Jueza justifica libertad de Sobeida

miércoles, 11 de noviembre de 2009

Jueza justifica libertad de Sobeida

SUPREMA ESPERA RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN A QUE SOMETIERON A LA MAGISTRADA

La jueza que liberó a Sobeida Félix dijo estar dispuesta a que la investiguen minuciosamente.

Santo Domingo.- La jueza que dejó en libertad a Sobeida Félix Morel dijo ayer que falló en base a los documentos presentados y bajo el criterio de que una persona puede estar en libertad con su proceso abierto en los tribunales.

La magistrada Roxanna Vásquez Febrillet dijo estar dispuesta a que la investiguen minuciosamente, desde sus cuentas bancarias hasta su trayectoria como juez del Poder Judicial.

Sostiene que está en disposición también de que sea investigada su familia, su padre y esposo, tras señalar que el vehículo que tiene fue comprado con una exoneración y que su esposo con quien tiene 16 años de casada prácticamente la mantiene.

La jueza, quien tiene dos hijos de seis y un año y medio, y está embarazada, expresó que Félix Morel le fue presentada al tribunal como la mujer del delincuente, por lo que creyó en el arraigo económico y en su condición de madre. Señaló que entre los documentos aportados al tribunal se encuentra un carné emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil que califica a Félix Morel como tripulante de cabina, así como el récord médico de la madre de la imputada, Juana Morel, demostrando los graves padecimientos de salud que experimenta la progenitora de la imputada.

Igualmente, certificaciones de los colegios St. Patric School y The Ashton School, dando cuenta que sus dos hijos menores están cursando actualmente el año escolar.

Sostuvo que al tribunal se presentaron documentos señalando que tiene arraigo, contrario al criterio sostenido por los jueces de la Tercera Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que revocó la orden de libertad dictada por la magistrada, bajo el argumento de que no tenía arraigo laboral.

“Ellos vinieron con muchos documentos sobre los niños y carta del Colegio donde estudian, entre otros, y bajo mi criterio de que una persona puede estar en libertad y tener abierto su caso”, adujo la magistrada en el tribunal antes de conocer los roles de audiencia.

Apenada relató que su abuelo de 91 años de edad observa todos los días los noticiarios de televisión y lee los periódicos, por lo que teme que éste se muera.

Aclaró que su viaje a Francia estaba pautado antes de ser apoderada de la revisión de la medida de coerción de Félix Morel, por parte de sus abogados Carlos Olivares y Félix Portes, quienes habían pedido variar la prisión preventiva de su defendida por garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.

Carrera

Vásquez Febrillet entró al Poder Judicial en el 1995 como oficinista del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal en el cual en la actualidad se desempeña como jueza. Ingresó en el 2005 a la Escuela Nacional de la Judicatura y el 8 de febrero de 2007 llegó al Poder Judicial como juez de Paz y luego fue designada por el Pleno de la SCJ en el Séptimo Juzgado de la Instrucción.

Casos apoderados

Entre los expedientes que ha conocido la jueza Vásquez se encuentra el caso en que se acusaba a altos oficiales de la Policía Nacional de adueñarse de vehículos robados y luego recuperados.

También solicitud de apertura a juicio en contra de varios de los familiares del ex capitán Quirino Paulino Castillo.

Vicepresidente

El vicepresidente Alburquerque rehusó referirse a la sentencia emitida por la magistrada Vásquez, alegando que ese fallo fue emitido por un poder independiente del Ejecutivo y tiene que respetar esas decisiones. Mientras que el secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general Rafael Peña Antonio, dijo que por el momento no existe constancia de que la señora Félix Morel saliera de territorio dominicano.

INVESTIGACIÓN JUECES DE LA CÁMARA PENAL

La Suprema Corte de Justicia está a la espera de las recomendaciones de los jueces de la Cámara Penal de ese tribunal, quienes investigaron a la magistrada Vásquez sobre su decisión.

