Tegucigalpa.- Los militares de Honduras destituyeron y expulsaron a Costa Rica al presidente Manuel Zelaya, en cumplimiento de una orden de la Corte Suprema de Justicia, y el Congreso convalidó el golpe al nombrar ayer un sucesor. El golpe, que generó condenas en todo el continente y en Europa, fue en “cumplimiento de una orden judicial (...) las Fuerzas Armadas, como defensoras del imperio de la Constitución han actuado en defensa del Estado de Derecho” según un comunicado del poder ju dicial.
Horas después, el Congreso acusó a Zelaya de “reiteradas violaciones a la Constitución” y designó como reemplazo a su titular, Roberto Micheletti, “por el tiempo que falte para terminar el periodo constitucional y que culmina el 27 de enero del año 2010”.
El derrocamiento se produjo el mismo día en que el presidente convocaba a una consulta popular en torno a la reelección constitucional.
No renunció
Desde San José, hacia donde fue expulsado, Zelaya dijo que se consideraba todavía el presidente y desmintió una supuesta carta de renuncia suya que había sido leída en Tegucigalpa frente al Congreso.“Yo nunca he renunciado ni nunca voy a usar ese mecanismo cuando he sido presidente electo por el pueblo”, dijo.
“Este es un crimen más contra la democracia, a mi casi me asesinan en la mañana, entraron a balazos, rompieron las puertas a balazos, entraron militares encapuchados a mi casa, me sacaron amenazado de muerte, apuntado con todos los fusiles”, agregó Zelaya.
Luego “me subieron a un vehículo, me llevaron a la Fuerza Aérea y me subieron a un avión y me trajeron a Costa Rica”, añadió.
Ocho de sus ministros, entre ellos la canciller Patricia Rodas, fueron detenidos por los militares, confirmó un funcionario del derrocado gobierno a la AFP.
SE VINCULÓ CON LOS GRUPOS SOCIALISTAS
Manuel Zelaya es un político de derecha que asumió en enero de 2006, y giró luego e ingresó al Alba, grupo de países con gobiernos izquierdistas del que forman parte Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador.En los últimos días, Zelaya había chocado con el Tribunal Supremo de Justicia, el Electoral, el Congreso, las Fuerzas Armadas y medios de comunicación, que acusaban al mandatario Zelaya de buscar una reforma constitucional que permitiese su reelección.
Ayer la casa presidencial permanecía vacía y acordonada por decenas de soldados con tanquetas.
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