Uno de los asesinados por encargo en Santiago.
Sd. El sicariato en el país constituye una maquinaria que cada vez cobra más fuerza, o peor, más vidas. Más de medio centenar de muertos en apenas dos años, y más de una treintena de detenidos por estos crímenes reflejan el auge de una industria que, además, mueve millones.
Un pequeño conteo de aquellos casos que por su relevancia se dieron a conocer a la opinión pública, muestra un total de 58 personas que perdieron su vida en lo que las autoridades calificaron como una "muerte por encargo". Esta cantidad sólo incluye los casos que se sucedieron entre el 2008 y lo que va de este año, y por los cuales la Policía Nacional ha detenido y sometido a la justicia a unas 40 personas.
De estos asesinatos, sólo en siete casos que se dieron a conocer los montos pagados por el encargo, se totalizan RD$ 2,887,000. La vida de cada una de esas víctimas, o su muerte, costó de 30 mil pesos en adelante.
Los últimos hechos dejan de lado la creencia de que los sicarios son personas que vienen de otros países para ejecutarlos.
El fiscal del Distrito, Alejandro Moscoso Segarra, decía en junio pasado, que muchos de estos casos son contratados fuera del país y vienen sólo a ejecutar un mandato. Sin embargo, en los sometimientos que han anunciado las autoridades, en su mayoría son dominicanos, a veces presuntos miembros de bandas, cuyo accionar se circunscribe al país, aunque algunas con deportados entre sus presuntos miembros. Agentes policiales y militares también suelen ser o formar parte de estos grupos de "matones pagados". Tal es el sonado caso de la matanza de Paya en Baní, donde los presuntos ejecutores de las muertes de siete colombianos, por un supuesto ajuste por drogas, fueron militares y policías activos.
Los casos
Entre los hechos más recientes de sicariato se encuentran las muertes de unas siete personas relacionadas presuntamente al caso del narcotraficante boricua José Figueroa Agosto.
En enero pasado se generó gran revuelo cuando la Policía Nacional informó el apresamiento de un grupo de personas que se dedicaba a matar por encargo, entre los que estaban un teniente de la fuerza aérea y el hijo de una diputada, a quienes se les atribuyó haber ejecutado a por lo menos 12 personas y de herir a otras siete.
Otros hechos, menos sonados, pero que fueron noticia en su momento, son la de cuatro hombres, entre ellos un repatriado de Estados Unidos y un raso de la Policía, quienes habrían matado a la señora Ana Iris Mejía Martínez, en marzo del 2009, en La Vega. Por esa muerte se habría pagado RD$330 mil.
En abril del año pasado, un juez de instrucción dictó un año de prisión preventiva al presunto narcotraficante Franklin Domínguez Hiraldo, quien supuestamente pagaba a agentes policiales de Puerto Plata para eliminar a sus rivales. Ocho policías fueron detenidos entonces, quedando en libertad otros 23 que estaban involucrados. En septiembre pasado fue detenido en Santiago, Felipe Javier Pérez Fernández, acusado de la muerte por encargo de por lo menos 10 personas, en esa provincia, y en octubre, un ex capitán de la Policía fue sometido a la Justicia por supuestamente haber decapitado a otro agente, y entregarle la cabeza a unos colombianos.
Para el presidente de la Sociedad Dominicana de Criminología, Wilfredo Mora, el sicariato ya no constituye un hecho aislado, sino que se ha convertido en una verdadera industria en el país. Esta industria se sustenta, según dice, en "individuos de vida infame pero encubierta porque el poder político les permite el dinero fácil". También en "un deterioro moral que afecta a las personas de sectores más bajos, que se prestan a cualquier cosa por dinero".
Esta práctica, plantea, "se manifiesta en un sentimiento de inseguridad ciudadana que alcanza niveles de pánico, de malestar generalizado y que obliga a cuestionar el connubio entre la suerte de los sicarios y la eficacia policial".
Guillermo Antonio Tejada Kranwinkel, en marzo del 2008; el camarógrafo Normando García (Azabache), y un taxista , sucedido en agosto del 2008 en Santiago; Alexander Vargas y Francisco Apolinar Reynoso, en febrero del 2008, Antonio Ross, en noviembre del 2008, en Baní. También Ramón Argenis Guerra Durán, del departamento de control del Puerto Multimodal Caucedo, en Boca Chica, marzo del 2009, José Ramón Crespo Martínez, en diciembre en Santiago. En marzo de este año, el ingeniero Alejandro Amparo Luna, la señora Milva Ogando, en Los Alcarrizos y Arturo Delgado Cordero, en San Cristóbal. Si se comprueba, habría que sumar los 36 de Serumberto Reynoso (Vantroy).
