Entre los puntos que Bonetti de Valiente consideró improcedentes mencionó el que se pretenda crear una nueva burocracia, el establecimiento de mejores salarios para los profesionales y empleados de la zona fronteriza. Resaltó que dicho proyecto plantea una tasa preferencial en las monedas extranjeras que se requieren para la importación de maquinarias e insumos a las empresas en la región fronteriza, sin tomar en cuenta "las ecciones del pasado en ese sentido y como si fuese posible controlar vasos comunicantes que se originarían con una medida de tal naturaleza”.
El proyecto sometido al Senado por Sánchez Roa otorgaría incentivos como no pagar el 100% de libertad de tránsito y uso de puertos y aeropuertos a las empresas que inviertan en la zona fronteriza. Además fijaría para las empresas instaladas y a instalarse en las siete provincias fronterizas del país una reducción del 100% de cualquier otro impuesto, tasa o contribución vigente a la fecha o que se establezcan en el futuro, mientras estén vigentes los 20 años de las exenciones contempladas en la ley.
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