La PN desmantela banda de sicarios en Guachupita

martes, 12 de enero de 2010

La PN desmantela banda de sicarios en Guachupita

IMPLICADOS. EN EL GRUPO HAY UN PRIMER TENIENTE DE LA FAD Y EL HIJO DE UNA DIPUTADA

Miguel A. Alfonseca Soto, Felipides Guarocuya Hernández, Rafael Pimentel Beltré, Enyer Mejía Mañón, Víctor Manuel Fernández, Daniel de los Santos, Deivi Martínez Moreta y Carlos Miguel Zabala.

Santo Domingo.- Una banda de sicarios dedicada a las ejecuciones por encargo y que supuestamente estaba integrada por un primer teniente de la Fuerza Aérea Dominicana y un hijo de una diputada peledeísta, entre otras personas, fue desmantelada anoche durante un operativo de inteligencia.

La banda, que operaba en el sector Los Pinos de Guachupita, en la capital, está implicada en la ejecución de 12 personas, y en herir a otros siete individuos en distintos barrios de la Capital.

Las investigaciones preliminares dan cuenta de que dicha banda está vinculada al asesinato de cinco personas en el kilómetro 29 de la autopista Duarte y de que opera en coordinación con un recluso de nombre Denny, quien guarda prisión en La Victoria.

Al hijo de la diputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por Cotuí, Miguel Alfonseca Soto, conocido como Junior o El Jefe, le fueron incautados 27 celulares, una pistola Glock 40 con 30 cápsulas y una porción de un polvo presumiblemente cocaína.

Al vástago de la legisladora peledeísta Gladis Mercedes Soto Iturrino también se le relaciona con el caso del cargamento de droga detectado entre cajas de yautías que serían transportadas desde el Ferry de Santo Domingo hacia la vecina isla de Puerto Rico.

Al dar a conocer la información, la Jefatura de la Policía dijo que aún hay siete personas prófugas por el caso de los muertos del kilómetro 29 de la autopista Duarte y que en la investigación se determinó que el crimen fue cometido por asuntos de drogas.

Al ser cuestionado sobre los casos pendientes por resolver, el jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, aseguró que el caso de ese asesinato múltiple está prácticamente resuelto y que “no habrá vacas sagradas”.

Los cadáveres encontrados en la referida autopista corresponden a Juan Nicaury Díaz Serrano, de 32 años; Elvin Noel Díaz Domínguez, de 37; Ramón Paulino Valdez, de 32, y Carlos Manuel Vicente Rivas, de 33, cuyos cuerpos fueron encontrados en diciembre pasado con disparos en la cabeza y otras partes del cuerpo. El cadáver de un quinto hombre fue encontrado por el haitiano Louissaint Edner, en una aldea, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte.

Agentes policiales adscritos a la Dirección de Investigaciones Criminales que apresaron a los seis presuntos delincuentes, identificaron a los detenidos como Delvi Martínez Moreta, Enyer Mejía Mañón (Alex), Rafael Pimentel Beltré Suazo (Andy), Daniel de los Santos Gutiérrez (Lilo), Carlos Miguel Zabala (Morao) y el primer teniente de aviación Carlos Hernández Monte de Oca.

Al grupo se suma Víctor Fernández (Picú), quien fue apresado durante el enfrentamiento en que resultaron muertos Wandy Alfonso López Mora (Guandulón) y otro hombre sólo identificado como Miguelón. El hijo de la diputada estaba siendo buscado por su vinculación en las muertes de las cinco personas y mediante acto de allanamiento fue realizada una requisa a su casa, donde se encontraron varias pruebas de delito, entre ellas drogas, pasaportes, equipo de espionaje, entre otros.

CADA UNO TENÍA UN ENCARGO ESPECIAL

La Policía informó que los investigadores han podido determinar que los integrantes de la banda operaban de manera organizada y que cada uno cumplía una función específica.

Detalló que Martínez Moreta, por ejemplo, tenía la misión de sustraer vehículos en los cuales posteriormente cometía fechorías y crímenes por encargo; Mejía Mañón se desempeñaba como chofer y que Beltré Suazo era la persona que se encargaba de realizar las ejecuciones “gatillero”, en tanto que De Los Santos Gutiérrez tenía la encomienda de realizar las coordinaciones para los trabajos con el recluso Denny, preso en la Victoria.

