César García Morfe como nuevo fiscalizador en Sosúa, en sustitución de Ramón Cabrera, enviado a Imbert.

Mientras que José Armando Tejada fue remitido a prestar servicios en el Villa Isabela, en sustitución de José Hernández, removido a Luperón. En el Juzgado de Paz de Altamira fue colocada Ana Ivelka Gómez, en Guananico Inocencia Familia y en Los Hidalgos Kennedy García.

LA MARINA CANCELA A SIETE MIEMBROS


La Marina de Guerra dispuso la cancelación de siete miembros de esa organización, entre ellos tres oficiales y cuatro subalternos, por su vinculación en una asociación de tráfico ilícito de personas, la cual se dedicaba a la realización de viajes ilegales hacia Puerto Rico.

Los oficiales cancelados fueron identificados como los capitanes de corbeta Betoven Bolívar Matías Alba y Amílcar Rafael Soto Candelario, así como el teniente de navío Jonathan José Jiménez Peña.

También el alférez de navío Alonso Ferreras Mercedes y los alférez de fragata Rafael Montero Mateo, Francisco Tejeda Ramírez y Francisco Valera González.

Un informe de la Marina indica que de acuerdo con las investigaciones realizadas por una Junta de Oficiales de las Fuerzas Armadas, los miembros cancelados aceptaron sobornos por sumas de dinero no precisadas, lo que constituye una violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal, y a la Ley 137-2003 sobre tráfico ilícito de inmigrantes, en este caso hacia Puerto Rico.

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