Neftalí Feliz es el 7mo. de RD “Novato del Año”

martes, 16 de noviembre de 2010

Neftalí Feliz es el 7mo. de RD “Novato del Año”

Nueva York

Rivales en la pasada Serie Mundial, el cerrador dominicano Neftalí Féliz y el receptor Buster Posey fueron galardonados el lunes como los Novatos del Año.

Féliz, de 22 años, recibió el premio de la Liga Americana tras una temporada en la que estableció un récord de rescates para un novato con 40 para los Rangers de Texas.

Con su cañón de brazo derecho, Féliz es el séptimo dominicano y primer lanzador que recibe el premio. Los anteriores fueron Hanley Ramírez, Albert Pujols, Rafael Furcal, Raúl Mondesí, Ángel Berroa y Alfredo Griffin.

“Ganar este premio me hace sentir muy orgulloso, estoy representando a mi país”, declaró Féliz en una teleconferencia. “Mi nombre ahora está al lado de varios grandes”.

Dueño de una recta que suele rozar las 100 millas por hora, Féliz llegó a Texas con perfil de abridor pero las circunstancias dentro del equipo forzaron a que trabajase desde el bullpen.

Es algo que ahora acepta y asimila mejor.

“Me voy acostumbrando al rol de cerrador, algo que disfruto y me encanta hacer”, señaló Féliz. “He sido abri- dor toda mi carrera. Pero es una decision del equipo y siempre trataré de ayudar en lo que el equipo decida”.

Posey se llevó el laurel de la Liga Nacional. Tras debutar en mayo con los Gigantes, el aporte del catcher de 23 años –con .305 de promedio, 18 jonrones y 67 remolcadas– fue vital para que San Francisco se encaminase a su primer campeonato de la Serie Mundial desde que la franquicia se instaló en la ciudad en 1958.

Los Gigantes vencieron a los Rangers en el Clásico de Otoño.

Feliz salió primero en 20 de las 28 papeletas de las menciones de la votación de Asociación de Redactores de Béisbol de Nortamérica (BBWAA). Su total de puntos fue de 122, según una tabulación 5-3-1 para los tres primeros, y así superó con amplio margen los 98 obtenidos por Austin Jackson, jardinero central de los Tigres de Detroit. Posey obtuvo 20 de 32 votos a primero para acumular 129 puntos. Fue escoltado por el jardinero de los Bravos Jason Hayward con 107 y el abridor mexicano de los Cardenales Jaime García con 24.

Payano felicita
El ministro de Deportes, Felipe Payano, felicitó ayer al novato sensación, Neftalí Féliz, de los Rancheros de Texas, por haber conquistado el galardón de “Novato del Año” en la Liga Americana, premio de hacer llenar de orgullo a todos los dominicanos y todos los jóvenes del mundo.

“Hace varios días, el joven nativo de Azua que brilló en su primera campaña completa con los Rancheros de Texas y a quien ayudó a ir a la Serie Mundial, nos visitó en nuestro despacho en la cartera y allí hablamos de muchos temas importantes, sobre todo el ascenso que ha logrado este dominicano de apenas 20 años ”, adujo.

También recordó que encendió la antorcha en los pasados Juegos Provinciales en un momento bien emocionante del acto.

La votación fue realizada por miembros de la BBWAA en cada ciudad tras la temporada regular.

Féliz ni siquiera comenzó el año con el puesto fijo como cerrador.

DOMINICANOS QUE HAN GANADO NOVATO DEL AÑO

Año Jugador Equipo
2010 Neftali Feliz Texas
2006 Hanley Ramírez Marlins
2003 Angel Berroa Kansas City
2001 Albert Pujols Cardenales
2000 Rafael Furcal Bravos
1994 Raúl Mondesí Dodgers
1979 Alfredo Griffin Indios

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El financiamiento de los partidos políticos en el país: articulo del expresidente Leonel Fernández

Leonel Fernández

@leonelfernandez

Santo Domingo

Durante las últimas semanas la Comisión Bicameral del Congreso Nacional ha avanzado a un ritmo tal en el conocimiento del proyecto de ley de partidos políticos que ha entrado en los temas más controversiales.

