PRD, ¡cuántos errores!

miércoles, 13 de junio de 2012

PRD, ¡cuántos errores!

Por ROSARIO ESPINAL

A pesar de todos los errores que el PRD ha cometido desde el poder y fuera, el partido mantuvo con José Francisco Peña Gómez cierta capacidad de arbitraje para dirimir conflictos internos.

Al morir Peña Gómez, con el deseo truncado de llegar al poder por la confabulación de la derecha dominicana, el electorado regaló al PRD tres triunfos electorales consecutivos: en 1998, 2000 y 2002. Fue una especie de venganza contra Balaguer y contra el PLD derechizado.

Sin embargo, desde el año 2000, los perredeístas han desaprovechado cada oportunidad para consolidarse como partido y como gobierno.

Primer error: en 2000-2004, el PRD malgastó una oportunidad brillante para afianzarse como ente de racionalidad estatal: Balaguer murió y el PLD era todavía un partido minúsculo. Pero Hipólito Mejía promovió un gran mercado clientelar sin racionalidad gubernamental que contribuyó a agudizar la crisis económica de 2003-2004.

Segundo error: en el contexto de desasosiego y orfandad que quedó el PRD después de la derrota electoral de 2004, Miguel Vargas gestó un liderazgo financiero-corporativo que mantuvo viva la organización, pero sin suficiente energía política. Aumentaron el caudal de votos entre 2006 y 2012 sin lograr la construcción de una mayoría electoral.

Tercer error: el llamado Nuevo PRD era también eminentemente conservador, y mantuvo alejada las fuerzas progresistas dominicanas, sin las cuales es muy difícil que el PRD gane elecciones.

Cuarto error: como Vargas no lograba afianzar su liderazgo en el partido a pesar de la gran inversión económica que hizo, necesitó la ayuda de Leonel Fernández para ascender como jefe del perredeísmo. Fernández necesitaba que Vargas firmara el pacto de la reforma constitucional para darle legitimidad, y Vargas necesitaba la antorcha para alcanzar rápidamente la presidencia del PRD. Aquí los perredeístas confundieron coyuntura con liderazgo.

Quinto error: con el pacto para la reforma constitucional de 2009, conocido como el pacto de las corbatas azules, que estableció la reelección no consecutiva, Miguel Vargas rehabilitó electoralmente a las dos principales figuras políticas del país: Leonel Fernández e Hipólito Mejía. Ambos le han dado con mandarria.

Sexto error: con la presidencia del PRD en manos, Vargas pensó que podía disponer a diestra y siniestra de los cargos y se ganó enemigos internos. El caso más relevante fue desplazar a Guido Gómez Mazara y a Tony Peña Guaba de las posiciones directivas a que aspiraban.

Séptimo error: bajo un democratismo sin institucionalidad, el PRD realizó primarias semi-abiertas. Miguel Vargas pensó que tenía los cabos atados para triunfar pero Hipólito Mejía ganó. El gobierno pescó en la contienda.

Octavo error: ni Hipólito Mejía ni Miguel Vargas tenían muchas posibilidades de ganarle a un PLD unificado, aunque las encuestas dijeran lo contrario a mediados de 2011. En vez de buscar una candidatura alternativa, atractiva y menos contaminada, ambos insistieron en ser precandidatos.

Noveno error, muchos perredeístas asumieron que ganarían las elecciones de 2012 por el descontento acumulado con el gobierno, y porque Leonel Fernández no daría su apoyo entusiasta a otro candidato peledeísta. Sin embargo, Fernández se empeñó a fondo en la campaña para dejar su partido y aliados en el poder.

Décimo error: como presidente del PRD, Miguel Vargas debió integrarse a la campaña. Así hubiese afirmado su poder en el partido si el PRD perdía, o hubiese ganado dinero si el PRD triunfaba. Con la derrota, tiene ahora una presidencia legal con legitimidad cuestionada, y un amplio segmento del partido en su contra.

