Resoluciones aprobadas por el CEN del PRD

jueves, 1 de agosto de 2013

Resoluciones aprobadas por el CEN del PRD

RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DEL 1ERO. DE AGOSTO DE 2013, REALIZADO EN EL COLISEO DE BOXEO TEO CRUZ.

PRIMERA RESOLUCION

Este Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Dominicano –PRD otorga un voto de apoyo y reconocimiento a su presidente Miguel Vargas Maldonado, cuyo mandato estatutario inicio el 28 de Febrero del año 2010.

SEGUNDA RESOLUCION

FELICITAR Y RECONOCER al Ing. Miguel Vargas Maldonado por su elección mediante voto secreto como presidente de la Internacional Socialista para America Latina y el Caribe.

TERCERA RESOLUCION

ORDENAR como al efecto ORDENA a la Comisión Conjunta confeccionar, depurar y avalar el Padrón de Militantes, así como efectuar la adecuación electoral del Partido Revolucionario Dominicano de conformidad con los Estatutos Generales.

CUARTA RESOLUCION

CONVOCAR como al efecto CONVOCA la XXX CONVENCION NACIONAL ORDINARIA NOE SUBERVI ESPINOZA, que escogerá a las autoridades del partido para el periodo 2014/2018 cuyo proceso de elección iniciará a partir del día veintitrés (23) del mes de Febrero del año dos mil catorce (2014).

QUINTA RESOLUCION

DELEGAR como al efecto DELEGA en la Comisión Política la conformación de la Comisión Nacional Organizadora de la XXX Convención Nacional Ordinaria NOE SUBERVI ESPINOZA, que estará integrada por quince (15) miembros y deberán ser escogidos de manera uninominal, directa e individual, así como la aprobación de su reglamento.

SEXTA RESOLUCION

A los fines de dar cumplimiento a las disposiciones de la Constitución de la República, la ley electoral y los Estatutos Generales, se convoca a todos los miembros, militantes y dirigentes del Partido, que aspiren a puestos dirigenciales en la Convención Nacional Ordinaria y a cargos electivos de cara a las elecciones generales de 2016, a depositar por ante la Comisión Nacional de Control sus expedientes y solicitudes de Pre- inscripción de Candidaturas.

SEPTIMA RESOLUCION

DISPONER como al efecto DISPONE la convocatoria de los plenos en los frentes de masa. Se encarga a la Secretaria General, junto a la Secretaria Nacional de Organización y Secretaria Nacional de Redes Sociales (Frentes de Masa) la implementación de la presente resolución, así como la elaboración de su reglamento.

OCTAVA RESOLUCION

ORDENAR como al efecto ORDENA a la Comisión de Reforma Estatutaria del Partido elaborar un proyecto de Reforma Estatutaria a los fines de ser presentado a los organismos correspondientes conforme a nuestros Estatutos.

NOVENA RESOLUCION

DISPONER como al efecto DISPONE la realización de una Consulta Programática para elaborar un proyecto de nación, con la participación de todos los sectores de la vida nacional, a fin de formular propuestas de solución a los grandes problemas nacionales. Se ordena a la Unidad de Políticas Públicas para que conjuntamente con la Secretaria de Gestión con la Sociedad Civil, implementar la presente resolución.-

DECIMA RESOLUCION

APROBAR como al efecto APRUEBA la creación de la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Frente Nacional de Contadores y Frente Nacional de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, en consecuencia ordena su inclusión en la Reforma Estatutaria.

DECIMO PRIMERA RESOLUCION

En virtud del artículo 198 de los Estatutos y por haber vencido el periodo por el cual fueron designados, se OTORGA poderes tan amplios y como en derecho fueren necesarios al Presidente del Partido, para que por delegación del Comité Ejecutivo Nacional proceda a renovar, ratificar y/o designar a los Secretarios Nacionales, Directores Departamentales, Subsecretarios nacionales, Secretarios Políticos y todos los integrantes de organismos cuya conformación corresponda al Comité Ejecutivo Nacional.

