Quirino admite introdujo 33 toneladas coca a EU

viernes, 16 de enero de 2009

Quirino admite introdujo 33 toneladas coca a EU

El ex capitán Quirino Ernesto Paulino Castillo admitió ante la Fiscalía de Nueva York haber exportado hacia los Estados Unidos entre 1996 al 2002 aproximadamente 33 toneladas de cocaína y haber lavado millones de dólares provenientes del narcotráfico.

El dato está contenido en el acuerdo que Paulino Castillo hizo con el procurador fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Michael J. García.

Dicho documento, en cuanto a la parte que concierne a República Dominicana, fue depositado ayer por ante la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, durante el conocimiento del recurso de apelación que interpuso la esposa de Paulino Castillo, Belkis Elizabeth Ubrí Medrano de Castillo, contra la sentencia que la condena a cinco años de cárcel por lavado de activos del narcotráfico.

En la audiencia, el Ministerio Público desistió de la querella contra Medrano de Castillo y pidió a la Corte hacer constar en acta que dispuso el archivo definitivo del expediente.

Sin embargo, la audiencia fue aplazada para el 19 de febrero, a los fines de que los abogados de Medrano de Castillo depositen, traducido al español, el acuerdo a que arribó Paulino Castillo con las autoridades de los Estados Unidos.

El documento fue depositado a requerimiento de los abogados Teobaldo Durán y Manuel Sierra, defensores del coronel retirado Pedro Julio Goíco Guerrero.

El documento indica, además, que Paulino Castillo entregó a los Estados Unidos la suma de 14 millones 500 mil dólares, dinero que las autoridades estadounidenses acordaron ceder a las autoridades dominicanas, como parte del acuerdo con él.

A continuación, la traducción al español del acuerdo entre las autoridades estadounidenses y Paulino Castillo, en lo referente al capítulo que compete a República Dominicana:

“El 19 de diciembre del 2004, Quirino Ernesto Paulino Castillo fue arrestado en la República Dominicana con relación al decomiso de aproximadamente 1387 kilogramos de cocaína que Paulino y otros intentaron importar a los Estados Unidos. El 19 de febrero de 2005, Paulino fue extraditado desde la República Dominicana hacia los Estados Unidos bajo la acusación S7-04 CR. 1353 que lo incriminaba en la conspiración para importar cinco kilogramos y más de cocaína a los Estados Unidos; distribución y posesión con la intención de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína y lavado de activos.

“Alrededor del 7 de febrero del 2008, Paulino se declaró culpable de los cinco cargos de la acusación S7-04 CR. 1353. Al declararse culpable, Paulino reconoció su participación en conspiraciones, desde alrededor de 1996 hasta alrededor del 2002, relativa a la importación y distribución de 30,000 kilogramos (aproximadamente 33 toneladas) de cocaína, así como el lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico.

En adición, Paulino convino en ceder, a favor de los Estados Unidos, una suma de dinero ascendente a US14.5 millones, que representan el estimado del Gobierno de los Estados Unidos sobre la ganancia neta que Paulino recibiera de sus actividades del narcotráfico, desde 1996 hasta el 2004.

“Entendemos que la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional de República Dominicana (“Procuraduría Fiscal”) presentó una acusación en contra de Paulino y otros individuos con relación al decomiso de un cargamento de drogas el 9 de abril del 2003, consistente en aproximadamente 1130 kilos de cocaína en ruta hacia San Juan, Puerto Rico.

En dicho expediente, la Procuraduría Fiscal dominicana también acusó de lavado de activos proveniente del narcotráfico, en violación a las leyes de la República Dominicana, a las siguientes personas: Belkis Elizabeth Ubrí Medrano, Diomaris Marmolejos Féliz, Quirilio Paulino Castillo, alias “Danilo”; Anderson Paulino Ubrí, Ricardo Encarnación, Yudelka Encarnación Castillo, Luis Marmolejos Féliz, Elva Féliz Matos de Marmolejos, Zaira Castillo Ramírez, Felícita Consuelo Medrano Mercedes y Edward Confesor Nicolás Marmolejos (colectivamente los “imputados del lavado de activos”). Ustedes han informado a esta oficina que el expediente en contra de Paulino fue retirado por ante el tribunal de primera instancia en la República Dominicana porque existía un impedimento que prevenía que Paulino compareciera a juicio.