Los investigadores establecieron también que Zabala es otro “gatillero” y que el oficial de la FAD tenía la misión de obtener los pertrechos militares, las armas para cometer los actos vandálicos y que también servía de guía protector para evadir los chequeos policiales.

También es señalado como la persona que se encargó de trasladar hasta San Juan a varios de los detenidos.

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El financiamiento de los partidos políticos en el país: articulo del expresidente Leonel Fernández

Leonel Fernández

@leonelfernandez

Santo Domingo

Durante las últimas semanas la Comisión Bicameral del Congreso Nacional ha avanzado a un ritmo tal en el conocimiento del proyecto de ley de partidos políticos que ha entrado en los temas más controversiales.

Entre esos temas se encuentra el relativo al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, que figura en el título V del referido proyecto de ley, y abarca desde el artículo 53 al 67.

La reglamentación sobre el financiamiento de los partidos políticos resulta controversial por el papel que desempeña el dinero en las competencias políticas democráticas o electorales.

Aunque en algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, se habían establecido mecanismos de regulación al uso de los recursos económicos en el ámbito político, desde la primera mitad del siglo XX, fue en realidad, desde fines de los años 70, al producirse la transición hacia sistemas políticos democráticos que en la región se desarrolló la tendencia hacia la regulación financiera de los partidos políticos.

De esa manera, en medio de un gran debate se planteó la posibilidad de utilizar fondos públicos en el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos y de las campañas electorales. En principio, hubo cierta reticencia a que se procediese de esa manera. Se sostenía que era injusto utilizar recursos provenientes de los contribuyentes a favor de instituciones políticas que no habían conquistado plenamente la confianza de los ciudadanos.

Sin embargo, con posterioridad llegó a comprenderse la necesidad e importancia de una financiación pública a la actividad política, debido al poder e influencia que pudiera derivarse de un financiamiento proveniente exclusivamente del sector privado.

Así, de esa forma, surgió el criterio de combinar financiación pública con la privada, estableciéndose un sistema o mecanismo de carácter mixto, que es el que, en sentido general, actualmente predomina en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Lo que se ha venido planteando durante las últimas dos décadas es el de reglamentar la manera en que los partidos reciben los ingresos y el de cómo los gastan, de una manera que resulte legal, equitativa, justa, transparente y susceptible de rendición de cuentas y sanciones en caso de violación a las normas.

Naturalmente, a pesar de esos criterios no existe ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo una legislación que tenga carácter de universalidad y que sirva como patrón de referencia a todas las demás. Lo que hay son diversas leyes o normas que se ajustan a las condiciones específicas de cada país y que procuran el que se cumplan con los valores y principios previamente enunciados.

Límites y prohibiciones
Para recibir fondos provenientes del Estado, una organización política generalmente está sujeta a la obtención de un porcentaje mínimo de votos, que suele ser de no menos de un 2%; o de haber alcanzado un nivel de representación en el Congreso Nacional o en la Alcaldía Municipal.

Al suscitarse la reflexión en torno a la equidad o justicia con que se distribuyen los fondos públicos, se ha sugerido que esa distribución se produzca en cantidades iguales para cada partido. Eso significaría entregarle igual cantidad de dinero a los partidos grandes que a los partidos pequeños, lo que se estima es algo inadecuado porque los pequeños no tienen el mismo nivel de representación que los grandes.

Por consiguiente, a diferencia de ese criterio de equidad se ha elaborado la idea de que lo que realmente procede es una distribución en cantidades proporcionales en relación al número de votos obtenidos en el último certamen electoral; o una combinación de montos equitativos y proporcionales a los votos recibidos.

En lo que respecta a los aportes privados, la preocupación reside en determinar el origen o procedencia de esos recursos; la cantidad que pueda ser contribuida; las prohibiciones de recepción de determinadas contribuciones; las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones; y las sanciones a ser establecidas en caso de violación.

Resulta evidente el interés que pueda haber respecto al origen y procedencia de los recursos. Lo que se procura es evitar la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, y por consiguiente, en las posibilidades de influir en las futuras autoridades del Estado.