Entre esos temas se encuentra el relativo al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, que figura en el título V del referido proyecto de ley, y abarca desde el artículo 53 al 67.

La reglamentación sobre el financiamiento de los partidos políticos resulta controversial por el papel que desempeña el dinero en las competencias políticas democráticas o electorales.

Aunque en algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, se habían establecido mecanismos de regulación al uso de los recursos económicos en el ámbito político, desde la primera mitad del siglo XX, fue en realidad, desde fines de los años 70, al producirse la transición hacia sistemas políticos democráticos que en la región se desarrolló la tendencia hacia la regulación financiera de los partidos políticos.

De esa manera, en medio de un gran debate se planteó la posibilidad de utilizar fondos públicos en el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos y de las campañas electorales. En principio, hubo cierta reticencia a que se procediese de esa manera. Se sostenía que era injusto utilizar recursos provenientes de los contribuyentes a favor de instituciones políticas que no habían conquistado plenamente la confianza de los ciudadanos.

Sin embargo, con posterioridad llegó a comprenderse la necesidad e importancia de una financiación pública a la actividad política, debido al poder e influencia que pudiera derivarse de un financiamiento proveniente exclusivamente del sector privado.

Así, de esa forma, surgió el criterio de combinar financiación pública con la privada, estableciéndose un sistema o mecanismo de carácter mixto, que es el que, en sentido general, actualmente predomina en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Lo que se ha venido planteando durante las últimas dos décadas es el de reglamentar la manera en que los partidos reciben los ingresos y el de cómo los gastan, de una manera que resulte legal, equitativa, justa, transparente y susceptible de rendición de cuentas y sanciones en caso de violación a las normas.

Naturalmente, a pesar de esos criterios no existe ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo una legislación que tenga carácter de universalidad y que sirva como patrón de referencia a todas las demás. Lo que hay son diversas leyes o normas que se ajustan a las condiciones específicas de cada país y que procuran el que se cumplan con los valores y principios previamente enunciados.

Límites y prohibiciones
Para recibir fondos provenientes del Estado, una organización política generalmente está sujeta a la obtención de un porcentaje mínimo de votos, que suele ser de no menos de un 2%; o de haber alcanzado un nivel de representación en el Congreso Nacional o en la Alcaldía Municipal.

Al suscitarse la reflexión en torno a la equidad o justicia con que se distribuyen los fondos públicos, se ha sugerido que esa distribución se produzca en cantidades iguales para cada partido. Eso significaría entregarle igual cantidad de dinero a los partidos grandes que a los partidos pequeños, lo que se estima es algo inadecuado porque los pequeños no tienen el mismo nivel de representación que los grandes.

Por consiguiente, a diferencia de ese criterio de equidad se ha elaborado la idea de que lo que realmente procede es una distribución en cantidades proporcionales en relación al número de votos obtenidos en el último certamen electoral; o una combinación de montos equitativos y proporcionales a los votos recibidos.

En lo que respecta a los aportes privados, la preocupación reside en determinar el origen o procedencia de esos recursos; la cantidad que pueda ser contribuida; las prohibiciones de recepción de determinadas contribuciones; las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones; y las sanciones a ser establecidas en caso de violación.

Resulta evidente el interés que pueda haber respecto al origen y procedencia de los recursos. Lo que se procura es evitar la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, y por consiguiente, en las posibilidades de influir en las futuras autoridades del Estado.

Lo mismo puede decirse en lo que atañe a la cantidad o monto a ser aportado. Algunos estiman que una contribución de un monto elevado podría implicar la compra de la voluntad del futuro funcionario, o el potencial ejercicio del tráfico de influencias. Otros, no obstante, consideran que con las aportaciones privadas, lo que el donante tiene como objetivo es lograr acceso a las autoridades para procurar prevenir eventuales abusos de poder por parte de funcionarios subalternos.

