La Presidencia de la República sugirió ayer al Senado que elimine por ley los aportes de fondos públicos en los planes de pensiones complementarios, por considerar que se trata de una doble contribución por parte del Estado.
En tal sentido, la comisión designada por el Presidente de la República, Danilo Medina, para revisar la situación de las pensiones en el sector público, presidida por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, sugirió que sea modificado el anteproyecto de ley, que en ese sentido conoce una comisión del Senado. El proyecto es del senador oficialista por Santiago, Julio César Valentín, quien precisamente ayer propuso que toda persona que cobró una pensión en el Estado y continúa trabajando en otra institución pública, como es el caso de algunos integrantes de órganos constitucionales, debe pedir “disculpa” al país y devolver los fondos que le pertenecen al pueblo.
La duplicidad
Actualmente, los planes de pensiones complementarios, que se han creado en distintas instituciones del Estado, se fundamentan en aportaciones tanto de los empleados como de las instituciones que participan con fondos públicos.
Se cotiza a través de la ley 87-01 de manera obligatoria y se realizan aportes extraordinarios de manera voluntaria. “Esta duplicidad es la que se desea eliminar”, dijo la comisión, a través de una nota enviada por la Presidencia.
Recomendó también que todo nuevo plan que se cree sea complementario y fundamentado en capitalización individual y contribución definida, para garantizar el equilibrio financiero.
Planes no registrados
Asimismo, la comisión señaló que los planes no registrados conforme a la Ley 87-01, en los plazos establecidos en la misma, deberán cesar sus operaciones e incorporarse al sistema nuevo.
Se recomienda, además, la prohibición de crear planes con beneficios definidos, establecer un corte para reconocimiento de derechos adquiridos de los referidos planes y liquidar todo plan que esté fundamentado en este tipo de beneficio.
Todas estas medidas, según explicó el ministro Montalvo, están encaminadas a “racionalizar el gasto del Estado, lograr una fiscalización eficaz y tener un mayor control sobre los aportes”.
EL FORTALECIMIENTO DE LA SIPEN POR LEY
Por otra parte, los comisionados resaltaron la incompatibilidad entre pensión y empleo remunerado en el Estado, la cual establece que no podrá disfrutarse de más de una pensión con cargo al erario, ni será compatible la calidad de jubilado o pensionado del Estado con la de servidor o funcionario público, salvo las excepciones previstas en la ley y en la Constitución de la República. Adicionalmente, se sugiere legislar para asegurar el fortalecimiento de la Superintendencia de Pensiones (Sipen), a fin de facultarla legalmente para intervenir y liquidar los planes existentes que no estén regulados en el sistema y evitar así las distorsiones existentes.
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