La Secretaría de Interior y Policía incineró ayer más de 500 mil unidades de fuegos artificiales incautados por ser comercializados sin el permiso exigido por las autoridades para operar ese tipo de negocios. Sin embargo, los responsables no fueron sancionados como establece el reglamento. La resolución 02-07, emitida la primera semana de diciembre por esa cartera, contempla la confiscación y posterior quema de los juegos pirotécnicos vendidos de forma ilegal. Además, se refiere a la correspondiente sanción de las empresas o personas que hayan violentado esa disposición gubernamental, emitida con la finalidad de evitar incidentes trágicos durante las festividades navideñas y de Año Nuevo.
Sin embargo ayer, mientras preparaban el escenario para incinerar los fuegos artificiales decomisados en distintas provincias del país, Henry Castellanos, director ejecutivo del programa de Control de Fuegos Artificiales (Cofa), alegó que los dueños de los fuegos artificiales quemados no serán sancionados porque “ellos están justificando que tenían un permiso con anterioridad y no quisimos ser muy drásticos con ellos”.
Dijo que la sanción sólo aplica en los casos en que una persona resulta lesionada por la explosión de un fuego artificial.
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