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SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano es el que mayor participación tiene en el negocio energético: es generador, distribuidor, transmisor y, además, tiene a su cargo el establecimiento de las normas del sector a través de la Superintendencia de Electricidad. Pero también tiene la obligación de la compra y venta de energía a los generadores independientes.
Esto significa que es en parte responsable, junto a los empresarios, de las dificultades y las deficiencias que se produzcan.El Estado es dueño absoluto de Edenorte y Edesur, lo que representa el 70% de la distribución, pero además posee el 50% de EDE-Este. Igualmente, maneja toda la generación hidroeléctrica, que suma alrededor de 480 megas, y el negocio del sistema de transmisión. Entre las principales hidroeléctricas se encuentran Tavera, Valdesia, Hatillo, Rincón, Monción, Jigüey, Aguacate, entre otras que suman en conjunto 35.
Pero el Estado también tiene acciones en la generación de electricidad, lo que implica que es responsable de servir energía a las distribuidoras. Controla el 50% de la empresa Haina (la otra mitad la maneja la compañía EgeHaina), que en conjunto aporta 663 megavatios e igual porcentaje de participación en la generadora Itabo, de 432 megavatios, donde el otro 50% restante pertenece a AES Corporation.
El informe “La economía dominicana: algunos restos pendientes, macroeconómicos y sectoriales”, presentado en junio por el Consejo Nacional de la Empresa Privada y desarrollado por los economistas Ramón Flores, Isidoro Santana, Eduardo García Michel y Miguel Cocco, reveló que uno de los problemas fundamentales es la debilidad institucional producto de la duplicidad de funciones del Estado en el sistema: “fija políticas, fiscaliza el cumplimiento de las normas, establece la tarifa mensualmente (que tiene más de tres años congelada), es inversionista del 84% del negocio de la distribución, propietario administrador de hidroeléctricas, de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), corresponsable de la electrificación en las zonas urbanas y financiador del déficit y subsidio”.
Tanto Itabo como Haina fueron fundadas en el proceso de capitalización de la CDEEE, anteriormente conocida como Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), que se hizo en 1999 y que se constituyó mediante la ley General de Reforma de la Empresa Pública (141-97).
La CDEEE administra los contratos de los generadores independientes, conocidos como los IPPs, que son la generadora Cogentrix, de 300 megavatios, y San Felipe, antigua Smith & Enron, de 185 megavatios. Estos contratos son los más costosos del sector energético porque el Gobierno tiene que pagarles aunque no estén generando energía en el sistema interconectado.
En el caso de Cogentrix, Segura ha dicho que sale más barato tenerla apagada y ha manifestado en su última comparecencia pública (el lunes pasado) que el sector privado se ha resistido a apoyar la inversión en plantas de bajo costo (como las de carbón y la conversión de Cogentrix a gas).
Precios de energía
En el 2007, el parque de generación se distribuía de la siguiente manera: las generadoras que operan con combustibles derivados del petróleo representan el 45%, el 20% corresponde a las plantas de gas natural y otro 20% a las de carbón y sólo un 15% representan a las hidroeléctricas. Esto quiere decir que la generación sobre la base de fuentes no dependientes del petróleo (gas natural, carbón, hidro) representó el 55% del total generado y la generación con derivados del crudo fue el 45%.Los precios de venta de energía de EgeHaina e Itabo se consideran los más costosos por parte del Gobierno, ya que según la CDEEE, el precio medio del kilovatio de la primera (que trabaja con fuel oil número 6) fue de US$21.91 centavos y el de la segunda ( que opera con carbón), US$12.51 centavos.
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