Leonel nombra otros militares; Abel Rodríguez del Orbe es nuevo Consultor Jurídico PE

martes, 19 de agosto de 2008

Leonel nombra otros militares; Abel Rodríguez del Orbe es nuevo Consultor Jurídico PE

César Pina Toribio y Abel Rodríguez del Orbe participaron en una rueda de prensa en el Palacio Nacional.

SANTO DOMINGO.- El presidente Leonel Fernández designó a Abel Rodríguez del Orbe como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y los nuevos jefes de la Fuerza Aérea Dominicana, el Ejército Nacional y los comandantes de las diferentes brigadas de infantería, y confirmó a los jefes de la Policía Nacional y de la Marina de Guerra.

También designó al general de la Policía Nacional Rafael Bencosme Candelier, director de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), en sustitución del también general Latif Miguel Mahfoud Rodríguez, quien quedó nombrado director de la Policía Preventiva.

Fernández confirmó mediante el decreto número 294-08 al vicealmirante Julio César Ventura Bayonet, como jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, y designó al general de brigada Joaquín V. Pérez Féliz como jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional y ascendido a mayor general. El mayor general piloto Carlos R. Martín Altuna Tezanos, fue designado jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana.

Asimismo, con el decreto 295 el presidente Fernández designó como subsecretarios de las Fuerzas Armadas, al mayor general Juan Antonio Campusano López, por el Ejército Nacional, el vicealmirante Homero Lajara Sola, de la Marina de Guerra y el mayor general piloto, Hugo González Borrel, de la Fuerza Aérea.

Mediante el decreto 296- 08 fueron confirmados el mayor general Héctor B. Medina como jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares del Presidente, el mayor general Rafael G. Guzmán Fermín, como jefe de la Policía Nacional y el general de brigada Zenón Antonio Padilla Alcántara, comandante del Primer Regimiento Dominicano de la Guardia Presidencial.

También con el decreto 297-08 fueron designados el general de brigada paracaidista Jesús A. Díaz Ramírez como sub jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, el contralmirante Juan Ramón Soto de la Rosa, como sub jefe de la Marina de Guerra, el general de brigada Francisco J. Gil Ramírez, inspector del Ejército Nacional, el contralmirante Aquilino María Melo, inspector de la Marina de Guerra y la generala de brigada Roxanna L. Pons Peguero, inspectora de la Fuerza Aérea Dominicana.

Con el decreto 298-08 fueron designados los generales de brigada piloto, Ismael Antonio Alvarado como director del Instituto Cartográfico Militar, a Ulises A. Cedano Santana como director de Inteligencia de la Fuerza Aérea Dominicana y a Luis Peña Jiménez, como comandante de la Base Aérea de Puerto Plata.

Otros cambios

El general Raudo Ariosto Ramírez, que se desempeñaba como jefe regional de la Policía en el Cibao, director del Instituto Policial de Estudios Superiores. El ex jefe de la Policía Nacional, mayor general Bernardo Santana Páez fue designado director de la Reforma Policial.

En sustitución de Bencosme Candelier en la Dirección Central de Investigaciones, nombraron al general Pedro Julio Henríquez Pérez. El general Pedro Antonio Cáceres Chestaro del Ejército fue ascendido al rango de mayor general transitorio y nombrado director de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (J-2), de la secretaría de las Fuerzas Armadas. También el contralmirante José Muñoz Monción, de la Marina de Guerra. Comandante de la Base Naval de las Calderas, Baní. El contralmirante Luis G. Castro comandante de la Base Naval 27 de Febrero.

El mayor general José Noble Espejo fue designado jefe de la Policía Electoral. El general paracaidista Nelson Marmolejos Acosta, ex jefe de la Fuerza Aérea director de las escuelas vocacionales.

El vicealmirante Iván Peña Castillo, ex jefe de la Marina y de la Dirección Nacional de Control de Drogas, fue puesto en retiro junto a los contralmirantes Delfín Bautista Arias, Luciano Encarnación y Luis Espaillat.

Del Ejército Nacional retiraron a los mayores generales Adriano Silverio Rodríguez, Elvio Guerrero Reyes y a los generales de brigada Garibaldi Castellano Batista, Fabio Cruz Paulino, entre otros. De la Fuerza Aérea, los generales pilotos José Galán Santana, Rubén Gómez Cruz, Rafael Merejo Guzmán, Agustín Eckel Rojas, Néstor Acosta, y el mayor general del Ejército Hernán Disla González fue designado asesor militar del Presidente de la República.

