Mansión Figueroa Agosto, diseñada para un “príncipe”

martes, 5 de enero de 2010

Mansión Figueroa Agosto, diseñada para un “príncipe”

La lujosa mansión del sector de Arroyo Hondo cuya propiedad se atribuye al prófugo José D. Figueroa Agosto, fue construida y diseñada como un “santuario de dioses” dotada de todo tipo de seguridad y facilidades para escapar de cualquier eventualidad.

El abandono que presenta la residencia que alegadamente fue vendida a Eddy Brito, ex esposo de Sobeida Félix Morel, por US$850,000 y luego cedida a Mary Peláez, choca con su infraestructura, que cuenta con un sofisticado sistema de seguridad, con cámaras y sensores en cada rincón, un gimnasio, sauna, entradas por dos calles diferentes y pasadizos secretos.

Pero además, en las investigaciones y análisis que las autoridades han practicado a la lujosa vivienda han detectado trazas de cocaína en cada una de las habitaciones, por lo que se cree era también un lugar de acopio de drogas.

El programa “El Informe con Alicia Ortega”, mostró anoche escenas del interior de la mansión y fotografías donde supuestamente aparecen los prófugos Figueroa Agosta y Sobeida Félix Morel desnudos y sosteniendo relaciones sexuales. Tuvo acceso a la vivienda, con escondites y puertas secretas que van desde el closet de la habitación principal hasta la piscina. En el recorrido por la vivienda, la comunicadora Ortega estuvo acompañada del director del Departamento de Investigaciones Financieras de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Julio César Souffront, quien dijo que “dado su historial, presumimos que era una forma de escape”.

Souffront dijo que en las investigaciones se ha comprobado que la casa era propiedad de Cristian Quevedo, uno de los nombres que utlizaba Figuereo Agosto para evadir a la justicia. “Dado el historial delictivo de él no podía tener en el sistema financiero nacional normal tanta cantidad de dinero, porque podría ser rastreado. Usted sabe que cuando se exceden los depósitos de los US$10,000 hay un alerta”.

Aunque la casa está actualmente vacía, Ortega obtuvo y mostró las fotos de los muebles y accesorios que hasta el año pasado la adornaron. Solo por el diseño de decoración, Figueroa pagó unos US$100 mil.

Como evidencia de que la residencia es del prófugo boricua y no de Peláez, las autoridades dicen que tiene rasgos muy similares a otras propiedades supuestamente también en manos de testaferros, como los toldos y el diseño de algunos postes. Además, hay un trampolín igual a otros dos encontrados en una finca en el kilómetro 22 de la autopista Duarte y en una Villa de Juan Dolio.

Cómo se inició la historia

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Fiscalía del Distrito Nacional decomisaron 4.6 millones de dólares en una yipeta que se encontraba en el parqueo de un edificio ubicado entre las avenidas México y Alma Máter, el día 4 de agosto de 2009. En la operación fue apresada la señora Sobeida Félix Morel, a quien se vincula con el señor Cristian Almonte Quevedo, señalado como un narcotraficante que se encuentra prófugo.

Además de la gran cantidad de dólares, también las autoridades decomisaron 28 relojes de lujo, cuatro yipetas, dos armas de fuego, doscientos cápsulas de distintos tipos de armas, teléfonos celulares, balanzas y varios carnés, uno de la Dirección Nacional de Investigaciones y una licencia de conducir, que se cree son falsificados.

La prófuga Félix Morel acusada de lavado por su presunta implicación en caso de los US$4.6 millones hallados dentro de la yipeta , fue dejada en libertad el 15 de octubre pasado por la magistrada Rosanna Vásquez, del Séptimo Juzgado de la Instrucción, quien decidió variarle la medida de coerción que la envió por un año a Najayo.

La jueza impuso a Félix Morel la medida de coerción de una garantía económica de RD$5.0 millones, impedimento de salida y presentación periódica.

