Se cumplen hoy 89 años de fundación del Escogido

miércoles, 17 de febrero de 2010

Se cumplen hoy 89 años de fundación del Escogido

La fecha llega en momentos en que celebra títulos RD y del Caribe

Fundador. Carlos Manuel Bonetti Burgos fue el fundador de la franquicia, hecho que aconteció en el popular sector de San Carlos.

Santo Domingo.- Los Leones del Escogido cumplen en esta fecha 89 años de fundados, efeméride que llega en medio de las celebraciones por los éxitos alcanzados en la temporada otoño-invernal 2009-10.

La tradicional escuadra viene de conquistar el título de campeones nacionales y la corona en la Serie del Caribe, en una campaña inolvidable que terminó con 18 años de frustraciones.

Bajo las riendas de una nueva directiva, liderada por tres familias de rancia estirpe escogidista, los Bonetti, Najri y los Vicini, la organización escarlata acaba de encumbrarse a la cúspide del béisbol dominicano y caribeño, otorgándole a este nuevo aniversario una especial significación.

En este día es preciso recordar a don Carlos Manuel Bonetti Burgos (Pilindo), abuelo del actual presidente del Escogido, licenciado Luis Manuel Bonetti, quien fue el principal responsable de la creación del conjunto rojo.

Don Pilindo, junto a Rafael Esteva (don Fello), primer presidente del club, Luis Alfau, J. Enrique Alfau, Eusebio Martínez y Federico Nina, fueron los precursores de la exitosa franquicia capitaleña.

Historia de su fundación

El nacimiento del Escogido constituyó una especie de parto provocado por la necesidad de mantener la competencia deportiva.

Corrían los primeros años de la década del 20 y varios eran los equipos del béisbol que denominaban el escenario capitalino, pero uno de ellos, el Licey, sobresalía por su superioridad. Poco podían hacer contra los azules los demás equipos, San Carlos, Los Muchachos y el Delco Lite.

De ahí es que surge la idea de don Pilindo, de formar un equipo que pudiera derrotar al Licey.Por eso se considera a Carlos Manuel Bonetti Burgos como el principal responsable de la creación del futuro equipo.

¿Cual fue la solución planteada?

Fundir estos tres equipos en uno solo, y rápidamente se iniciaron las reuniones en tal sentido. Los encuentros comenzaron en distintos lugares, incluso en la Iglesia Las Mercedes. En definitiva, el proyecto tom+o cuerpo en la segunda quincena del mes de febrero de 1921, en reuniones sucesivas realizadas en la residencia del señor Numa Parra, en la calle Espaillat, de la capital.

Parra era un nacional de Venezuela residente en el país, gran deportista y apasionado por el béisbol. El 17 de febrero se decidió, finalmente, fundar el nuevo equipo, proponiéndose varios nombres (Ozama, Estrellas, Caribe, etc.). Fue seleccionado entre todos, el nombre ESCOGIDO.

LOS PIONEROS DEL EQUIPO ESCARLATA

La presidencia de la primera directiva roja recayó en la persona de Rafael Esteva (don Fello), hombre amante del béisbol, de mucho dinamismo y espíritu de cooperación.

A don Fello se unieron en esa primera directiva, Carlos Manuel Bonetti Burgos (Pilindo), Luis Alfau (que dirigía a Los Muchachos), Enrique Alfau, Eusebio Martínez, Federico Nina, Francisco Caro, Guillermo Pellerano, Domingo Sánchez, José R. Sanz, Andrés Aquino y José A. Sabino.

Los integrantes del equipo fueron, Piñao Acosta, José Sabino, Raúl Comme Fernández (Moñé), René Velásquez, Manuel Emilio Castillo (Ñiñí), Luis Mercado Aroche y Amable Reyes.

También, Guaguá Vargas, Fellito Guerra, Mateo De la Rosa, Diógenes Lara, Horacio Alvarez, Armando Aquino (Balito), Juan Vargas y Francisco Frómeta Nina.

Numa Parra, el venezolano, fue nombrado el primer manager del Escogido.

Se preparó, entonces la primera presentación del equipo del Escogido, y precisamente lo hizo contra el Licey, el primer sábado de gloria de ese año 1921.

Ese partido culminó con una victoria del Escogido y todos fueron testigos del nacimiento de un nuevo hito en la historia beisbolera de la Republica Dominicana.