Pero así como algunas legislaciones limitan la cantidad a ser aportadas por una entidad privada, todas las legislaciones coinciden, sin embargo, en prohibir aportaciones realizadas por gobiernos extranjeros. Ese es un punto crucial, en razón de que en caso de aceptar donaciones provenientes de gobiernos extranjeros, eso equivaldría a intromisión en los asuntos internos de un país y vulnerabilidad al ejercicio de su soberanía.

De igual manera, algunas legislaciones prohíben que personas o empresas extranjeras realicen contribuciones a partidos políticos o para campañas electorales. Pero esto no tiene carácter general, ya que en muchos países si se permite, y por lo tanto, no se considera una práctica ilícita.

El proyecto dominicano
El actual proyecto de ley de partidos políticos que examina la Comisión Bicameral del Congreso Nacional contempla un sistema mixto, público y privado, de financiación de los partidos y agrupaciones políticas.

Corresponderá a la Junta Central Electoral la entrega de los recursos provenientes del Estado a las organizaciones políticas. Sin embargo, queda prohibido para cualquier otra institución del Estado, ya sea un ministerio, un organismo descentralizado o un ayuntamiento, entregar fondos, de manera directa o indirecta, a un partido o agrupación política.

De ser aprobado el proyecto de ley, un 80% de los recursos públicos será distribuido a los partidos en función de los votos obtenidos en la última elección; y un 20% en partes iguales entre todos los partidos incluyendo los de nuevo reconocimiento.

Ahora bien, un 50% de los recursos del Estado serán destinados para cubrir los gastos administrativos operacionales; un 15% a los gastos de educación y capacitación de los miembros de la organización política; y un 35% para apoyar la organización de los procesos internos de elección de dirigentes, primarias internas y candidaturas a puestos de elección popular.

En lo que atañe a las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos y a los candidatos, no podrán ser superiores al 1% del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación del fondos públicos. Eso quiere decir que si el partido que mayor cantidad de fondos reciba de la Junta Central Electoral alcanza la cifra, por ejemplo, de 700 millones de pesos, la contribución individual no podría ser mayor de 7 millones de pesos.

En los Estados Unidos, esos límites o topes al aporte privado se han visto superados mediante la creación de unos llamados Comités de Acción Política, los cuales directamente pueden invertir en la campaña del partido; y lo único que les está prohibido es la entrega directa de fondos al candidato.

Siguiendo la tendencia de la generalidad de las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe, nuestro proyecto de ley considera como contribuciones ilícitas, las provenientes de gobiernos extranjeros; las de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades delictivas; las que no pueda determinarse su procedencia u origen; y las de personas físicas subordinadas cuando les hayan sido impuestas arbitrariamente por sus superiores jerárquicos.

Nuestro proyecto de ley prevé que la Junta Central Electoral creará una unidad especializada de control financiero de los partidos políticos, que tendrá, entre sus funciones, la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos, así como sus topes de gastos.

De igual manera, prevé sanciones a los partidos y agrupaciones políticas que van desde la fijación de multas de 100 a 200 salarios mínimos, hasta la privación de libertad de sus miembros, cuando haya habido apropiación indebida de los recursos de la organización política, destinándose a un uso distinto al dispuesto en la norma.

Al estar llegando la Comisión Bicameral del Congreso Nacional a la fase final del estudio y evaluación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, pronto la aprobación de este proyecto se convertirá en el tema principal para garantizar el tránsito de la democracia dominicana a una nueva etapa, que será de mayor participación política de los ciudadanos; de mayor institucionalización interna de los partidos; de mayor capacitación de los afiliados; y de mayor transparencia en el uso de los recursos económicos.

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martes, 16 de noviembre de 2010