Lo mismo puede decirse en lo que atañe a la cantidad o monto a ser aportado. Algunos estiman que una contribución de un monto elevado podría implicar la compra de la voluntad del futuro funcionario, o el potencial ejercicio del tráfico de influencias. Otros, no obstante, consideran que con las aportaciones privadas, lo que el donante tiene como objetivo es lograr acceso a las autoridades para procurar prevenir eventuales abusos de poder por parte de funcionarios subalternos.

Pero así como algunas legislaciones limitan la cantidad a ser aportadas por una entidad privada, todas las legislaciones coinciden, sin embargo, en prohibir aportaciones realizadas por gobiernos extranjeros. Ese es un punto crucial, en razón de que en caso de aceptar donaciones provenientes de gobiernos extranjeros, eso equivaldría a intromisión en los asuntos internos de un país y vulnerabilidad al ejercicio de su soberanía.

De igual manera, algunas legislaciones prohíben que personas o empresas extranjeras realicen contribuciones a partidos políticos o para campañas electorales. Pero esto no tiene carácter general, ya que en muchos países si se permite, y por lo tanto, no se considera una práctica ilícita.

El proyecto dominicano
El actual proyecto de ley de partidos políticos que examina la Comisión Bicameral del Congreso Nacional contempla un sistema mixto, público y privado, de financiación de los partidos y agrupaciones políticas.

Corresponderá a la Junta Central Electoral la entrega de los recursos provenientes del Estado a las organizaciones políticas. Sin embargo, queda prohibido para cualquier otra institución del Estado, ya sea un ministerio, un organismo descentralizado o un ayuntamiento, entregar fondos, de manera directa o indirecta, a un partido o agrupación política.

De ser aprobado el proyecto de ley, un 80% de los recursos públicos será distribuido a los partidos en función de los votos obtenidos en la última elección; y un 20% en partes iguales entre todos los partidos incluyendo los de nuevo reconocimiento.

Ahora bien, un 50% de los recursos del Estado serán destinados para cubrir los gastos administrativos operacionales; un 15% a los gastos de educación y capacitación de los miembros de la organización política; y un 35% para apoyar la organización de los procesos internos de elección de dirigentes, primarias internas y candidaturas a puestos de elección popular.

En lo que atañe a las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos y a los candidatos, no podrán ser superiores al 1% del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación del fondos públicos. Eso quiere decir que si el partido que mayor cantidad de fondos reciba de la Junta Central Electoral alcanza la cifra, por ejemplo, de 700 millones de pesos, la contribución individual no podría ser mayor de 7 millones de pesos.

En los Estados Unidos, esos límites o topes al aporte privado se han visto superados mediante la creación de unos llamados Comités de Acción Política, los cuales directamente pueden invertir en la campaña del partido; y lo único que les está prohibido es la entrega directa de fondos al candidato.

Siguiendo la tendencia de la generalidad de las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe, nuestro proyecto de ley considera como contribuciones ilícitas, las provenientes de gobiernos extranjeros; las de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades delictivas; las que no pueda determinarse su procedencia u origen; y las de personas físicas subordinadas cuando les hayan sido impuestas arbitrariamente por sus superiores jerárquicos.

Nuestro proyecto de ley prevé que la Junta Central Electoral creará una unidad especializada de control financiero de los partidos políticos, que tendrá, entre sus funciones, la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos, así como sus topes de gastos.

De igual manera, prevé sanciones a los partidos y agrupaciones políticas que van desde la fijación de multas de 100 a 200 salarios mínimos, hasta la privación de libertad de sus miembros, cuando haya habido apropiación indebida de los recursos de la organización política, destinándose a un uso distinto al dispuesto en la norma.

Al estar llegando la Comisión Bicameral del Congreso Nacional a la fase final del estudio y evaluación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, pronto la aprobación de este proyecto se convertirá en el tema principal para garantizar el tránsito de la democracia dominicana a una nueva etapa, que será de mayor participación política de los ciudadanos; de mayor institucionalización interna de los partidos; de mayor capacitación de los afiliados; y de mayor transparencia en el uso de los recursos económicos.

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