El vocero de los senadores peledeístas, Félix Nova Paulino, el senador de ese organización Aristides Victoria Yeb y el vocero de la bancada de diputados perredeísta, Nelson Arroyo, favorecieron hoy la aprobación de una ley que congele el número de de provincias, municipios y distritos municipales.
Al ser consultados por separado coincidieron en que la Constitución manda a que haya un reordenamiento territorial y eso podría conllevar a la fusión de varios municipios y distritos.
Los senadores Nova y Victoria Yeb precisaron que la Cámara Alta no ha aprobado este año ningún proyecto de elevación de categoría, no así la Cámara de Diputados.
Victoria Yeb, vocero electo del bloque del PLD con efectividad a partir del 16 de agosto, dijo que no se puede continuar seguir dividiendo el país en pequeños lotes para complacer el deseo de determinada aspiración partidaria.
En la Cámara de Diputados hay más de 50 iniciativas tendentes a elevar comunidades de categoría.
El presidente de ese organismo, licenciado Abel Martínez Durán, ha criticado esa actitud de sus colegas.
En tanto, Arroyo, el vocero de los diputados perredeístas, dijo que uno de los errores de muchos de sus colegas es que al llegar al Congreso Nacional lo primero que hacen es introducir un proyecto de ley para elevar comunidades de categoría para cumplir compromisos que hicieron con esas demarcaciones.
“Así como se congeló el número de diputados, también se debe congelar la cantidad de provincias, municipios y distritos”, expresó.
La mayoría de la elevación de categoría de esas demarcaciones se han hecho sin un estudio técnico y sin la consulta de los organismos especializados como el Instituto Cartográfico, Interior y Policía y la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
En los últimos 10 años, fruto de clientelismo político se han creado 114 nuevos distritos municipales y 53 municipios.
Las dos provincias más “favorecidas” con el cambio de categoría territorial han sido Azua y Montecristi que tienen seis municipios.
UN APUNTE
Aumento de la burocracia
La mayoría de las elevaciones de categorías de comunidades responden a un interés clientelista que tiende a aumentar la burocraacia estatal. Demarcaciones que no reúnen condiciones se les cambia la categoría con el propósito de crear empleos y pequeños feudos a “líderes comunitarios”.
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