LEONES DEL ESCOGIDO PASADOS PRESIDENTES
Rafael Esteva 1921
Gilberto Pellerano 1922
José R. Sanz 1923
Francisco (Quico) Caro 1924
Alfredo Ginebra 1928
Mario Abreu Victoria 1929
Federico Geraldino 1933-1934
Francisco Martínez Alba 1934-1957
Horacio Alvarez Saviñon 1957-1958
Ramón Imbert Rainieri 1958-1959
Máximo Hernández Ortega 1959-1964
Ramón Imbert Rainieri 1964-1965
Emil Kasse Acta 1966-1968
Ramón Imbert Rainieri 1968-1973
Félix Mario Aguiar 1973-1984
Julio Morales 1984-1989
Daniel Aquino 1990-2003
Julio Hazim 2004-2009

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El financiamiento de los partidos políticos en el país: articulo del expresidente Leonel Fernández

Leonel Fernández

@leonelfernandez

Santo Domingo

Durante las últimas semanas la Comisión Bicameral del Congreso Nacional ha avanzado a un ritmo tal en el conocimiento del proyecto de ley de partidos políticos que ha entrado en los temas más controversiales.

Entre esos temas se encuentra el relativo al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, que figura en el título V del referido proyecto de ley, y abarca desde el artículo 53 al 67.

La reglamentación sobre el financiamiento de los partidos políticos resulta controversial por el papel que desempeña el dinero en las competencias políticas democráticas o electorales.

Aunque en algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, se habían establecido mecanismos de regulación al uso de los recursos económicos en el ámbito político, desde la primera mitad del siglo XX, fue en realidad, desde fines de los años 70, al producirse la transición hacia sistemas políticos democráticos que en la región se desarrolló la tendencia hacia la regulación financiera de los partidos políticos.

De esa manera, en medio de un gran debate se planteó la posibilidad de utilizar fondos públicos en el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos y de las campañas electorales. En principio, hubo cierta reticencia a que se procediese de esa manera. Se sostenía que era injusto utilizar recursos provenientes de los contribuyentes a favor de instituciones políticas que no habían conquistado plenamente la confianza de los ciudadanos.

Sin embargo, con posterioridad llegó a comprenderse la necesidad e importancia de una financiación pública a la actividad política, debido al poder e influencia que pudiera derivarse de un financiamiento proveniente exclusivamente del sector privado.

Así, de esa forma, surgió el criterio de combinar financiación pública con la privada, estableciéndose un sistema o mecanismo de carácter mixto, que es el que, en sentido general, actualmente predomina en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Lo que se ha venido planteando durante las últimas dos décadas es el de reglamentar la manera en que los partidos reciben los ingresos y el de cómo los gastan, de una manera que resulte legal, equitativa, justa, transparente y susceptible de rendición de cuentas y sanciones en caso de violación a las normas.

Naturalmente, a pesar de esos criterios no existe ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo una legislación que tenga carácter de universalidad y que sirva como patrón de referencia a todas las demás. Lo que hay son diversas leyes o normas que se ajustan a las condiciones específicas de cada país y que procuran el que se cumplan con los valores y principios previamente enunciados.

Límites y prohibiciones
Para recibir fondos provenientes del Estado, una organización política generalmente está sujeta a la obtención de un porcentaje mínimo de votos, que suele ser de no menos de un 2%; o de haber alcanzado un nivel de representación en el Congreso Nacional o en la Alcaldía Municipal.

Al suscitarse la reflexión en torno a la equidad o justicia con que se distribuyen los fondos públicos, se ha sugerido que esa distribución se produzca en cantidades iguales para cada partido. Eso significaría entregarle igual cantidad de dinero a los partidos grandes que a los partidos pequeños, lo que se estima es algo inadecuado porque los pequeños no tienen el mismo nivel de representación que los grandes.

Por consiguiente, a diferencia de ese criterio de equidad se ha elaborado la idea de que lo que realmente procede es una distribución en cantidades proporcionales en relación al número de votos obtenidos en el último certamen electoral; o una combinación de montos equitativos y proporcionales a los votos recibidos.

En lo que respecta a los aportes privados, la preocupación reside en determinar el origen o procedencia de esos recursos; la cantidad que pueda ser contribuida; las prohibiciones de recepción de determinadas contribuciones; las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones; y las sanciones a ser establecidas en caso de violación.

