Rafael Corporán recibe el Soberano del Casandra

miércoles, 23 de marzo de 2011

Rafael Corporán recibe el Soberano del Casandra

Santo Domingo

La espera terminó. Rafael Corporán de los Santos fue honrado con El Soberano, luego de que su nombre sonara dentro del pueblo como merecedor del premio máximo de la noche durante varios años. “Quiero agradecer de todo corazón, a una familia que me vio comenzar”, externó el conductor de televisión.

“El viejo Corpo” recibió el galardón pasada la medianoche de manos del presidente de Acroarte, Feliz Vinicio Lora; el presidente de la Cervecería Nacional Dominicana, Franklin León, y en representación de la familia de Casandra, la señora Luisa Rivera Damirón.

Disperso en su discurso, Corporán no mencionó al momento de agradecer la distinción a la Asociación de Cronistas de Arte, entidad que lo eligió como el ganador del importante premio.

La fiesta más importante de los artistas dominicanos tuvo en esta nueva edición su mejor entrega en cuanto a producción se refiere. No solo fue ágil y entretenida, vistosa, sino que contó con una variedad musical.

Con un escenario impresionante y un espectáculo que sacó lo mejor de cada uno de los que en él participaron, al trabajo de René Brea, director artístico de la ceremonia, sólo hay que reprocharle algunos fallos en el sonido.

La parte musical dejó complacidos a todos los gustos dando un paseo por todos los géneros de la música popular dominicana, con incidencia en la actualidad.

En ese sentido, los artistas nuevos tuvieron una participación preponderante desde el momento en que comenzó el show y de inmediato la música urbana se hizo dueña al ritmo de El Cata, Pittbull y Jencarlos Canela.

Los siguientes segmentos musicales siguieron dando variedad a una noche, con la participación de Johnny Ventura, Fernando Villalo- na, Eddy Herrera y Toño Rosario, quienes evocaron al “Rat Pack”, versionando sus conocidos merengues al estilo de los “crooners”.

Conducción y sorpresas Roberto Ángel pasó la prueba en una labor que recibe el escrutinio de todos los que cada año no se pierden la ce remonia, iniciando con buen pie al hacer la introducción de la gala con una canción con la melodía del rap “Margarita”, que cantaba Freddy Beras Goico y Felipe Polanco (Boruga), iniciando con un homenaje al fallecido comunicador y humorista.

La repartición de los premios no tuvo tantas sorpresas y solo las hubo en el renglón televisión, específicamente en las categorías de Revista Semanal, que fue a parar a manos de De Calle con Dafne, y el galardón al Animador, que cayó en manos de Michael Miguel.

En la ceremonia, que cerró la parte musical con la participación de Juan Luis Guerra y Fefita La Grande, al ritmo del merengue típico “El Farolito”, recibieron casandras internacionales Silvio Rodríguez, Rosario Flores, Jencarlos Canela y Pitbull.

Nuestras coincindecias

LISTA PARCIAL DE GANADORES
Orquesta Merenguera
Héctor Acosta “El Torito”
Agrupacion bachatera
Zacarías Ferreira
Álbum Musical
A Son de Guerra – Juan Luis Guerra
Cantante Solista Masculino
Wason Brazobán
Revelación del Año
Prince Royce
Concierto del Año
Rocksario (Hermanos Rosario)
Espectáculo del Año
The Last (Aventura)
Música Religiosa Contemporánea
Tercer Cielo
Arreglista
José Peña Suazo
Autor de letras
Juan Luis Guerra
Artista y/o Agrupación Urbana
Vakeró
Programa Diario de Variedades
Super Éxitos
Programa Infantil
Kankimanía
Programa Juvenil
Iamdra Full
Programa de Humor
A Reír con Raymond y Miguel

Locutor

Patricia Pimentel
Animador
Michael Miguel
Presentador
Pamela Sued
Video Clip
Lo perdí todo – Dirección:
Jochy Fersobe (Artista: Eddy Herrera)
Programa Semanal de Variedades
Divertido con Jochy
Programa de Investigacion
Nuria
Revista semanal
De Calle con Dafne
Especial de Televisión
Mil Historias. La batalla por crecer – Judith Leclerc
Producción Cinematográfica de Ficción y/o documental
Trópico de sangre –Juan Deláncer
Director Cinematográfico
Juan Deláncer – Trópico de sangre
Actriz del Año
Michelle Rodríguez – Trópico de Sangre