Un pequeño conteo de aquellos casos que por su relevancia se dieron a conocer a la opinión pública, muestra un total de 58 personas que perdieron su vida en lo que las autoridades calificaron como una "muerte por encargo". Esta cantidad sólo incluye los casos que se sucedieron entre el 2008 y lo que va de este año, y por los cuales la Policía Nacional ha detenido y sometido a la justicia a unas 40 personas.
De estos asesinatos, sólo en siete casos que se dieron a conocer los montos pagados por el encargo, se totalizan RD$ 2,887,000. La vida de cada una de esas víctimas, o su muerte, costó de 30 mil pesos en adelante.
Los últimos hechos dejan de lado la creencia de que los sicarios son personas que vienen de otros países para ejecutarlos.
El fiscal del Distrito, Alejandro Moscoso Segarra, decía en junio pasado, que muchos de estos casos son contratados fuera del país y vienen sólo a ejecutar un mandato. Sin embargo, en los sometimientos que han anunciado las autoridades, en su mayoría son dominicanos, a veces presuntos miembros de bandas, cuyo accionar se circunscribe al país, aunque algunas con deportados entre sus presuntos miembros. Agentes policiales y militares también suelen ser o formar parte de estos grupos de "matones pagados". Tal es el sonado caso de la matanza de Paya en Baní, donde los presuntos ejecutores de las muertes de siete colombianos, por un supuesto ajuste por drogas, fueron militares y policías activos.
Los casos
Entre los hechos más recientes de sicariato se encuentran las muertes de unas siete personas relacionadas presuntamente al caso del narcotraficante boricua José Figueroa Agosto.
En enero pasado se generó gran revuelo cuando la Policía Nacional informó el apresamiento de un grupo de personas que se dedicaba a matar por encargo, entre los que estaban un teniente de la fuerza aérea y el hijo de una diputada, a quienes se les atribuyó haber ejecutado a por lo menos 12 personas y de herir a otras siete.
Otros hechos, menos sonados, pero que fueron noticia en su momento, son la de cuatro hombres, entre ellos un repatriado de Estados Unidos y un raso de la Policía, quienes habrían matado a la señora Ana Iris Mejía Martínez, en marzo del 2009, en La Vega. Por esa muerte se habría pagado RD$330 mil.
En abril del año pasado, un juez de instrucción dictó un año de prisión preventiva al presunto narcotraficante Franklin Domínguez Hiraldo, quien supuestamente pagaba a agentes policiales de Puerto Plata para eliminar a sus rivales. Ocho policías fueron detenidos entonces, quedando en libertad otros 23 que estaban involucrados. En septiembre pasado fue detenido en Santiago, Felipe Javier Pérez Fernández, acusado de la muerte por encargo de por lo menos 10 personas, en esa provincia, y en octubre, un ex capitán de la Policía fue sometido a la Justicia por supuestamente haber decapitado a otro agente, y entregarle la cabeza a unos colombianos.
Para el presidente de la Sociedad Dominicana de Criminología, Wilfredo Mora, el sicariato ya no constituye un hecho aislado, sino que se ha convertido en una verdadera industria en el país. Esta industria se sustenta, según dice, en "individuos de vida infame pero encubierta porque el poder político les permite el dinero fácil". También en "un deterioro moral que afecta a las personas de sectores más bajos, que se prestan a cualquier cosa por dinero".
Esta práctica, plantea, "se manifiesta en un sentimiento de inseguridad ciudadana que alcanza niveles de pánico, de malestar generalizado y que obliga a cuestionar el connubio entre la suerte de los sicarios y la eficacia policial".
Guillermo Antonio Tejada Kranwinkel, en marzo del 2008; el camarógrafo Normando García (Azabache), y un taxista , sucedido en agosto del 2008 en Santiago; Alexander Vargas y Francisco Apolinar Reynoso, en febrero del 2008, Antonio Ross, en noviembre del 2008, en Baní. También Ramón Argenis Guerra Durán, del departamento de control del Puerto Multimodal Caucedo, en Boca Chica, marzo del 2009, José Ramón Crespo Martínez, en diciembre en Santiago. En marzo de este año, el ingeniero Alejandro Amparo Luna, la señora Milva Ogando, en Los Alcarrizos y Arturo Delgado Cordero, en San Cristóbal. Si se comprueba, habría que sumar los 36 de Serumberto Reynoso (Vantroy).
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