La guerra abierta por el control del PRD que se escenifica en estos momentos será muy desgastante para el partido y tiene un claro beneficiari el PLD. Almomento.net

2 comentarios:

CESAR MATOS dijo...: Así quedaron las cosas. La solución la tiene el mismo PRD. Pero tendrán que aprender a ponerse de acuerdo en cuestiones elementales.; 6/13/2012 01:38:00 p. m.
patricia dijo...: Eso es cuestión de ponerse de acuerdo y de unirse, porque así no van a llegar a ningún lado; 6/13/2012 05:06:00 p. m.

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El financiamiento de los partidos políticos en el país: articulo del expresidente Leonel Fernández

Leonel Fernández

@leonelfernandez

Santo Domingo

Durante las últimas semanas la Comisión Bicameral del Congreso Nacional ha avanzado a un ritmo tal en el conocimiento del proyecto de ley de partidos políticos que ha entrado en los temas más controversiales.

Entre esos temas se encuentra el relativo al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, que figura en el título V del referido proyecto de ley, y abarca desde el artículo 53 al 67.

La reglamentación sobre el financiamiento de los partidos políticos resulta controversial por el papel que desempeña el dinero en las competencias políticas democráticas o electorales.

Aunque en algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, se habían establecido mecanismos de regulación al uso de los recursos económicos en el ámbito político, desde la primera mitad del siglo XX, fue en realidad, desde fines de los años 70, al producirse la transición hacia sistemas políticos democráticos que en la región se desarrolló la tendencia hacia la regulación financiera de los partidos políticos.

De esa manera, en medio de un gran debate se planteó la posibilidad de utilizar fondos públicos en el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos y de las campañas electorales. En principio, hubo cierta reticencia a que se procediese de esa manera. Se sostenía que era injusto utilizar recursos provenientes de los contribuyentes a favor de instituciones políticas que no habían conquistado plenamente la confianza de los ciudadanos.

Sin embargo, con posterioridad llegó a comprenderse la necesidad e importancia de una financiación pública a la actividad política, debido al poder e influencia que pudiera derivarse de un financiamiento proveniente exclusivamente del sector privado.

Así, de esa forma, surgió el criterio de combinar financiación pública con la privada, estableciéndose un sistema o mecanismo de carácter mixto, que es el que, en sentido general, actualmente predomina en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Lo que se ha venido planteando durante las últimas dos décadas es el de reglamentar la manera en que los partidos reciben los ingresos y el de cómo los gastan, de una manera que resulte legal, equitativa, justa, transparente y susceptible de rendición de cuentas y sanciones en caso de violación a las normas.

Naturalmente, a pesar de esos criterios no existe ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo una legislación que tenga carácter de universalidad y que sirva como patrón de referencia a todas las demás. Lo que hay son diversas leyes o normas que se ajustan a las condiciones específicas de cada país y que procuran el que se cumplan con los valores y principios previamente enunciados.

Límites y prohibiciones
Para recibir fondos provenientes del Estado, una organización política generalmente está sujeta a la obtención de un porcentaje mínimo de votos, que suele ser de no menos de un 2%; o de haber alcanzado un nivel de representación en el Congreso Nacional o en la Alcaldía Municipal.

Al suscitarse la reflexión en torno a la equidad o justicia con que se distribuyen los fondos públicos, se ha sugerido que esa distribución se produzca en cantidades iguales para cada partido. Eso significaría entregarle igual cantidad de dinero a los partidos grandes que a los partidos pequeños, lo que se estima es algo inadecuado porque los pequeños no tienen el mismo nivel de representación que los grandes.

Por consiguiente, a diferencia de ese criterio de equidad se ha elaborado la idea de que lo que realmente procede es una distribución en cantidades proporcionales en relación al número de votos obtenidos en el último certamen electoral; o una combinación de montos equitativos y proporcionales a los votos recibidos.

En lo que respecta a los aportes privados, la preocupación reside en determinar el origen o procedencia de esos recursos; la cantidad que pueda ser contribuida; las prohibiciones de recepción de determinadas contribuciones; las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones; y las sanciones a ser establecidas en caso de violación.

Resulta evidente el interés que pueda haber respecto al origen y procedencia de los recursos. Lo que se procura es evitar la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, y por consiguiente, en las posibilidades de influir en las futuras autoridades del Estado.