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El financiamiento de los partidos políticos en el país: articulo del expresidente Leonel Fernández

Leonel Fernández

@leonelfernandez

Santo Domingo

Durante las últimas semanas la Comisión Bicameral del Congreso Nacional ha avanzado a un ritmo tal en el conocimiento del proyecto de ley de partidos políticos que ha entrado en los temas más controversiales.

Entre esos temas se encuentra el relativo al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, que figura en el título V del referido proyecto de ley, y abarca desde el artículo 53 al 67.

La reglamentación sobre el financiamiento de los partidos políticos resulta controversial por el papel que desempeña el dinero en las competencias políticas democráticas o electorales.

Aunque en algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, se habían establecido mecanismos de regulación al uso de los recursos económicos en el ámbito político, desde la primera mitad del siglo XX, fue en realidad, desde fines de los años 70, al producirse la transición hacia sistemas políticos democráticos que en la región se desarrolló la tendencia hacia la regulación financiera de los partidos políticos.

De esa manera, en medio de un gran debate se planteó la posibilidad de utilizar fondos públicos en el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos y de las campañas electorales. En principio, hubo cierta reticencia a que se procediese de esa manera. Se sostenía que era injusto utilizar recursos provenientes de los contribuyentes a favor de instituciones políticas que no habían conquistado plenamente la confianza de los ciudadanos.

Sin embargo, con posterioridad llegó a comprenderse la necesidad e importancia de una financiación pública a la actividad política, debido al poder e influencia que pudiera derivarse de un financiamiento proveniente exclusivamente del sector privado.

Así, de esa forma, surgió el criterio de combinar financiación pública con la privada, estableciéndose un sistema o mecanismo de carácter mixto, que es el que, en sentido general, actualmente predomina en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Lo que se ha venido planteando durante las últimas dos décadas es el de reglamentar la manera en que los partidos reciben los ingresos y el de cómo los gastan, de una manera que resulte legal, equitativa, justa, transparente y susceptible de rendición de cuentas y sanciones en caso de violación a las normas.

Naturalmente, a pesar de esos criterios no existe ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo una legislación que tenga carácter de universalidad y que sirva como patrón de referencia a todas las demás. Lo que hay son diversas leyes o normas que se ajustan a las condiciones específicas de cada país y que procuran el que se cumplan con los valores y principios previamente enunciados.

Límites y prohibiciones
Para recibir fondos provenientes del Estado, una organización política generalmente está sujeta a la obtención de un porcentaje mínimo de votos, que suele ser de no menos de un 2%; o de haber alcanzado un nivel de representación en el Congreso Nacional o en la Alcaldía Municipal.

Al suscitarse la reflexión en torno a la equidad o justicia con que se distribuyen los fondos públicos, se ha sugerido que esa distribución se produzca en cantidades iguales para cada partido. Eso significaría entregarle igual cantidad de dinero a los partidos grandes que a los partidos pequeños, lo que se estima es algo inadecuado porque los pequeños no tienen el mismo nivel de representación que los grandes.

Por consiguiente, a diferencia de ese criterio de equidad se ha elaborado la idea de que lo que realmente procede es una distribución en cantidades proporcionales en relación al número de votos obtenidos en el último certamen electoral; o una combinación de montos equitativos y proporcionales a los votos recibidos.

En lo que respecta a los aportes privados, la preocupación reside en determinar el origen o procedencia de esos recursos; la cantidad que pueda ser contribuida; las prohibiciones de recepción de determinadas contribuciones; las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones; y las sanciones a ser establecidas en caso de violación.

Resulta evidente el interés que pueda haber respecto al origen y procedencia de los recursos. Lo que se procura es evitar la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, y por consiguiente, en las posibilidades de influir en las futuras autoridades del Estado.