DECRETOS

El presidente Fernández con el decreto 303-08 designó a los generales de César Nicolás Castaing Jiménez como su jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, José Ramón López Peralta, director del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFFAA), Henry de Jesús Gómez Bueno, director general de la Policía Turística (POLITUR), Carlos A. Rivera Portes, director del Cuerpo Especializado en Seguridad de Combustibles (CECCOM).

Con el decreto 304-08, el presidente designó a los generales Pablo G. Cavallo Féliz, comandante de la Primera Brigada de Infantería del Ejército Justo M. Fernández Tejada, comandante de la Segunda Brigada de Infantería, del Ejército Nacional, Domingo A. Medina Méndez, comandante de la Tercera Brigada de Infantería del Ejército Nacional, Rubén Paulino Sem, comandante de la Cuarta Brigada de Infantería del Ejército, Paulino P. Medina Grateraux, comandante de la Quinta Brigada de Infantería del Ejército Nacional, Manuel Perozo Castillo, comandante de la Sexta Brigada de Infantería del Ejército, Leonardo E. Sabater Núñez, comandante de la Brigada de Apoyo de Servicio del Ejército y Felipe A. Henríquez Molina, director general de Entrenamiento Militar del Ejército.

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El financiamiento de los partidos políticos en el país: articulo del expresidente Leonel Fernández

Leonel Fernández

@leonelfernandez

Santo Domingo

Durante las últimas semanas la Comisión Bicameral del Congreso Nacional ha avanzado a un ritmo tal en el conocimiento del proyecto de ley de partidos políticos que ha entrado en los temas más controversiales.

Entre esos temas se encuentra el relativo al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, que figura en el título V del referido proyecto de ley, y abarca desde el artículo 53 al 67.

La reglamentación sobre el financiamiento de los partidos políticos resulta controversial por el papel que desempeña el dinero en las competencias políticas democráticas o electorales.

Aunque en algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, se habían establecido mecanismos de regulación al uso de los recursos económicos en el ámbito político, desde la primera mitad del siglo XX, fue en realidad, desde fines de los años 70, al producirse la transición hacia sistemas políticos democráticos que en la región se desarrolló la tendencia hacia la regulación financiera de los partidos políticos.

De esa manera, en medio de un gran debate se planteó la posibilidad de utilizar fondos públicos en el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos y de las campañas electorales. En principio, hubo cierta reticencia a que se procediese de esa manera. Se sostenía que era injusto utilizar recursos provenientes de los contribuyentes a favor de instituciones políticas que no habían conquistado plenamente la confianza de los ciudadanos.

Sin embargo, con posterioridad llegó a comprenderse la necesidad e importancia de una financiación pública a la actividad política, debido al poder e influencia que pudiera derivarse de un financiamiento proveniente exclusivamente del sector privado.

Así, de esa forma, surgió el criterio de combinar financiación pública con la privada, estableciéndose un sistema o mecanismo de carácter mixto, que es el que, en sentido general, actualmente predomina en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Lo que se ha venido planteando durante las últimas dos décadas es el de reglamentar la manera en que los partidos reciben los ingresos y el de cómo los gastan, de una manera que resulte legal, equitativa, justa, transparente y susceptible de rendición de cuentas y sanciones en caso de violación a las normas.

Naturalmente, a pesar de esos criterios no existe ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo una legislación que tenga carácter de universalidad y que sirva como patrón de referencia a todas las demás. Lo que hay son diversas leyes o normas que se ajustan a las condiciones específicas de cada país y que procuran el que se cumplan con los valores y principios previamente enunciados.

Límites y prohibiciones
Para recibir fondos provenientes del Estado, una organización política generalmente está sujeta a la obtención de un porcentaje mínimo de votos, que suele ser de no menos de un 2%; o de haber alcanzado un nivel de representación en el Congreso Nacional o en la Alcaldía Municipal.

Al suscitarse la reflexión en torno a la equidad o justicia con que se distribuyen los fondos públicos, se ha sugerido que esa distribución se produzca en cantidades iguales para cada partido. Eso significaría entregarle igual cantidad de dinero a los partidos grandes que a los partidos pequeños, lo que se estima es algo inadecuado porque los pequeños no tienen el mismo nivel de representación que los grandes.

Por consiguiente, a diferencia de ese criterio de equidad se ha elaborado la idea de que lo que realmente procede es una distribución en cantidades proporcionales en relación al número de votos obtenidos en el último certamen electoral; o una combinación de montos equitativos y proporcionales a los votos recibidos.

