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miércoles, 4 de agosto de 2010

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El financiamiento de los partidos políticos en el país: articulo del expresidente Leonel Fernández

Leonel Fernández

@leonelfernandez

Santo Domingo

Durante las últimas semanas la Comisión Bicameral del Congreso Nacional ha avanzado a un ritmo tal en el conocimiento del proyecto de ley de partidos políticos que ha entrado en los temas más controversiales.

Entre esos temas se encuentra el relativo al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, que figura en el título V del referido proyecto de ley, y abarca desde el artículo 53 al 67.

La reglamentación sobre el financiamiento de los partidos políticos resulta controversial por el papel que desempeña el dinero en las competencias políticas democráticas o electorales.

Aunque en algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, se habían establecido mecanismos de regulación al uso de los recursos económicos en el ámbito político, desde la primera mitad del siglo XX, fue en realidad, desde fines de los años 70, al producirse la transición hacia sistemas políticos democráticos que en la región se desarrolló la tendencia hacia la regulación financiera de los partidos políticos.

De esa manera, en medio de un gran debate se planteó la posibilidad de utilizar fondos públicos en el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos y de las campañas electorales. En principio, hubo cierta reticencia a que se procediese de esa manera. Se sostenía que era injusto utilizar recursos provenientes de los contribuyentes a favor de instituciones políticas que no habían conquistado plenamente la confianza de los ciudadanos.

Sin embargo, con posterioridad llegó a comprenderse la necesidad e importancia de una financiación pública a la actividad política, debido al poder e influencia que pudiera derivarse de un financiamiento proveniente exclusivamente del sector privado.

Así, de esa forma, surgió el criterio de combinar financiación pública con la privada, estableciéndose un sistema o mecanismo de carácter mixto, que es el que, en sentido general, actualmente predomina en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Lo que se ha venido planteando durante las últimas dos décadas es el de reglamentar la manera en que los partidos reciben los ingresos y el de cómo los gastan, de una manera que resulte legal, equitativa, justa, transparente y susceptible de rendición de cuentas y sanciones en caso de violación a las normas.

Naturalmente, a pesar de esos criterios no existe ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo una legislación que tenga carácter de universalidad y que sirva como patrón de referencia a todas las demás. Lo que hay son diversas leyes o normas que se ajustan a las condiciones específicas de cada país y que procuran el que se cumplan con los valores y principios previamente enunciados.

Límites y prohibiciones
Para recibir fondos provenientes del Estado, una organización política generalmente está sujeta a la obtención de un porcentaje mínimo de votos, que suele ser de no menos de un 2%; o de haber alcanzado un nivel de representación en el Congreso Nacional o en la Alcaldía Municipal.

Al suscitarse la reflexión en torno a la equidad o justicia con que se distribuyen los fondos públicos, se ha sugerido que esa distribución se produzca en cantidades iguales para cada partido. Eso significaría entregarle igual cantidad de dinero a los partidos grandes que a los partidos pequeños, lo que se estima es algo inadecuado porque los pequeños no tienen el mismo nivel de representación que los grandes.

Por consiguiente, a diferencia de ese criterio de equidad se ha elaborado la idea de que lo que realmente procede es una distribución en cantidades proporcionales en relación al número de votos obtenidos en el último certamen electoral; o una combinación de montos equitativos y proporcionales a los votos recibidos.

En lo que respecta a los aportes privados, la preocupación reside en determinar el origen o procedencia de esos recursos; la cantidad que pueda ser contribuida; las prohibiciones de recepción de determinadas contribuciones; las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones; y las sanciones a ser establecidas en caso de violación.

Resulta evidente el interés que pueda haber respecto al origen y procedencia de los recursos. Lo que se procura es evitar la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, y por consiguiente, en las posibilidades de influir en las futuras autoridades del Estado.

Lo mismo puede decirse en lo que atañe a la cantidad o monto a ser aportado. Algunos estiman que una contribución de un monto elevado podría implicar la compra de la voluntad del futuro funcionario, o el potencial ejercicio del tráfico de influencias. Otros, no obstante, consideran que con las aportaciones privadas, lo que el donante tiene como objetivo es lograr acceso a las autoridades para procurar prevenir eventuales abusos de poder por parte de funcionarios subalternos.