El procurador fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, informó el 7 de noviembre del 2009 que la imputada Félix Morel se ha sustraído del proceso. No acudió por ante la Fiscalía a firmar el libro de presentación periódica, como se lo ordenó el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, por lo que fue declarada prófuga..

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El financiamiento de los partidos políticos en el país: articulo del expresidente Leonel Fernández

Leonel Fernández

@leonelfernandez

Santo Domingo

Durante las últimas semanas la Comisión Bicameral del Congreso Nacional ha avanzado a un ritmo tal en el conocimiento del proyecto de ley de partidos políticos que ha entrado en los temas más controversiales.

Entre esos temas se encuentra el relativo al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, que figura en el título V del referido proyecto de ley, y abarca desde el artículo 53 al 67.

La reglamentación sobre el financiamiento de los partidos políticos resulta controversial por el papel que desempeña el dinero en las competencias políticas democráticas o electorales.

Aunque en algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, se habían establecido mecanismos de regulación al uso de los recursos económicos en el ámbito político, desde la primera mitad del siglo XX, fue en realidad, desde fines de los años 70, al producirse la transición hacia sistemas políticos democráticos que en la región se desarrolló la tendencia hacia la regulación financiera de los partidos políticos.

De esa manera, en medio de un gran debate se planteó la posibilidad de utilizar fondos públicos en el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos y de las campañas electorales. En principio, hubo cierta reticencia a que se procediese de esa manera. Se sostenía que era injusto utilizar recursos provenientes de los contribuyentes a favor de instituciones políticas que no habían conquistado plenamente la confianza de los ciudadanos.

Sin embargo, con posterioridad llegó a comprenderse la necesidad e importancia de una financiación pública a la actividad política, debido al poder e influencia que pudiera derivarse de un financiamiento proveniente exclusivamente del sector privado.

Así, de esa forma, surgió el criterio de combinar financiación pública con la privada, estableciéndose un sistema o mecanismo de carácter mixto, que es el que, en sentido general, actualmente predomina en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Lo que se ha venido planteando durante las últimas dos décadas es el de reglamentar la manera en que los partidos reciben los ingresos y el de cómo los gastan, de una manera que resulte legal, equitativa, justa, transparente y susceptible de rendición de cuentas y sanciones en caso de violación a las normas.

Naturalmente, a pesar de esos criterios no existe ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo una legislación que tenga carácter de universalidad y que sirva como patrón de referencia a todas las demás. Lo que hay son diversas leyes o normas que se ajustan a las condiciones específicas de cada país y que procuran el que se cumplan con los valores y principios previamente enunciados.

Límites y prohibiciones
Para recibir fondos provenientes del Estado, una organización política generalmente está sujeta a la obtención de un porcentaje mínimo de votos, que suele ser de no menos de un 2%; o de haber alcanzado un nivel de representación en el Congreso Nacional o en la Alcaldía Municipal.

Al suscitarse la reflexión en torno a la equidad o justicia con que se distribuyen los fondos públicos, se ha sugerido que esa distribución se produzca en cantidades iguales para cada partido. Eso significaría entregarle igual cantidad de dinero a los partidos grandes que a los partidos pequeños, lo que se estima es algo inadecuado porque los pequeños no tienen el mismo nivel de representación que los grandes.

Por consiguiente, a diferencia de ese criterio de equidad se ha elaborado la idea de que lo que realmente procede es una distribución en cantidades proporcionales en relación al número de votos obtenidos en el último certamen electoral; o una combinación de montos equitativos y proporcionales a los votos recibidos.

En lo que respecta a los aportes privados, la preocupación reside en determinar el origen o procedencia de esos recursos; la cantidad que pueda ser contribuida; las prohibiciones de recepción de determinadas contribuciones; las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones; y las sanciones a ser establecidas en caso de violación.

Resulta evidente el interés que pueda haber respecto al origen y procedencia de los recursos. Lo que se procura es evitar la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, y por consiguiente, en las posibilidades de influir en las futuras autoridades del Estado.