Los magistrados Hugo Álvarez Valencia, Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández, Dulce Rodríguez de Goris y Víctor Castellanos entrevistaron a la magistrada Roxanna Vásquez, sobre las razones que la llevaron a variar la medida de coerción de prisión preventiva impuesta a la imputada por una garantía económica, informó el presidente de la SCJ, Jorge Subero Isa.

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El financiamiento de los partidos políticos en el país: articulo del expresidente Leonel Fernández

Leonel Fernández

@leonelfernandez

Santo Domingo

Durante las últimas semanas la Comisión Bicameral del Congreso Nacional ha avanzado a un ritmo tal en el conocimiento del proyecto de ley de partidos políticos que ha entrado en los temas más controversiales.

Entre esos temas se encuentra el relativo al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, que figura en el título V del referido proyecto de ley, y abarca desde el artículo 53 al 67.

La reglamentación sobre el financiamiento de los partidos políticos resulta controversial por el papel que desempeña el dinero en las competencias políticas democráticas o electorales.

Aunque en algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, se habían establecido mecanismos de regulación al uso de los recursos económicos en el ámbito político, desde la primera mitad del siglo XX, fue en realidad, desde fines de los años 70, al producirse la transición hacia sistemas políticos democráticos que en la región se desarrolló la tendencia hacia la regulación financiera de los partidos políticos.

De esa manera, en medio de un gran debate se planteó la posibilidad de utilizar fondos públicos en el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos y de las campañas electorales. En principio, hubo cierta reticencia a que se procediese de esa manera. Se sostenía que era injusto utilizar recursos provenientes de los contribuyentes a favor de instituciones políticas que no habían conquistado plenamente la confianza de los ciudadanos.

Sin embargo, con posterioridad llegó a comprenderse la necesidad e importancia de una financiación pública a la actividad política, debido al poder e influencia que pudiera derivarse de un financiamiento proveniente exclusivamente del sector privado.

Así, de esa forma, surgió el criterio de combinar financiación pública con la privada, estableciéndose un sistema o mecanismo de carácter mixto, que es el que, en sentido general, actualmente predomina en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Lo que se ha venido planteando durante las últimas dos décadas es el de reglamentar la manera en que los partidos reciben los ingresos y el de cómo los gastan, de una manera que resulte legal, equitativa, justa, transparente y susceptible de rendición de cuentas y sanciones en caso de violación a las normas.

Naturalmente, a pesar de esos criterios no existe ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo una legislación que tenga carácter de universalidad y que sirva como patrón de referencia a todas las demás. Lo que hay son diversas leyes o normas que se ajustan a las condiciones específicas de cada país y que procuran el que se cumplan con los valores y principios previamente enunciados.

Límites y prohibiciones
Para recibir fondos provenientes del Estado, una organización política generalmente está sujeta a la obtención de un porcentaje mínimo de votos, que suele ser de no menos de un 2%; o de haber alcanzado un nivel de representación en el Congreso Nacional o en la Alcaldía Municipal.

Al suscitarse la reflexión en torno a la equidad o justicia con que se distribuyen los fondos públicos, se ha sugerido que esa distribución se produzca en cantidades iguales para cada partido. Eso significaría entregarle igual cantidad de dinero a los partidos grandes que a los partidos pequeños, lo que se estima es algo inadecuado porque los pequeños no tienen el mismo nivel de representación que los grandes.

Por consiguiente, a diferencia de ese criterio de equidad se ha elaborado la idea de que lo que realmente procede es una distribución en cantidades proporcionales en relación al número de votos obtenidos en el último certamen electoral; o una combinación de montos equitativos y proporcionales a los votos recibidos.

En lo que respecta a los aportes privados, la preocupación reside en determinar el origen o procedencia de esos recursos; la cantidad que pueda ser contribuida; las prohibiciones de recepción de determinadas contribuciones; las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones; y las sanciones a ser establecidas en caso de violación.

Resulta evidente el interés que pueda haber respecto al origen y procedencia de los recursos. Lo que se procura es evitar la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, y por consiguiente, en las posibilidades de influir en las futuras autoridades del Estado.