Lo mismo puede decirse en lo que atañe a la cantidad o monto a ser aportado. Algunos estiman que una contribución de un monto elevado podría implicar la compra de la voluntad del futuro funcionario, o el potencial ejercicio del tráfico de influencias. Otros, no obstante, consideran que con las aportaciones privadas, lo que el donante tiene como objetivo es lograr acceso a las autoridades para procurar prevenir eventuales abusos de poder por parte de funcionarios subalternos.

Pero así como algunas legislaciones limitan la cantidad a ser aportadas por una entidad privada, todas las legislaciones coinciden, sin embargo, en prohibir aportaciones realizadas por gobiernos extranjeros. Ese es un punto crucial, en razón de que en caso de aceptar donaciones provenientes de gobiernos extranjeros, eso equivaldría a intromisión en los asuntos internos de un país y vulnerabilidad al ejercicio de su soberanía.

De igual manera, algunas legislaciones prohíben que personas o empresas extranjeras realicen contribuciones a partidos políticos o para campañas electorales. Pero esto no tiene carácter general, ya que en muchos países si se permite, y por lo tanto, no se considera una práctica ilícita.

El proyecto dominicano
El actual proyecto de ley de partidos políticos que examina la Comisión Bicameral del Congreso Nacional contempla un sistema mixto, público y privado, de financiación de los partidos y agrupaciones políticas.

Corresponderá a la Junta Central Electoral la entrega de los recursos provenientes del Estado a las organizaciones políticas. Sin embargo, queda prohibido para cualquier otra institución del Estado, ya sea un ministerio, un organismo descentralizado o un ayuntamiento, entregar fondos, de manera directa o indirecta, a un partido o agrupación política.

De ser aprobado el proyecto de ley, un 80% de los recursos públicos será distribuido a los partidos en función de los votos obtenidos en la última elección; y un 20% en partes iguales entre todos los partidos incluyendo los de nuevo reconocimiento.

Ahora bien, un 50% de los recursos del Estado serán destinados para cubrir los gastos administrativos operacionales; un 15% a los gastos de educación y capacitación de los miembros de la organización política; y un 35% para apoyar la organización de los procesos internos de elección de dirigentes, primarias internas y candidaturas a puestos de elección popular.

En lo que atañe a las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos y a los candidatos, no podrán ser superiores al 1% del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación del fondos públicos. Eso quiere decir que si el partido que mayor cantidad de fondos reciba de la Junta Central Electoral alcanza la cifra, por ejemplo, de 700 millones de pesos, la contribución individual no podría ser mayor de 7 millones de pesos.

En los Estados Unidos, esos límites o topes al aporte privado se han visto superados mediante la creación de unos llamados Comités de Acción Política, los cuales directamente pueden invertir en la campaña del partido; y lo único que les está prohibido es la entrega directa de fondos al candidato.

Siguiendo la tendencia de la generalidad de las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe, nuestro proyecto de ley considera como contribuciones ilícitas, las provenientes de gobiernos extranjeros; las de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades delictivas; las que no pueda determinarse su procedencia u origen; y las de personas físicas subordinadas cuando les hayan sido impuestas arbitrariamente por sus superiores jerárquicos.

Nuestro proyecto de ley prevé que la Junta Central Electoral creará una unidad especializada de control financiero de los partidos políticos, que tendrá, entre sus funciones, la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos, así como sus topes de gastos.

De igual manera, prevé sanciones a los partidos y agrupaciones políticas que van desde la fijación de multas de 100 a 200 salarios mínimos, hasta la privación de libertad de sus miembros, cuando haya habido apropiación indebida de los recursos de la organización política, destinándose a un uso distinto al dispuesto en la norma.

Al estar llegando la Comisión Bicameral del Congreso Nacional a la fase final del estudio y evaluación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, pronto la aprobación de este proyecto se convertirá en el tema principal para garantizar el tránsito de la democracia dominicana a una nueva etapa, que será de mayor participación política de los ciudadanos; de mayor institucionalización interna de los partidos; de mayor capacitación de los afiliados; y de mayor transparencia en el uso de los recursos económicos.

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