En lo que respecta a los aportes privados, la preocupación reside en determinar el origen o procedencia de esos recursos; la cantidad que pueda ser contribuida; las prohibiciones de recepción de determinadas contribuciones; las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones; y las sanciones a ser establecidas en caso de violación.

Resulta evidente el interés que pueda haber respecto al origen y procedencia de los recursos. Lo que se procura es evitar la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, y por consiguiente, en las posibilidades de influir en las futuras autoridades del Estado.

Lo mismo puede decirse en lo que atañe a la cantidad o monto a ser aportado. Algunos estiman que una contribución de un monto elevado podría implicar la compra de la voluntad del futuro funcionario, o el potencial ejercicio del tráfico de influencias. Otros, no obstante, consideran que con las aportaciones privadas, lo que el donante tiene como objetivo es lograr acceso a las autoridades para procurar prevenir eventuales abusos de poder por parte de funcionarios subalternos.

Pero así como algunas legislaciones limitan la cantidad a ser aportadas por una entidad privada, todas las legislaciones coinciden, sin embargo, en prohibir aportaciones realizadas por gobiernos extranjeros. Ese es un punto crucial, en razón de que en caso de aceptar donaciones provenientes de gobiernos extranjeros, eso equivaldría a intromisión en los asuntos internos de un país y vulnerabilidad al ejercicio de su soberanía.

De igual manera, algunas legislaciones prohíben que personas o empresas extranjeras realicen contribuciones a partidos políticos o para campañas electorales. Pero esto no tiene carácter general, ya que en muchos países si se permite, y por lo tanto, no se considera una práctica ilícita.

El proyecto dominicano
El actual proyecto de ley de partidos políticos que examina la Comisión Bicameral del Congreso Nacional contempla un sistema mixto, público y privado, de financiación de los partidos y agrupaciones políticas.

Corresponderá a la Junta Central Electoral la entrega de los recursos provenientes del Estado a las organizaciones políticas. Sin embargo, queda prohibido para cualquier otra institución del Estado, ya sea un ministerio, un organismo descentralizado o un ayuntamiento, entregar fondos, de manera directa o indirecta, a un partido o agrupación política.

De ser aprobado el proyecto de ley, un 80% de los recursos públicos será distribuido a los partidos en función de los votos obtenidos en la última elección; y un 20% en partes iguales entre todos los partidos incluyendo los de nuevo reconocimiento.

Ahora bien, un 50% de los recursos del Estado serán destinados para cubrir los gastos administrativos operacionales; un 15% a los gastos de educación y capacitación de los miembros de la organización política; y un 35% para apoyar la organización de los procesos internos de elección de dirigentes, primarias internas y candidaturas a puestos de elección popular.

En lo que atañe a las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos y a los candidatos, no podrán ser superiores al 1% del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación del fondos públicos. Eso quiere decir que si el partido que mayor cantidad de fondos reciba de la Junta Central Electoral alcanza la cifra, por ejemplo, de 700 millones de pesos, la contribución individual no podría ser mayor de 7 millones de pesos.

En los Estados Unidos, esos límites o topes al aporte privado se han visto superados mediante la creación de unos llamados Comités de Acción Política, los cuales directamente pueden invertir en la campaña del partido; y lo único que les está prohibido es la entrega directa de fondos al candidato.

Siguiendo la tendencia de la generalidad de las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe, nuestro proyecto de ley considera como contribuciones ilícitas, las provenientes de gobiernos extranjeros; las de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades delictivas; las que no pueda determinarse su procedencia u origen; y las de personas físicas subordinadas cuando les hayan sido impuestas arbitrariamente por sus superiores jerárquicos.

Nuestro proyecto de ley prevé que la Junta Central Electoral creará una unidad especializada de control financiero de los partidos políticos, que tendrá, entre sus funciones, la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos, así como sus topes de gastos.

De igual manera, prevé sanciones a los partidos y agrupaciones políticas que van desde la fijación de multas de 100 a 200 salarios mínimos, hasta la privación de libertad de sus miembros, cuando haya habido apropiación indebida de los recursos de la organización política, destinándose a un uso distinto al dispuesto en la norma.

Al estar llegando la Comisión Bicameral del Congreso Nacional a la fase final del estudio y evaluación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, pronto la aprobación de este proyecto se convertirá en el tema principal para garantizar el tránsito de la democracia dominicana a una nueva etapa, que será de mayor participación política de los ciudadanos; de mayor institucionalización interna de los partidos; de mayor capacitación de los afiliados; y de mayor transparencia en el uso de los recursos económicos.

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martes, 19 de agosto de 2008