Lo mismo puede decirse en lo que atañe a la cantidad o monto a ser aportado. Algunos estiman que una contribución de un monto elevado podría implicar la compra de la voluntad del futuro funcionario, o el potencial ejercicio del tráfico de influencias. Otros, no obstante, consideran que con las aportaciones privadas, lo que el donante tiene como objetivo es lograr acceso a las autoridades para procurar prevenir eventuales abusos de poder por parte de funcionarios subalternos.

Pero así como algunas legislaciones limitan la cantidad a ser aportadas por una entidad privada, todas las legislaciones coinciden, sin embargo, en prohibir aportaciones realizadas por gobiernos extranjeros. Ese es un punto crucial, en razón de que en caso de aceptar donaciones provenientes de gobiernos extranjeros, eso equivaldría a intromisión en los asuntos internos de un país y vulnerabilidad al ejercicio de su soberanía.

De igual manera, algunas legislaciones prohíben que personas o empresas extranjeras realicen contribuciones a partidos políticos o para campañas electorales. Pero esto no tiene carácter general, ya que en muchos países si se permite, y por lo tanto, no se considera una práctica ilícita.

El proyecto dominicano
El actual proyecto de ley de partidos políticos que examina la Comisión Bicameral del Congreso Nacional contempla un sistema mixto, público y privado, de financiación de los partidos y agrupaciones políticas.

Corresponderá a la Junta Central Electoral la entrega de los recursos provenientes del Estado a las organizaciones políticas. Sin embargo, queda prohibido para cualquier otra institución del Estado, ya sea un ministerio, un organismo descentralizado o un ayuntamiento, entregar fondos, de manera directa o indirecta, a un partido o agrupación política.

De ser aprobado el proyecto de ley, un 80% de los recursos públicos será distribuido a los partidos en función de los votos obtenidos en la última elección; y un 20% en partes iguales entre todos los partidos incluyendo los de nuevo reconocimiento.

Ahora bien, un 50% de los recursos del Estado serán destinados para cubrir los gastos administrativos operacionales; un 15% a los gastos de educación y capacitación de los miembros de la organización política; y un 35% para apoyar la organización de los procesos internos de elección de dirigentes, primarias internas y candidaturas a puestos de elección popular.

En lo que atañe a las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos y a los candidatos, no podrán ser superiores al 1% del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación del fondos públicos. Eso quiere decir que si el partido que mayor cantidad de fondos reciba de la Junta Central Electoral alcanza la cifra, por ejemplo, de 700 millones de pesos, la contribución individual no podría ser mayor de 7 millones de pesos.

En los Estados Unidos, esos límites o topes al aporte privado se han visto superados mediante la creación de unos llamados Comités de Acción Política, los cuales directamente pueden invertir en la campaña del partido; y lo único que les está prohibido es la entrega directa de fondos al candidato.

Siguiendo la tendencia de la generalidad de las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe, nuestro proyecto de ley considera como contribuciones ilícitas, las provenientes de gobiernos extranjeros; las de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades delictivas; las que no pueda determinarse su procedencia u origen; y las de personas físicas subordinadas cuando les hayan sido impuestas arbitrariamente por sus superiores jerárquicos.

Nuestro proyecto de ley prevé que la Junta Central Electoral creará una unidad especializada de control financiero de los partidos políticos, que tendrá, entre sus funciones, la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos, así como sus topes de gastos.

De igual manera, prevé sanciones a los partidos y agrupaciones políticas que van desde la fijación de multas de 100 a 200 salarios mínimos, hasta la privación de libertad de sus miembros, cuando haya habido apropiación indebida de los recursos de la organización política, destinándose a un uso distinto al dispuesto en la norma.

Al estar llegando la Comisión Bicameral del Congreso Nacional a la fase final del estudio y evaluación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, pronto la aprobación de este proyecto se convertirá en el tema principal para garantizar el tránsito de la democracia dominicana a una nueva etapa, que será de mayor participación política de los ciudadanos; de mayor institucionalización interna de los partidos; de mayor capacitación de los afiliados; y de mayor transparencia en el uso de los recursos económicos.

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miércoles, 23 de marzo de 2011