En una vista previa al juicio de fondo del caso fechado hasta ahora para el martes próximo, los fiscales asistentes John O'Donnell y Michael S. Bosworth, entregaron la documentación y pruebas que según ellos, avalan las acusaciones contra Henríquez Díaz.
Ella debió comparecer el lunes a las 11 de la mañana en la sala 15-B, ante la jueza Kimba M. Wood, pero su abogado Eric Franz pidió un día más de plazo para terminar de procesar documentos de defensa, y así consta en un memo que el jurista envió a la magistrada y fechado 22 de agosto.
La petición fue aceptada por la jueza y concedió que tanto la acusada, su abogado y los fiscales comparecieran este lunes.
En el documento acusatorio de 8 páginas, ambos fiscales sostienen que la empresaria venía siendo objeto de una investigación por parte de los federales al estar vinculada al lavado de dinero.
Ella fue acusada junto a José Ortega De León (Chico), a quien se le imputa traficar con 5 kilogramos de cocaína para importarlos a Estados Unidos y el gobierno dice que el estupefaciente era parte de la organización supuestamente dirigida por los mellizos Jean Paúl y David Ulloa y el empresario Eduardo Rodríguez Cordero (Eduardito). Ese expediente fue introducido en la corte el 7 de abril del 2005.
Sostiene que otros cargos se han imputado a de León entre los que figura el de conspiración desde septiembre del 2003 a mayo del 2004.
"La evidencia que estamos presentando es una prueba directa y admisible y sirve de respaldo a los cargos de narcotráfico y conspiración", exponen los fiscales en el documento.
Recuerdan que en el caso de Fátima ésta fue interceptada en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York procedente de la República Dominicana y con la suma de US$13, 367, aunque sólo declaró US$9,000 en efectivo en el formulario que hay que entregar a los agentes aduanales de Estados Unidos.
Señalan los fiscales que después de ser revisado el equipaje de Fátima y encontrar la suma ilegal, los inspectores de la policía de Protección de Aduanas y Fronteras (CBP, siglas en inglés) tuvieron que prácticamente "forzarla" a firmar el formulario #4790 para admitir que la suma que trajo no era la que había declarado originalmente.
"Posteriormente ella admitió que había mentido a las autoridades federales", asegura la acusación. La ley norteamericana faculta sólo la cantidad de US$10,000 dólares en efectivo como cantidad legal que puede ser transportada tanto desde y hacia el país.
El incidente en el aeropuerto se produjo el 20 de octubre del 2003. "Ese incidente ocurrió en el marco de un momento muy conspirativo y del que han resultado tres cargos con suficientes evidencias contra la acusada", agregan los fiscales.
"El gobierno probará que ella tenía conocimiento de la procedencia del dinero y que además conspiró con otros con el objetivo sustancial de lavar el dinero", indica el expediente.
Alegan los funcionarios federales que la empresaria estaba consciente de la procedencia ilegal de ese dinero y sabía que sus transacciones monetarias envolvían delitos criminales.
Apuntan que en septiembre del 2003 se recopilaron evidencias claras y suficientes de que ella hacía transferencias monetarias a la cuenta de la compañía de la que tiene control en la ciudad de Nueva York.
"Esperamos el juicio para demostrar en corte que los inspectores de aduanas estuvieron en todo momento en posesión de las pruebas que la implican en la conspiración", destaca la acusación. Entre las pruebas que los fiscales aseguran tener contra la empresaria figuran sus récords bancarios y las transferencias de fondos autorizadas por la acusada.
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