DECIMO SEGUNDA RESOLUCION

ACOGER como al efecto ACOGE en todas sus partes el informe presentado por el Consejo Nacional de Disciplina, que contiene la Resolución Núm. 004 de fecha catorce (14) de Enero del año dos mil trece (2013) dictada dentro de sus facultades estatuarias y reglamentarias.-

DECIMO TERCERA RESOLUCION

DESIGNAR como al efecto DESIGNA a la compañera Alba María Cabral Vda. Peña Gómez (Peggy) Presidenta en Funciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de los Estatutos.-

DECIMO CUARTA RESOLUCION

DESIGNAR como al efecto DESIGNA al compañero Junior Santos como Secretario General interino al ser el subsecretario general más votado conforme al acta de la XXVII Convención Nacional Ordinaria del 28 de Febrero de 2010; y designar también al compañero Aníbal García Duverge Secretario (a) Nacional de Organización interino como consecuencia de la suspensión por el término de dos (2) años, revisables cada seis (6) meses, impuesta conforme a la Resolución 004/2013, por el Consejo Nacional de Disciplina a los señores ORLANDO JORGE MERA Y GEANILDA VASQUEZ, en virtud de lo establecido en los Estatutos del Partido y su reglamento disciplinario.-

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El financiamiento de los partidos políticos en el país: articulo del expresidente Leonel Fernández

Leonel Fernández

@leonelfernandez

Santo Domingo

Durante las últimas semanas la Comisión Bicameral del Congreso Nacional ha avanzado a un ritmo tal en el conocimiento del proyecto de ley de partidos políticos que ha entrado en los temas más controversiales.

Entre esos temas se encuentra el relativo al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, que figura en el título V del referido proyecto de ley, y abarca desde el artículo 53 al 67.

La reglamentación sobre el financiamiento de los partidos políticos resulta controversial por el papel que desempeña el dinero en las competencias políticas democráticas o electorales.

Aunque en algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, se habían establecido mecanismos de regulación al uso de los recursos económicos en el ámbito político, desde la primera mitad del siglo XX, fue en realidad, desde fines de los años 70, al producirse la transición hacia sistemas políticos democráticos que en la región se desarrolló la tendencia hacia la regulación financiera de los partidos políticos.

De esa manera, en medio de un gran debate se planteó la posibilidad de utilizar fondos públicos en el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos y de las campañas electorales. En principio, hubo cierta reticencia a que se procediese de esa manera. Se sostenía que era injusto utilizar recursos provenientes de los contribuyentes a favor de instituciones políticas que no habían conquistado plenamente la confianza de los ciudadanos.

Sin embargo, con posterioridad llegó a comprenderse la necesidad e importancia de una financiación pública a la actividad política, debido al poder e influencia que pudiera derivarse de un financiamiento proveniente exclusivamente del sector privado.

Así, de esa forma, surgió el criterio de combinar financiación pública con la privada, estableciéndose un sistema o mecanismo de carácter mixto, que es el que, en sentido general, actualmente predomina en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Lo que se ha venido planteando durante las últimas dos décadas es el de reglamentar la manera en que los partidos reciben los ingresos y el de cómo los gastan, de una manera que resulte legal, equitativa, justa, transparente y susceptible de rendición de cuentas y sanciones en caso de violación a las normas.

Naturalmente, a pesar de esos criterios no existe ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo una legislación que tenga carácter de universalidad y que sirva como patrón de referencia a todas las demás. Lo que hay son diversas leyes o normas que se ajustan a las condiciones específicas de cada país y que procuran el que se cumplan con los valores y principios previamente enunciados.

Límites y prohibiciones
Para recibir fondos provenientes del Estado, una organización política generalmente está sujeta a la obtención de un porcentaje mínimo de votos, que suele ser de no menos de un 2%; o de haber alcanzado un nivel de representación en el Congreso Nacional o en la Alcaldía Municipal.

Al suscitarse la reflexión en torno a la equidad o justicia con que se distribuyen los fondos públicos, se ha sugerido que esa distribución se produzca en cantidades iguales para cada partido. Eso significaría entregarle igual cantidad de dinero a los partidos grandes que a los partidos pequeños, lo que se estima es algo inadecuado porque los pequeños no tienen el mismo nivel de representación que los grandes.

Por consiguiente, a diferencia de ese criterio de equidad se ha elaborado la idea de que lo que realmente procede es una distribución en cantidades proporcionales en relación al número de votos obtenidos en el último certamen electoral; o una combinación de montos equitativos y proporcionales a los votos recibidos.

En lo que respecta a los aportes privados, la preocupación reside en determinar el origen o procedencia de esos recursos; la cantidad que pueda ser contribuida; las prohibiciones de recepción de determinadas contribuciones; las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones; y las sanciones a ser establecidas en caso de violación.

