El caso Figueroa Agosto se desarrolla en un ambiente de dispersiones. Por momentos, la atención de la comisión que indaga los vínculos de su organización mafiosa se centra más en dilucidar contradicciones internas.Esto, más que en cuestiones que verdaderamente aporten a la investigación.
La última piedra en el zapato de la enmarañada misión de descubrir el paradero de José Figueroa Agosto y todo lo derivado de su estructura criminal, fue la desaparición y adulteración de la “lista de gastos” que el capo boricua dedicaba para pagar favores y solventar deudas.
La lista en cuestión fue confiscada por la comisión investigadora a Ricardo Ivanovich Smester Ginebra, preso en Najayo acusado de servir de testaferro de Figueroa Agosto.
Este joven tenía en su poder el documento que la comisión guardaba como un valioso elemento de prueba, pero resulta que esa “lista de pagos” fue colada a un medio de comunicación digital que luego difundió su contenido.
El fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra mostró su indignación por esta acción, y lo interpretó como una forma de desacreditar la labor que dentro de este proceso desempeña el Ministerio Público.
Esta lista era solo manejada por la comisión investigadora que conforman la Procuraduría, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y las Fuerzas Armadas. Por razones obvias, Moscoso Segarra no mencionó por su nombre quién podría estar detrás del alegado plan para invalidar moralmente al Ministerio Público y descalificarlo como cabeza de la investigación.
El Caribe se enteró que solamente un general de una institución no especificada tenía copia de la lista y que la obtuvo al finalizar una reunión entre los integrantes de la comisión investigadora, tras un interrogatorio realizado a Smester Ginebra.
En la “lista de gastos” hay una partida de 175 mil dólares destinada a sobornar a un fiscal y una jueza que figuran sin nombres ni apellidos.
El proceso para dar con el paradero de Figueroa Agosto se ha visto igualmente entorpecido por otras situaciones que incluso han enfrentado, de forma sutil, a los miembros de la comisión investigadora.
El pasado 30 de enero, desconocidos mataron a tiros a Omar Antigua Polanco, supuesto jefe operativo de Figueroa Agosto, en el parqueo del supermercado Carrefour.
Cuatro días después del hecho, el Ministerio Público se enteró de que este hombre era el lugarteniente del hombre más buscado por las autoridades. Esto a pesar de que la Policía y la DNCD, integrantes de la comisión, tenían la información desde el primer momento en que mataron a Antigua Polanco.
Hace dos semanas, varios desconocidos intentaron penetrar a la celda de Mary Peláez, acusada de lavado de activos con bienes propiedad de Figueroa Agosto y presa en Najayo Mujeres.
Tras ser detenidos por la seguridad de la cárcel, los hombres dijeron que daban seguimiento a Dolphy Peláez, hermana de Mary.
Ausencia en el informe
Un hecho que reveló contradicciones dentro de la comisión designada por el presidente Leonel Fernández para desenredar toda la intríngulis relacionada con Figueroa Agosto, fue la inexplicable ausencia del procurador general de la República, Radhamés Jiménez, y de Moscoso Segarra, en el encuentro con ejecutivos de medios de comunicación para dar a conocer detalles de las pesquisas.
Esta actividad se realizó la segunda semana de enero pasado.
Y aunque estaba programada con mucho tiempo de antelación, la explicación que ofrecieron los representantes del Ministerio Público fue que habían contraído compromisos.
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