Pero así como algunas legislaciones limitan la cantidad a ser aportadas por una entidad privada, todas las legislaciones coinciden, sin embargo, en prohibir aportaciones realizadas por gobiernos extranjeros. Ese es un punto crucial, en razón de que en caso de aceptar donaciones provenientes de gobiernos extranjeros, eso equivaldría a intromisión en los asuntos internos de un país y vulnerabilidad al ejercicio de su soberanía.

De igual manera, algunas legislaciones prohíben que personas o empresas extranjeras realicen contribuciones a partidos políticos o para campañas electorales. Pero esto no tiene carácter general, ya que en muchos países si se permite, y por lo tanto, no se considera una práctica ilícita.

El proyecto dominicano
El actual proyecto de ley de partidos políticos que examina la Comisión Bicameral del Congreso Nacional contempla un sistema mixto, público y privado, de financiación de los partidos y agrupaciones políticas.

Corresponderá a la Junta Central Electoral la entrega de los recursos provenientes del Estado a las organizaciones políticas. Sin embargo, queda prohibido para cualquier otra institución del Estado, ya sea un ministerio, un organismo descentralizado o un ayuntamiento, entregar fondos, de manera directa o indirecta, a un partido o agrupación política.

De ser aprobado el proyecto de ley, un 80% de los recursos públicos será distribuido a los partidos en función de los votos obtenidos en la última elección; y un 20% en partes iguales entre todos los partidos incluyendo los de nuevo reconocimiento.

Ahora bien, un 50% de los recursos del Estado serán destinados para cubrir los gastos administrativos operacionales; un 15% a los gastos de educación y capacitación de los miembros de la organización política; y un 35% para apoyar la organización de los procesos internos de elección de dirigentes, primarias internas y candidaturas a puestos de elección popular.

En lo que atañe a las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos y a los candidatos, no podrán ser superiores al 1% del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación del fondos públicos. Eso quiere decir que si el partido que mayor cantidad de fondos reciba de la Junta Central Electoral alcanza la cifra, por ejemplo, de 700 millones de pesos, la contribución individual no podría ser mayor de 7 millones de pesos.

En los Estados Unidos, esos límites o topes al aporte privado se han visto superados mediante la creación de unos llamados Comités de Acción Política, los cuales directamente pueden invertir en la campaña del partido; y lo único que les está prohibido es la entrega directa de fondos al candidato.

Siguiendo la tendencia de la generalidad de las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe, nuestro proyecto de ley considera como contribuciones ilícitas, las provenientes de gobiernos extranjeros; las de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades delictivas; las que no pueda determinarse su procedencia u origen; y las de personas físicas subordinadas cuando les hayan sido impuestas arbitrariamente por sus superiores jerárquicos.

Nuestro proyecto de ley prevé que la Junta Central Electoral creará una unidad especializada de control financiero de los partidos políticos, que tendrá, entre sus funciones, la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos, así como sus topes de gastos.

De igual manera, prevé sanciones a los partidos y agrupaciones políticas que van desde la fijación de multas de 100 a 200 salarios mínimos, hasta la privación de libertad de sus miembros, cuando haya habido apropiación indebida de los recursos de la organización política, destinándose a un uso distinto al dispuesto en la norma.

Al estar llegando la Comisión Bicameral del Congreso Nacional a la fase final del estudio y evaluación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, pronto la aprobación de este proyecto se convertirá en el tema principal para garantizar el tránsito de la democracia dominicana a una nueva etapa, que será de mayor participación política de los ciudadanos; de mayor institucionalización interna de los partidos; de mayor capacitación de los afiliados; y de mayor transparencia en el uso de los recursos económicos.

LAS COOPERATIVAS AGROPECUARIAS: RESPUESTA EFICAZ A LOS DESAFÍOS GLOBALES QUE ENFRENTA NUESTRA ECONOMÍA

Por: César Matos, i.a., Msc.

