Jiménez Peña dijo que aunque la repartición no responderá a las aspiraciones de los demandantes, se les entregará una gran parte de esos bienes para que esas instituciones sigan trabajando en la lucha contra el narcotráfico y la regeneración de adictos.
“Lo que sucede es que esta situación se desenvuelve dentro de un marco en el que no aplica la Ley 72-02. Esto es que los bienes fruto del decomiso de actividades ilícitas, como el narcotráfico y lavado de activos, se distribuirán cuando se haya producido una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada”, manifestó Jiménez Peña.
Aclaró que en lo concerniente a ese caso esto no se ha producido debido a que la entrega de esos bienes surge como resultado de un acuerdo internacional hecho entre los ministerios públicos de Estados Unidos y de República Dominicana.
Manifestó que el acuerdo establece que esos bienes deben ser utilizados para el fortalecimiento de la persecución del Ministerio Público y el Nuevo Sistema Penitenciario.
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