Ustedes también han informado a esta oficina que luego del juicio seguido a Belkis Elizabeth Ubrí Medrano, ésta ha sido condenada a cinco años de prisión y al decomiso de ciertos bienes.

“Entendemos que la Procuraduría Fiscal de República Dominicana ha establecido un acuerdo, en principio con los imputados del lavado de activos por medio del cual ellos han convenido ceder dinero, activos y propiedades que el Gobierno de la República Dominicana ha identificado como ganancia, directas o indirectas, de las actividades de narcotráfico del señor Paulino.

“Con relación a los US14.5 millones que Paulino ha convenido ceder al Gobierno de los Estados Unidos, esta oficina renuncia por este medio a cualquier reclamo de dicho dinero o su equivalente en propiedades u otros activos, y transfiere a la República Dominicana el derecho de reclamar dicho dinero o su equivalente en propiedades u otros activos.

Este acuerdo se realiza en reconocimiento y consideración de la asistencia sustancial y la cooperación que la República Dominicana ha brindado a esta oficina con relación a la investigación e instrumentación de este caso.

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El financiamiento de los partidos políticos en el país: articulo del expresidente Leonel Fernández

Leonel Fernández

@leonelfernandez

Santo Domingo

Durante las últimas semanas la Comisión Bicameral del Congreso Nacional ha avanzado a un ritmo tal en el conocimiento del proyecto de ley de partidos políticos que ha entrado en los temas más controversiales.

Entre esos temas se encuentra el relativo al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, que figura en el título V del referido proyecto de ley, y abarca desde el artículo 53 al 67.

La reglamentación sobre el financiamiento de los partidos políticos resulta controversial por el papel que desempeña el dinero en las competencias políticas democráticas o electorales.

Aunque en algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, se habían establecido mecanismos de regulación al uso de los recursos económicos en el ámbito político, desde la primera mitad del siglo XX, fue en realidad, desde fines de los años 70, al producirse la transición hacia sistemas políticos democráticos que en la región se desarrolló la tendencia hacia la regulación financiera de los partidos políticos.

De esa manera, en medio de un gran debate se planteó la posibilidad de utilizar fondos públicos en el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos y de las campañas electorales. En principio, hubo cierta reticencia a que se procediese de esa manera. Se sostenía que era injusto utilizar recursos provenientes de los contribuyentes a favor de instituciones políticas que no habían conquistado plenamente la confianza de los ciudadanos.

Sin embargo, con posterioridad llegó a comprenderse la necesidad e importancia de una financiación pública a la actividad política, debido al poder e influencia que pudiera derivarse de un financiamiento proveniente exclusivamente del sector privado.

Así, de esa forma, surgió el criterio de combinar financiación pública con la privada, estableciéndose un sistema o mecanismo de carácter mixto, que es el que, en sentido general, actualmente predomina en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Lo que se ha venido planteando durante las últimas dos décadas es el de reglamentar la manera en que los partidos reciben los ingresos y el de cómo los gastan, de una manera que resulte legal, equitativa, justa, transparente y susceptible de rendición de cuentas y sanciones en caso de violación a las normas.

Naturalmente, a pesar de esos criterios no existe ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo una legislación que tenga carácter de universalidad y que sirva como patrón de referencia a todas las demás. Lo que hay son diversas leyes o normas que se ajustan a las condiciones específicas de cada país y que procuran el que se cumplan con los valores y principios previamente enunciados.

Límites y prohibiciones
Para recibir fondos provenientes del Estado, una organización política generalmente está sujeta a la obtención de un porcentaje mínimo de votos, que suele ser de no menos de un 2%; o de haber alcanzado un nivel de representación en el Congreso Nacional o en la Alcaldía Municipal.

Al suscitarse la reflexión en torno a la equidad o justicia con que se distribuyen los fondos públicos, se ha sugerido que esa distribución se produzca en cantidades iguales para cada partido. Eso significaría entregarle igual cantidad de dinero a los partidos grandes que a los partidos pequeños, lo que se estima es algo inadecuado porque los pequeños no tienen el mismo nivel de representación que los grandes.

Por consiguiente, a diferencia de ese criterio de equidad se ha elaborado la idea de que lo que realmente procede es una distribución en cantidades proporcionales en relación al número de votos obtenidos en el último certamen electoral; o una combinación de montos equitativos y proporcionales a los votos recibidos.

En lo que respecta a los aportes privados, la preocupación reside en determinar el origen o procedencia de esos recursos; la cantidad que pueda ser contribuida; las prohibiciones de recepción de determinadas contribuciones; las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones; y las sanciones a ser establecidas en caso de violación.