(cesarmatosrd@yahoo.com)

SER COMPETITIVOS EN CONDICIONES DE DESIGUALDAD

Ante la sociedad global de hoy los países más desarrollados nos imponen como condiciones para entrar a sus mercados presentar nuestros productos agropecuarios bajo sus estándares de calidad e inocuidad. Eso sin mencionar el riesgo permanente de que nuestras mercancías sean amontonadas en sus aduanas para una revisión rigurosa, hasta que se pudran, sin ningún reparo. Linda historia.

LA RECONVERSIÓN AGRÍCOLA Y TECNOLÓGICA

Después de negociar y renegociar (a partir del año 2004) un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, en los cuales se reeditan las condiciones para que sigamos siendo una colonia bananera con perfume vegetal, las autoridades nacionales se despiertan 10 años después descubriendo que el plazo está vencido para que nos abarroten con productos que ellos si pueden, pero que nosotros tenemos prohibido subsidiar.

Llegó la hora de reconvertirnos cuando ya se venció el plazo de prepararnos para competir en un mercado libre, abierto y voraz. Para colmo nos quieren imponer una Ley de semillas que garantiza el control (por parte de algunas compañías al servicio del Gran Capital) de las semillas que los agricultores deben sembrar. Y como el plan neoliberal prevé que los pequeños agricultores en su pobreza crónica también tendrán que vender sus tierras, entonces tendrán que ser obreros agrícolas; de modo tal que los grandes grupos económicos por medio del dinero controlarán la alimentación de la población mundial, además de los gobiernos (por medio de la deuda), los sistemas electorales (por medio del financiamiento a los partidos políticos), los medios de comunicación (que ya no informan, sino que manipulan) y los bancos que te endeudan para reproducir sus capitales. Con tal panorama nos retrotraemos a un feudalismo financiero mundial.

NECESITAMOS DIVISAS

Pero necesitamos divisas. Las divisas son necesarias para importar lo que no somos capaces de producir localmente (maquinarias, tecnologías, insumos, etc.). Y divisa no es solo el dólar, sino cualquier moneda dura que adquiera los sustitutos de los productos americanos que necesitamos.

PARA QUÉ ES EL DESARROLLO

Las prioridades para la sustentación del desarrollo de las potencias mundiales se basan en el establecimiento de escudos antimisiles, disponer de aviones, satélites y submarinos espías para garantizar el sometimiento del resto de las naciones a sus políticas globales, al tiempo que sostienen los más altos ingresos y bienestar de sus habitantes.

A diferencia de esos países las prioridades de los nuestros es producir más y mejores productos de origen agropecuario para sustentar nuestra soberanía alimentaria y para exportar los excedentes para generar dólares (divisas). Y es una prioridad (también) que el volumen exportado sea siempre mayor que lo que importamos, para poder tener superávit (o un balance positivo). Como estamos en la era de la tecnología y el conocimiento no podremos transitar el camino hacia desarrollo solo comiendo arroz con habichuela y plátano; o sea debemos garantizar que tendremos cada vez una niñez más sana, una juventud mejor formada, y profesionales con más conocimientos; hospitales con mejores tecnologías, mejores infraestructuras, más y mejores viviendas, y mejores gobernantes, entre otros.

¿POR QUÉ LAS COOPERATIVAS?

La historia nos confirma que los grandes desafíos de las naciones se han superado por medio de diferentes formas de cooperación para poder obtener resultados de impacto sobre problemas nodales de salud, alimentación, vivienda e industria. Un ejemplo clásico poco citado es la nación de Israel: después de 4 siglos de esclavitud en Egipto marcharon a la tierra prometida (sin ser todavía un Estado) abrazando la promesa de prosperidad de Dios, y bajo la seguridad de los distintos grupos voluntarios (cooperantes) que garantizaban la supervivencia de una nación que no tenía aún un territorio propio. Los que deseaban ser guerreros se unían voluntariamente para formar el ejército, otros lo hacían para dedicarse a las crianzas y la agricultura, al cuidado de la salud, etc. Los Kibutz son el ejemplo histórico de un modelo cooperativo que ha sido parte de una política de Estado y una garantía de desarrollo sostenible.