Lo mismo puede decirse en lo que atañe a la cantidad o monto a ser aportado. Algunos estiman que una contribución de un monto elevado podría implicar la compra de la voluntad del futuro funcionario, o el potencial ejercicio del tráfico de influencias. Otros, no obstante, consideran que con las aportaciones privadas, lo que el donante tiene como objetivo es lograr acceso a las autoridades para procurar prevenir eventuales abusos de poder por parte de funcionarios subalternos.

Pero así como algunas legislaciones limitan la cantidad a ser aportadas por una entidad privada, todas las legislaciones coinciden, sin embargo, en prohibir aportaciones realizadas por gobiernos extranjeros. Ese es un punto crucial, en razón de que en caso de aceptar donaciones provenientes de gobiernos extranjeros, eso equivaldría a intromisión en los asuntos internos de un país y vulnerabilidad al ejercicio de su soberanía.

De igual manera, algunas legislaciones prohíben que personas o empresas extranjeras realicen contribuciones a partidos políticos o para campañas electorales. Pero esto no tiene carácter general, ya que en muchos países si se permite, y por lo tanto, no se considera una práctica ilícita.

El proyecto dominicano
El actual proyecto de ley de partidos políticos que examina la Comisión Bicameral del Congreso Nacional contempla un sistema mixto, público y privado, de financiación de los partidos y agrupaciones políticas.

Corresponderá a la Junta Central Electoral la entrega de los recursos provenientes del Estado a las organizaciones políticas. Sin embargo, queda prohibido para cualquier otra institución del Estado, ya sea un ministerio, un organismo descentralizado o un ayuntamiento, entregar fondos, de manera directa o indirecta, a un partido o agrupación política.

De ser aprobado el proyecto de ley, un 80% de los recursos públicos será distribuido a los partidos en función de los votos obtenidos en la última elección; y un 20% en partes iguales entre todos los partidos incluyendo los de nuevo reconocimiento.

Ahora bien, un 50% de los recursos del Estado serán destinados para cubrir los gastos administrativos operacionales; un 15% a los gastos de educación y capacitación de los miembros de la organización política; y un 35% para apoyar la organización de los procesos internos de elección de dirigentes, primarias internas y candidaturas a puestos de elección popular.

En lo que atañe a las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos y a los candidatos, no podrán ser superiores al 1% del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación del fondos públicos. Eso quiere decir que si el partido que mayor cantidad de fondos reciba de la Junta Central Electoral alcanza la cifra, por ejemplo, de 700 millones de pesos, la contribución individual no podría ser mayor de 7 millones de pesos.

En los Estados Unidos, esos límites o topes al aporte privado se han visto superados mediante la creación de unos llamados Comités de Acción Política, los cuales directamente pueden invertir en la campaña del partido; y lo único que les está prohibido es la entrega directa de fondos al candidato.

Siguiendo la tendencia de la generalidad de las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe, nuestro proyecto de ley considera como contribuciones ilícitas, las provenientes de gobiernos extranjeros; las de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades delictivas; las que no pueda determinarse su procedencia u origen; y las de personas físicas subordinadas cuando les hayan sido impuestas arbitrariamente por sus superiores jerárquicos.

Nuestro proyecto de ley prevé que la Junta Central Electoral creará una unidad especializada de control financiero de los partidos políticos, que tendrá, entre sus funciones, la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos, así como sus topes de gastos.

De igual manera, prevé sanciones a los partidos y agrupaciones políticas que van desde la fijación de multas de 100 a 200 salarios mínimos, hasta la privación de libertad de sus miembros, cuando haya habido apropiación indebida de los recursos de la organización política, destinándose a un uso distinto al dispuesto en la norma.

Al estar llegando la Comisión Bicameral del Congreso Nacional a la fase final del estudio y evaluación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, pronto la aprobación de este proyecto se convertirá en el tema principal para garantizar el tránsito de la democracia dominicana a una nueva etapa, que será de mayor participación política de los ciudadanos; de mayor institucionalización interna de los partidos; de mayor capacitación de los afiliados; y de mayor transparencia en el uso de los recursos económicos.

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martes, 5 de enero de 2010