En los 23 meses que el mayor general Rafael Radhamés Ramírez Ferreira lleva al frente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ese organismo ha realizado 900 operativos en Baní e incautado 425.7 kilos de drogas, de los cuales 384.1 son de cocaína. En esos operativos han sido detenidas 1,029 personas ligadas al negocio del narcotráfico, de acuerdo a datos estadísticos suministrados por la DNCD.
Según los datos estadísticos, en el 2006 en Baní sólo se ocuparon 0.3 kilos de cocaína, en el 2007 se elevó a 124.6 kilos y en el 2008 a 259.2 kilos.
En lo que respecta a Baní, el resto de las drogas incautadas en los últimos ocho años es de 0.9 kilos de crack, 16.2 kilos de marihuana y 39 matas de la misma droga.
En sentido general en los últimos ocho años en el país se han incautado 34, 627.98 kilos de drogas y de esa totalidad el 33 por ciento se ha ocupado en los 23 meses que Ramírez Ferreira tiene al frente de la DNCD, es decir, 11,559.08 kilos.
Los datos estadísticos indican que del 17 de agosto a la fecha la DNCD ha realizado 24,651 operativos, detenido a 35,678 personas y desmantelado 31,479 puntos de drogas.
Del total de droga ocupada del año 2000 a la fecha, 20 mil 738.9 kilos corresponden a cocaína; 80.2 kilos a crack; 769.8 a heroína y 11,505.2 a marihuana.
También se incautó de 4,789.8 unidades de semillas de marihuna, de 663.3 gramos de hachís; 857,636.0 unidades de pastillas de éxtasis (76,340.83 libras).
La provincia Peravia, y fundamentalmente Baní, su ciudad más importante, ha concitado principalía en los medios de comunicación en lo relativo al tráfico de drogas después de que el 5 de este mes siete extranjeros fueron ejecutados en Ojo de Agua, en una disputa por la posesión de mil 200 kilos de cocaína.
Esa matanza motivó que el senador oficialista de esa provincia denunciara que la propia DNCD, la Policía y el Ministerio Público protegen a los narcotraficantes.
Eso ha motivado que el presidente Leonel Fernández haya creado una comisión al más alto nivel para investigar la denuncia del senador Wilton Guerrero.
De la investigación están encargados el secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general Ramón Aquino García; el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez, y el jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín.
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