Resulta evidente el interés que pueda haber respecto al origen y procedencia de los recursos. Lo que se procura es evitar la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, y por consiguiente, en las posibilidades de influir en las futuras autoridades del Estado.

Lo mismo puede decirse en lo que atañe a la cantidad o monto a ser aportado. Algunos estiman que una contribución de un monto elevado podría implicar la compra de la voluntad del futuro funcionario, o el potencial ejercicio del tráfico de influencias. Otros, no obstante, consideran que con las aportaciones privadas, lo que el donante tiene como objetivo es lograr acceso a las autoridades para procurar prevenir eventuales abusos de poder por parte de funcionarios subalternos.

Pero así como algunas legislaciones limitan la cantidad a ser aportadas por una entidad privada, todas las legislaciones coinciden, sin embargo, en prohibir aportaciones realizadas por gobiernos extranjeros. Ese es un punto crucial, en razón de que en caso de aceptar donaciones provenientes de gobiernos extranjeros, eso equivaldría a intromisión en los asuntos internos de un país y vulnerabilidad al ejercicio de su soberanía.

De igual manera, algunas legislaciones prohíben que personas o empresas extranjeras realicen contribuciones a partidos políticos o para campañas electorales. Pero esto no tiene carácter general, ya que en muchos países si se permite, y por lo tanto, no se considera una práctica ilícita.

El proyecto dominicano
El actual proyecto de ley de partidos políticos que examina la Comisión Bicameral del Congreso Nacional contempla un sistema mixto, público y privado, de financiación de los partidos y agrupaciones políticas.

Corresponderá a la Junta Central Electoral la entrega de los recursos provenientes del Estado a las organizaciones políticas. Sin embargo, queda prohibido para cualquier otra institución del Estado, ya sea un ministerio, un organismo descentralizado o un ayuntamiento, entregar fondos, de manera directa o indirecta, a un partido o agrupación política.

De ser aprobado el proyecto de ley, un 80% de los recursos públicos será distribuido a los partidos en función de los votos obtenidos en la última elección; y un 20% en partes iguales entre todos los partidos incluyendo los de nuevo reconocimiento.

Ahora bien, un 50% de los recursos del Estado serán destinados para cubrir los gastos administrativos operacionales; un 15% a los gastos de educación y capacitación de los miembros de la organización política; y un 35% para apoyar la organización de los procesos internos de elección de dirigentes, primarias internas y candidaturas a puestos de elección popular.

En lo que atañe a las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos y a los candidatos, no podrán ser superiores al 1% del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación del fondos públicos. Eso quiere decir que si el partido que mayor cantidad de fondos reciba de la Junta Central Electoral alcanza la cifra, por ejemplo, de 700 millones de pesos, la contribución individual no podría ser mayor de 7 millones de pesos.

En los Estados Unidos, esos límites o topes al aporte privado se han visto superados mediante la creación de unos llamados Comités de Acción Política, los cuales directamente pueden invertir en la campaña del partido; y lo único que les está prohibido es la entrega directa de fondos al candidato.

Siguiendo la tendencia de la generalidad de las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe, nuestro proyecto de ley considera como contribuciones ilícitas, las provenientes de gobiernos extranjeros; las de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades delictivas; las que no pueda determinarse su procedencia u origen; y las de personas físicas subordinadas cuando les hayan sido impuestas arbitrariamente por sus superiores jerárquicos.

Nuestro proyecto de ley prevé que la Junta Central Electoral creará una unidad especializada de control financiero de los partidos políticos, que tendrá, entre sus funciones, la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos, así como sus topes de gastos.

De igual manera, prevé sanciones a los partidos y agrupaciones políticas que van desde la fijación de multas de 100 a 200 salarios mínimos, hasta la privación de libertad de sus miembros, cuando haya habido apropiación indebida de los recursos de la organización política, destinándose a un uso distinto al dispuesto en la norma.

Al estar llegando la Comisión Bicameral del Congreso Nacional a la fase final del estudio y evaluación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, pronto la aprobación de este proyecto se convertirá en el tema principal para garantizar el tránsito de la democracia dominicana a una nueva etapa, que será de mayor participación política de los ciudadanos; de mayor institucionalización interna de los partidos; de mayor capacitación de los afiliados; y de mayor transparencia en el uso de los recursos económicos.

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