Sus defensores argumentaban que Leal no tuvo acceso a asistencia consular al momento de su detención, situación que violaría compromisos internacionales adquiridos por Estados Unidos.
Las autoridades federales estadounidenses habían pedido al gobierno de Texas aplazar la ejecución mientras se discutía en el congreso una legislación que cubre casos similares, advirtiendo que de seguir adelante, la aplicación de la pena capital contra Leal García podría tener consecuencias diplomáticas graves para Washington.
El gobierno mexicano también había pedido un aplazamiento de la medida.
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