Santo Domingo.- El juez de la Instrucción Permanente del Distrito Nacional ordenó anoche medida de coerción consistente en una garantía económica en contra del cirujano Johan Manuel Tapia Bueno, acusado de mala práctica médica.
El juez Alejandro Vargas Guerrero impuso garantía económica de RD$5 millones, impedimento de salida y presentación periódica, el primer lunes de cada mes.
El magristrado tomó la decisión tras acoger un pedimento presentado por la Fiscalía del Distrito Nacional que había solicitado lo mismo como coerción para el imputado.
El cirujano Tapia Bueno, demandado por mala práctica luego de realizarle una cirugía estética a la presentadora de televisión Hermes Meccarielo, quien ha sufrido varias complicaciones, puso como garantía una hipoteca inmobiliaria con el fin de pagar la fianza y obtener su libertad, lo que no fue objetado por el ministerio público ni por la parte querellante.
El cirujano fue denunciado por siete mujeres, seis de las cuales presentaron sus querellas por ante la Fiscalía anteayer y ayer, acusándolo de mala práctica.
Tapia Bueno, quien se encuentra recluido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, podría salir en libertad hoy, luego de que sus abogados tramiten el procedimiento establecido para el pago de la garantía económica.
Su abogado, Juan Tomás Vargas, había solicitado su libertad sin condición.
La Fiscalía fue asistida en la vista de la medida de coerción por Demetrio Ramírez, fiscal adjunto de la Unidad de Investigación Inicial.
Tapia Bueno fue detenido anteayer cuando se presentó a la Fiscalía con su representante.
La Asociación Nacional de Cirujanos Plásticos declaró que Tapia Bueno no está registrado ni avalado por ese gremio.
El médico operaba en la Clínica Brasil, centro que fue clausurado por las autoridades de Salud Pública por no contar con los permisos ni requerimientos regulados por ley.
El caso de Tapia Bueno puso en evidencia las deficiencias del sistema de salud pública dominicano en términos de supervisión de los centros asistenciales públicos y privados. Ayer, la Secretaría de Salud Pública admitió que no cuenta con los recursos humanos suficientes para inspeccionar la cantidad de centros de servicios de salud públicos y privados que operan sin acreditación.
Muchos centros y pocos inspectores
El promedio de inspectores por áreas de salud y direcciones provinciales es de cinco, pero hábiles hay entre dos y tres empleados, según informó el doctor Beato Francisco, asistente de la Dirección General de Habilitación y Acreditación de la Salud Pública. Dijo que las solicitudes de habilitación se hacen a través de las direcciones provinciales, por las áreas de salud y por la Dirección General de Habilitación, pero singnificó que “al haber tantos establecimientos y pocos recursos humanos, las solicitudes no pueden ir a la par con las inspecciones”.En relación con la clínica Brasil, donde operaba el cirujano Tapia Bueno y cerrada anteayer por Salud Pública porque no contaba con la certificación de habilitación correspondiente, dijo que el establecimiento había hecho la solicitud para operar un consultorio, pero aún no se le había emitido licencia de habilitación.
Respecto a si se puede operar con tan sólo haber hecho la solicitud de habilitación Francisco dijo que no, pero que “hay muchos establecimientos que hacen una solicitud y sin haber sido inspeccionados ni admitidos están operando”.
Dijo que en la clínica Brasil se hizo una inspección, pero “en el informe que rindieron los inspectores se obviaron y se omitieron informaciones, por lo que esos empleados fueron suspendidos hasta que concluyan las investigaciones.
La Secretaría de Salud dijo ayer que en los últimos 22 meses ha habilitado 839 establecimientos que ofertan servicios de salud, con la finalidad de que respondan a los controles de calidad requeridos por las normas vigentes. Mientras que en proceso de habilitación se encuentran otros 557 centros de salud públicos y privados en todo el país.
El titular de esa cartera, Bautista Rojas Gómez, afirmó que las autoridades sanitarias entienden que se trata de una cuestión prioritaria que va en consonancia con el propósito de ir mejorando cada día la calidad de los servicios.
Sostuvo que por ello el personal de Salud Pública está debidamente entrenado y actúa de manera estricta en el proceso de inspección previa a la habilitación.
Defiende procedimiento
Rojas Gómez aseguró que en el momento en que asumió las funciones al frente de la Secretaría de Salud el proceso de habilitación era prácticamente inexistente, por lo que tomó la decisión transformar esa situación como parte de los esfuerzos para mejorar la calidad de los servicios de salud.La SESPAS tiene establecidas tres etapas en el proceso de habilitación, siendo la primera la solicitud de la cartera de servicios por parte de la parte interesada, luego la de inspección y finalmente la correspondiente a la habilitación, en caso de que cumpla con los requisitos.
En la inspección se señalan aspectos relativos a la planta física, mobiliario, equipos, normas y protocolos de procedimiento de funcionamiento.
En el caso de que un establecimiento no alcance los resultados requeridos, la Secretaría de Salud ofrecerá la asesoría correspondiente de parte de la Dirección General de Habilitación y Acreditación para orientarlo sobre los aspectos que hay que mejorar para acordar un nuevo plazo con miras a una reinspección.
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