La situación despertó un malestar general entre los docentes.
SANTO DOMINGO. Una situación de malestar general atraviesa el magisterio dominicano ante un hecho poco común como es la cancelación de miles de empleados, entre docentes y personal administrativo, por parte del Ministerio de Educación por alegado incumplimiento de trabajo.
Aunque las autoridades de Educación informaron, a través de su departamento de relaciones públicas, que los cancelados son poco más de 1,000 empleados, DL tiene la información de que superan los 7,000 los despedidos.
Los maestros cancelados pertenecen a las regionales de Cotuí, San Cristóbal y Santo Domingo.
De inmediato, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Radhamés Camacho, condenó la acción y solicitó al ministro de Educación, Melanio Paredes, dejar sin efecto la medida que afecta a los maestros y demás trabajadores.
El ministro de Educación dispuso el pasado mes de febrero auditar todos los planteles educativos para determinar el número real de maestros y empleados administrativos en el sistema, los lugares donde trabajan, la cantidad de pensionados y jubilados y quienes están en el proceso.
El objetivo es saber quiénes están en nómina cobrando sin trabajar.
Alegan que cuando los auditores visitaron las escuelas públicas de esas regionales comprobaron que parte de su personal no estaba allí y que por eso fueron despedidos.
No obstante, explicaron que si los excluidos pueden justificar sus ausencias, el Ministerio les pagaría los salarios correspondientes a este mes y los repondría de inmediato en sus puestos.
La mayoría de los cancelados se enteraron al momento de retirar sus salarios de los cajeros automáticos, cuando no encontraron dinero, lo que los llevó a buscar una explicación en el área correspondiente, donde les informaron que fueron excluidos de la nómina, por incumplir con sus labores.
A otros se les notificó por escrito, como son los casos del director de Educación Técnico-profesional, Felipe Castillo, y los subdirectores José Francisco Jaspez y Robert Germán Hidalgo.
Ante la situación, con cientos de llamadas que recibieron de los cancelados, el comité ejecutivo de la ADP se reunió ayer de urgencia para discutir las acciones a seguir.
Demanda reposición
Mientras tanto, el presidente de la ADP dijo que los maestros no pueden pagar las consecuencias de una deficiencia gerencial que radica en los directores de escuelas, regionales y distritales que envían a un maestro a un centro educativo y desde allí bajo el alegato de que no lo necesitan, lo trasladan a otro plantel, sin notificarlo a las instancias correspondientes.
Camacho dijo que comparte las auditorías para transparentar el sistema, pero no acepta que se le lesione el salario a los docentes, que de por sí, entiende no es el adecuado por los procesos de normativa.
De ahí, sugiere que se ubique a los profesores con el uso del padrón de la Junta Central Electoral (JCE), que es una herramienta que utilizan otras instituciones con resultados satisfactorios.
Solicitó también a los representantes de la ADP en los municipios que recojan los casos, busquen las cartas y lo reporten a las autoridades competentes, a fin de buscarle una solución al problema.
Rechaza medida
De su lado, María Teresa Cabrera, ex presidenta del gremio magisterial, dijo que los casos son más, y aunque asegura estar de acuerdo con la auditoría, considera que deben ser hechas con más delicadeza.
Explicó que muchos de los excluidos estaban en sus respectivos centros educativos cuando los auditores lo visitaron, que vieron sus registros de estudiantes y sus firmas de asistencia y que hay casos de profesores que están en licencias médicas.
Dijo que la situación desequilibró el presupuesto familiar y lamentó que una iniciativa positiva, como es la auditoría, se haya tornado en una medida que genere disgusto en el magisterio, porque se hizo sin el cuidado suficiente para excluir de nómina a personas que cumplen con su trabajo.
Despidos se registran desde marzo
Recientemente, dirigentes de la ADP la pasada semana y por dos días consecutivos montaron vigilia frente a las oficinas del ministro de Educación, Melanio Paredes, denunciaron las cancelaciones masivas de docentes y solicitaron el cese de las mismas.
También se quejaron de que mientras ocurre esa situación, a los maestros se les exige más horas de trabajo.