Cuando Cristóbal Colón llega a nuestra América en el siglo XV encontró a nuestros aborígenes organizados bajo un modelo basado en la cooperación. Que si bien eran modelos primitivos, eran la garantía de bienestar social y sustentabilidad.

Durante el siglo XIX, debido a los despidos masivos de trabajadores textiles en Inglaterra, el 21 de diciembre se conformó la primera Cooperativa de Consumo de la era Industrial en Rochdale, Inglaterra, como una respuesta apropiada a la falta de ingresos que se genera por el desempleo.

Así también en la primera mitad del siglo XX las cooperativas agrícolas estatales jugaron un papel determinante en la antigua Unión Soviética para alcanzar las metas planteadas en sus planes de desarrollo agrícola.

Los secretos que garantizan el éxito de las cooperativas en el día de hoy se basan en la identificación de los principios y valores fundamentales del cooperativismo, los cuales motorizan su accionar sistémico.

La historia nos confirma que la unión hace la fuerza, y la cooperativa es una unión voluntaria de personas, en primer lugar, y sus pequeños capitales se unen para alcanzar metas comunes. Cuando un colectivo descubre el poder que surge de unirse voluntariamente para alcanzar un propósito común, no hay ninguna fuerza fuera de Dios que pueda impedirlo.

LAS COOPERATIVAS: EMPRESAS AGROPECUARIAS DEL FUTURO

A pesar de que existe en nuestro país casi un centenar de cooperativas agropecuarias, en realidad solo unas pocas han madurado y han alcanzado el éxito.

A mi entender cuando el Estado asuma como política la promoción, acompañamiento y desarrollo de las cooperativas agropecuarias, y solo entonces, cuando se diseñen programas y proyectos de acompañamiento a las nuevos grupos cooperativos en gestación, los cuales pretenden agrupar a los pequeños productores del país, teniendo como responsables a las instituciones, no únicamente al presidente de la república, entonces estaremos sentando las bases del crecimiento y desarrollo sostenible de la agricultura en nuestro país, así como nuestra soberanía alimentaria.

COOPSEMATEC, UNA COOPERATIVA DIFERENTE

La Asociación Dominicana de Ingenieros Agrónomos (ADIA) se siente comprometida con la suerte de los pequeños productores dominicanos. Por tal motivo promueve y apoya el desarrollo de la Cooperativa Agropecuaria de Servicios Múltiples Asistencia Técnica y Capacitación (COOPSEMATEC), impulsando un modelo diferente de cooperativismo agropecuario, tratando de asociar en su seno a grupos cooperativos para crear un encadenamiento productivo que agregue valor a la materia prima, y además generar oportunidades para la inclusión social de los sectores marginados de la sociedad rural de hoy (los jóvenes y las mujeres). Esta organización de segundo grado pretende convertirse en un verdadero consorcio con capacidad para impactar a grandes grupos sociales a lo largo de la cadena de valor.

II CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE COOPERATIVISMO

I CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE COOPERATIVISMO AGROPECUARIO

(Más abajo los enlaces de cada presentación)

1. Crecimiento Económico y Desarrollo Social. pdf

2. El Cooperativismo en el Modelo Económico Cubano. docx

3. El Cooperativismo, una Alternativa de Desarrollo. docx

4. El Cooperativismo, una Alternativa de Desarrollo. ppt

5. Estrategias Administrativas ante el Nuevo Régimen Fiscal. docx

6. Estrategias Administrativas ante el Nuevo Régimen Fiscal. pdf

7. Impacto Socioeconómico de la Coopfeproca, Azua. ppt

8. La Contabilidad Social. doc

9. Las Cooperativas como Herramientas de Desarrollo Territorial. docx

10. Las Cooperativas como Herramientas de Desarrollo Territorial. ppt

11. Perspectivas de Desarrollo del Cooperativismo Agropecuario en Rep. Dominicana. ppt

12. Propuesta de Estructura Institucional. docx