Resulta evidente el interés que pueda haber respecto al origen y procedencia de los recursos. Lo que se procura es evitar la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, y por consiguiente, en las posibilidades de influir en las futuras autoridades del Estado.

Lo mismo puede decirse en lo que atañe a la cantidad o monto a ser aportado. Algunos estiman que una contribución de un monto elevado podría implicar la compra de la voluntad del futuro funcionario, o el potencial ejercicio del tráfico de influencias. Otros, no obstante, consideran que con las aportaciones privadas, lo que el donante tiene como objetivo es lograr acceso a las autoridades para procurar prevenir eventuales abusos de poder por parte de funcionarios subalternos.

Pero así como algunas legislaciones limitan la cantidad a ser aportadas por una entidad privada, todas las legislaciones coinciden, sin embargo, en prohibir aportaciones realizadas por gobiernos extranjeros. Ese es un punto crucial, en razón de que en caso de aceptar donaciones provenientes de gobiernos extranjeros, eso equivaldría a intromisión en los asuntos internos de un país y vulnerabilidad al ejercicio de su soberanía.

De igual manera, algunas legislaciones prohíben que personas o empresas extranjeras realicen contribuciones a partidos políticos o para campañas electorales. Pero esto no tiene carácter general, ya que en muchos países si se permite, y por lo tanto, no se considera una práctica ilícita.

El proyecto dominicano
El actual proyecto de ley de partidos políticos que examina la Comisión Bicameral del Congreso Nacional contempla un sistema mixto, público y privado, de financiación de los partidos y agrupaciones políticas.

Corresponderá a la Junta Central Electoral la entrega de los recursos provenientes del Estado a las organizaciones políticas. Sin embargo, queda prohibido para cualquier otra institución del Estado, ya sea un ministerio, un organismo descentralizado o un ayuntamiento, entregar fondos, de manera directa o indirecta, a un partido o agrupación política.

De ser aprobado el proyecto de ley, un 80% de los recursos públicos será distribuido a los partidos en función de los votos obtenidos en la última elección; y un 20% en partes iguales entre todos los partidos incluyendo los de nuevo reconocimiento.

Ahora bien, un 50% de los recursos del Estado serán destinados para cubrir los gastos administrativos operacionales; un 15% a los gastos de educación y capacitación de los miembros de la organización política; y un 35% para apoyar la organización de los procesos internos de elección de dirigentes, primarias internas y candidaturas a puestos de elección popular.

En lo que atañe a las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos y a los candidatos, no podrán ser superiores al 1% del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación del fondos públicos. Eso quiere decir que si el partido que mayor cantidad de fondos reciba de la Junta Central Electoral alcanza la cifra, por ejemplo, de 700 millones de pesos, la contribución individual no podría ser mayor de 7 millones de pesos.

En los Estados Unidos, esos límites o topes al aporte privado se han visto superados mediante la creación de unos llamados Comités de Acción Política, los cuales directamente pueden invertir en la campaña del partido; y lo único que les está prohibido es la entrega directa de fondos al candidato.

Siguiendo la tendencia de la generalidad de las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe, nuestro proyecto de ley considera como contribuciones ilícitas, las provenientes de gobiernos extranjeros; las de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades delictivas; las que no pueda determinarse su procedencia u origen; y las de personas físicas subordinadas cuando les hayan sido impuestas arbitrariamente por sus superiores jerárquicos.

Nuestro proyecto de ley prevé que la Junta Central Electoral creará una unidad especializada de control financiero de los partidos políticos, que tendrá, entre sus funciones, la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos, así como sus topes de gastos.

De igual manera, prevé sanciones a los partidos y agrupaciones políticas que van desde la fijación de multas de 100 a 200 salarios mínimos, hasta la privación de libertad de sus miembros, cuando haya habido apropiación indebida de los recursos de la organización política, destinándose a un uso distinto al dispuesto en la norma.

Al estar llegando la Comisión Bicameral del Congreso Nacional a la fase final del estudio y evaluación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, pronto la aprobación de este proyecto se convertirá en el tema principal para garantizar el tránsito de la democracia dominicana a una nueva etapa, que será de mayor participación política de los ciudadanos; de mayor institucionalización interna de los partidos; de mayor capacitación de los afiliados; y de mayor transparencia en el uso de los recursos económicos.

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