Abel González, expuso en esa ocasión la problemática a la viceministra, Mery Valerio, quien prometió remitirla a Paredes cuando regrese de un viaje al exterior, donde permanece.
Aunque las autoridades de Educación informaron, a través de su departamento de relaciones públicas, que los cancelados son poco más de 1,000 empleados, DL tiene la información de que superan los 7,000 los despedidos.
Los maestros cancelados pertenecen a las regionales de Cotuí, San Cristóbal y Santo Domingo.
De inmediato, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Radhamés Camacho, condenó la acción y solicitó al ministro de Educación, Melanio Paredes, dejar sin efecto la medida que afecta a los maestros y demás trabajadores.
El ministro de Educación dispuso el pasado mes de febrero auditar todos los planteles educativos para determinar el número real de maestros y empleados administrativos en el sistema, los lugares donde trabajan, la cantidad de pensionados y jubilados y quienes están en el proceso.
El objetivo es saber quiénes están en nómina cobrando sin trabajar.
Alegan que cuando los auditores visitaron las escuelas públicas de esas regionales comprobaron que parte de su personal no estaba allí y que por eso fueron despedidos.
No obstante, explicaron que si los excluidos pueden justificar sus ausencias, el Ministerio les pagaría los salarios correspondientes a este mes y los repondría de inmediato en sus puestos.
La mayoría de los cancelados se enteraron al momento de retirar sus salarios de los cajeros automáticos, cuando no encontraron dinero, lo que los llevó a buscar una explicación en el área correspondiente, donde les informaron que fueron excluidos de la nómina, por incumplir con sus labores.
A otros se les notificó por escrito, como son los casos del director de Educación Técnico-profesional, Felipe Castillo, y los subdirectores José Francisco Jaspez y Robert Germán Hidalgo.
Ante la situación, con cientos de llamadas que recibieron de los cancelados, el comité ejecutivo de la ADP se reunió ayer de urgencia para discutir las acciones a seguir.
Demanda reposición
Mientras tanto, el presidente de la ADP dijo que los maestros no pueden pagar las consecuencias de una deficiencia gerencial que radica en los directores de escuelas, regionales y distritales que envían a un maestro a un centro educativo y desde allí bajo el alegato de que no lo necesitan, lo trasladan a otro plantel, sin notificarlo a las instancias correspondientes.
Camacho dijo que comparte las auditorías para transparentar el sistema, pero no acepta que se le lesione el salario a los docentes, que de por sí, entiende no es el adecuado por los procesos de normativa.
De ahí, sugiere que se ubique a los profesores con el uso del padrón de la Junta Central Electoral (JCE), que es una herramienta que utilizan otras instituciones con resultados satisfactorios.
Solicitó también a los representantes de la ADP en los municipios que recojan los casos, busquen las cartas y lo reporten a las autoridades competentes, a fin de buscarle una solución al problema.
Rechaza medida
De su lado, María Teresa Cabrera, ex presidenta del gremio magisterial, dijo que los casos son más, y aunque asegura estar de acuerdo con la auditoría, considera que deben ser hechas con más delicadeza.
Explicó que muchos de los excluidos estaban en sus respectivos centros educativos cuando los auditores lo visitaron, que vieron sus registros de estudiantes y sus firmas de asistencia y que hay casos de profesores que están en licencias médicas.
Dijo que la situación desequilibró el presupuesto familiar y lamentó que una iniciativa positiva, como es la auditoría, se haya tornado en una medida que genere disgusto en el magisterio, porque se hizo sin el cuidado suficiente para excluir de nómina a personas que cumplen con su trabajo.
Despidos se registran desde marzo
Recientemente, dirigentes de la ADP la pasada semana y por dos días consecutivos montaron vigilia frente a las oficinas del ministro de Educación, Melanio Paredes, denunciaron las cancelaciones masivas de docentes y solicitaron el cese de las mismas.
También se quejaron de que mientras ocurre esa situación, a los maestros se les exige más horas de trabajo.
Abel González, expuso en esa ocasión la problemática a la viceministra, Mery Valerio, quien prometió remitirla a Paredes cuando regrese de un viaje al exterior, donde permanece.
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