Lo mismo puede decirse en lo que atañe a la cantidad o monto a ser aportado. Algunos estiman que una contribución de un monto elevado podría implicar la compra de la voluntad del futuro funcionario, o el potencial ejercicio del tráfico de influencias. Otros, no obstante, consideran que con las aportaciones privadas, lo que el donante tiene como objetivo es lograr acceso a las autoridades para procurar prevenir eventuales abusos de poder por parte de funcionarios subalternos.

Pero así como algunas legislaciones limitan la cantidad a ser aportadas por una entidad privada, todas las legislaciones coinciden, sin embargo, en prohibir aportaciones realizadas por gobiernos extranjeros. Ese es un punto crucial, en razón de que en caso de aceptar donaciones provenientes de gobiernos extranjeros, eso equivaldría a intromisión en los asuntos internos de un país y vulnerabilidad al ejercicio de su soberanía.

De igual manera, algunas legislaciones prohíben que personas o empresas extranjeras realicen contribuciones a partidos políticos o para campañas electorales. Pero esto no tiene carácter general, ya que en muchos países si se permite, y por lo tanto, no se considera una práctica ilícita.

El proyecto dominicano
El actual proyecto de ley de partidos políticos que examina la Comisión Bicameral del Congreso Nacional contempla un sistema mixto, público y privado, de financiación de los partidos y agrupaciones políticas.

Corresponderá a la Junta Central Electoral la entrega de los recursos provenientes del Estado a las organizaciones políticas. Sin embargo, queda prohibido para cualquier otra institución del Estado, ya sea un ministerio, un organismo descentralizado o un ayuntamiento, entregar fondos, de manera directa o indirecta, a un partido o agrupación política.

De ser aprobado el proyecto de ley, un 80% de los recursos públicos será distribuido a los partidos en función de los votos obtenidos en la última elección; y un 20% en partes iguales entre todos los partidos incluyendo los de nuevo reconocimiento.

Ahora bien, un 50% de los recursos del Estado serán destinados para cubrir los gastos administrativos operacionales; un 15% a los gastos de educación y capacitación de los miembros de la organización política; y un 35% para apoyar la organización de los procesos internos de elección de dirigentes, primarias internas y candidaturas a puestos de elección popular.

En lo que atañe a las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos y a los candidatos, no podrán ser superiores al 1% del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación del fondos públicos. Eso quiere decir que si el partido que mayor cantidad de fondos reciba de la Junta Central Electoral alcanza la cifra, por ejemplo, de 700 millones de pesos, la contribución individual no podría ser mayor de 7 millones de pesos.

En los Estados Unidos, esos límites o topes al aporte privado se han visto superados mediante la creación de unos llamados Comités de Acción Política, los cuales directamente pueden invertir en la campaña del partido; y lo único que les está prohibido es la entrega directa de fondos al candidato.

Siguiendo la tendencia de la generalidad de las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe, nuestro proyecto de ley considera como contribuciones ilícitas, las provenientes de gobiernos extranjeros; las de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades delictivas; las que no pueda determinarse su procedencia u origen; y las de personas físicas subordinadas cuando les hayan sido impuestas arbitrariamente por sus superiores jerárquicos.

Nuestro proyecto de ley prevé que la Junta Central Electoral creará una unidad especializada de control financiero de los partidos políticos, que tendrá, entre sus funciones, la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos, así como sus topes de gastos.

De igual manera, prevé sanciones a los partidos y agrupaciones políticas que van desde la fijación de multas de 100 a 200 salarios mínimos, hasta la privación de libertad de sus miembros, cuando haya habido apropiación indebida de los recursos de la organización política, destinándose a un uso distinto al dispuesto en la norma.

Al estar llegando la Comisión Bicameral del Congreso Nacional a la fase final del estudio y evaluación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, pronto la aprobación de este proyecto se convertirá en el tema principal para garantizar el tránsito de la democracia dominicana a una nueva etapa, que será de mayor participación política de los ciudadanos; de mayor institucionalización interna de los partidos; de mayor capacitación de los afiliados; y de mayor transparencia en el uso de los recursos económicos.

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miércoles, 11 de noviembre de 2009