El fraude eléctrico se practica en todos los estratos sociales de esta República. La energía del sistema nacional se la roban los pobres y se la roban los ricos, muchas veces con el apoyo de empleados o ex empleados de las empresas distribuidoras de electricidad.
“Hay personas que desarrollan sus habilidades técnicas dentro de las empresas, y cuando son expulsadas por conductas inapropiadas terminan conformando bandas dedicadas al negocio del fraude”, explicó Moisés Ferrer, encargado de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), al presentar los registros que indican que, de febrero a la fecha, su equipo ha manejado 1,021 expedientes de fraude cometidos contra la distribuidora Edenorte; 985 expedientes de Edesur; y 68 de Edeeste.
Ferrer anunció que, en vista de la especialización que se observa en el hurto eléctrico, la procuraduría que dirige se prepara para darle un tratamiento de “delincuencia organizada” a los casos de mayor relevancia.
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