Resulta evidente el interés que pueda haber respecto al origen y procedencia de los recursos. Lo que se procura es evitar la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, y por consiguiente, en las posibilidades de influir en las futuras autoridades del Estado.

Lo mismo puede decirse en lo que atañe a la cantidad o monto a ser aportado. Algunos estiman que una contribución de un monto elevado podría implicar la compra de la voluntad del futuro funcionario, o el potencial ejercicio del tráfico de influencias. Otros, no obstante, consideran que con las aportaciones privadas, lo que el donante tiene como objetivo es lograr acceso a las autoridades para procurar prevenir eventuales abusos de poder por parte de funcionarios subalternos.

Pero así como algunas legislaciones limitan la cantidad a ser aportadas por una entidad privada, todas las legislaciones coinciden, sin embargo, en prohibir aportaciones realizadas por gobiernos extranjeros. Ese es un punto crucial, en razón de que en caso de aceptar donaciones provenientes de gobiernos extranjeros, eso equivaldría a intromisión en los asuntos internos de un país y vulnerabilidad al ejercicio de su soberanía.

De igual manera, algunas legislaciones prohíben que personas o empresas extranjeras realicen contribuciones a partidos políticos o para campañas electorales. Pero esto no tiene carácter general, ya que en muchos países si se permite, y por lo tanto, no se considera una práctica ilícita.

El proyecto dominicano
El actual proyecto de ley de partidos políticos que examina la Comisión Bicameral del Congreso Nacional contempla un sistema mixto, público y privado, de financiación de los partidos y agrupaciones políticas.

Corresponderá a la Junta Central Electoral la entrega de los recursos provenientes del Estado a las organizaciones políticas. Sin embargo, queda prohibido para cualquier otra institución del Estado, ya sea un ministerio, un organismo descentralizado o un ayuntamiento, entregar fondos, de manera directa o indirecta, a un partido o agrupación política.

De ser aprobado el proyecto de ley, un 80% de los recursos públicos será distribuido a los partidos en función de los votos obtenidos en la última elección; y un 20% en partes iguales entre todos los partidos incluyendo los de nuevo reconocimiento.

Ahora bien, un 50% de los recursos del Estado serán destinados para cubrir los gastos administrativos operacionales; un 15% a los gastos de educación y capacitación de los miembros de la organización política; y un 35% para apoyar la organización de los procesos internos de elección de dirigentes, primarias internas y candidaturas a puestos de elección popular.

En lo que atañe a las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos y a los candidatos, no podrán ser superiores al 1% del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación del fondos públicos. Eso quiere decir que si el partido que mayor cantidad de fondos reciba de la Junta Central Electoral alcanza la cifra, por ejemplo, de 700 millones de pesos, la contribución individual no podría ser mayor de 7 millones de pesos.

En los Estados Unidos, esos límites o topes al aporte privado se han visto superados mediante la creación de unos llamados Comités de Acción Política, los cuales directamente pueden invertir en la campaña del partido; y lo único que les está prohibido es la entrega directa de fondos al candidato.

Siguiendo la tendencia de la generalidad de las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe, nuestro proyecto de ley considera como contribuciones ilícitas, las provenientes de gobiernos extranjeros; las de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades delictivas; las que no pueda determinarse su procedencia u origen; y las de personas físicas subordinadas cuando les hayan sido impuestas arbitrariamente por sus superiores jerárquicos.

Nuestro proyecto de ley prevé que la Junta Central Electoral creará una unidad especializada de control financiero de los partidos políticos, que tendrá, entre sus funciones, la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos, así como sus topes de gastos.

De igual manera, prevé sanciones a los partidos y agrupaciones políticas que van desde la fijación de multas de 100 a 200 salarios mínimos, hasta la privación de libertad de sus miembros, cuando haya habido apropiación indebida de los recursos de la organización política, destinándose a un uso distinto al dispuesto en la norma.

Al estar llegando la Comisión Bicameral del Congreso Nacional a la fase final del estudio y evaluación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, pronto la aprobación de este proyecto se convertirá en el tema principal para garantizar el tránsito de la democracia dominicana a una nueva etapa, que será de mayor participación política de los ciudadanos; de mayor institucionalización interna de los partidos; de mayor capacitación de los afiliados; y de mayor transparencia en el uso de los recursos económicos.

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viernes, 16 de enero de 2009