El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) destituyó al magistrado José Ángel Aquino como coordinador de la Comisión de Oficialías del Registro Civil, y en su lugar designó a César Francisco Féliz Féliz.
La información la ofreció el presidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez, que al leer la resolución de los diputados, dijo que vistos todos y cada uno de los considerandos contenidos en el documento con respecto de este punto, ha quedado evidenciado que ciertamente la JCE, no ha invalidado los referidos registros de nacimiento, como durante un tiempo se estuvo manejando en la opinión pública.
“Y que el coordinador de la Comisión de Oficialías no asumió un papel activo en el esclarecimiento de esa desinformación, lo que propició independientemente de cualquier otro punto, la intervención constitucional por parte de la Cámara de Diputados, y la investigación y cuestionamiento a los miembros del pleno de esta institución”, manifestó.
Rosario fue enfático y sereno al expresar que visto el informe de la comisión de diputados y, al valorar su contenido, sería insostenible frente a la ciudadanía que reclama transparencia en el manejo de las instituciones, no producir cambios en la coordinación de la Comisión de Oficialías, y que la coordinación de esta comisión se mantenga a cargo de dicho magistrado. El informe remitido por los legisladores y debatido anoche, califica de imprudente, inapropiada y extemporánea la participación que tuvo el magistrado José Ángel Aquino en el Curso Regional sobre Apatridia, organizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en abril y que tuvo lugar en Costa Rica.
“Además de ser un acto o acción sumamente incorrecta la presentación en dicho Curso Regional, por parte del Miembro señalado, de un proyecto de ley sobre el particular, que previamente había sido rechazado por el pleno de la Junta Central Electoral”, explica.
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DAÑO AL PAÍS
Sobre el tema de unos 22,000 desnacionalizados, y otras denuncias a las que se sumaron organizaciones como la Fundación Kennedy, República Dominicana tuvo que pagar un alto costo en los foros internacionales, precisamente con la imposición de medidas cautelares por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
La denuncia sobre la negativa de la JCE de proveer a esos ciudadanos de origen haitiano documentos, provocó que la Cámara de Diputados “entrevistara” a los miembros de ese organismo, lo que fue visto como un escrutinio que dañaba la imagen de esos magistrados y la reputación de la institución.
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