El general de brigada licenciado César Decena Rojas reveló que los miembros de la Policía involucrados en la muerte de tres personas en Azua, guardan prisión en la cárcel pública de esta ciudad, al imponerles un tribunal como sanción provisional, tres meses de prisión preventiva.
Guerrero Dumé identifica como autor del tumbe al teniente Alberto Arturo López Segura, de puesto en La Bombita, de Azua, para despojar de la droga a una banda con la que iba a negociar y cuyos integrantes se trasladaron desde Santo Domingo a esa ciudad.
Decena Rojas se quejó porque según afirma, “si el señor senador por la provincia Peravia, Wilton Guerrero, conocía antes los nombres de los agentes, incluyendo oficiales que él denuncia, unos 20 en total, ¿por qué no se los suministró, por lo menos directamente al jefe de la institución, mayor general ingeniero Rafael Guillermo Guzmán Fermín?”.
El general Decena Rojas, que comanda las provincias de Azua, San Juan y Elías Piña, expresó sus consideraciones, al ser preguntado en torno al escándalo que ha desatado la denuncia del senador Wilton Guerrero, con relación al supuesto tumbe de un cargamento de cocaína, en el que murieron tres personas.
Decena Rojas indicó que con relación a ese hecho, hay una comisión de altos oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas-DNCD-, y de la Policía Nacional, realizando las investigaciones correspondientes, para determinar si hay otros miembros vinculados al caso.
El senador Wilton Guerrero afirma que los “criminales y bandas de narcotraficantes de Azua son dirigidos por la Policía de esa localidad encabezado por 20 oficiales y alistados”.
De acuerdo a su denuncia, Guerrero manifesta que “lo de Azua no fue un tumbe de drogas entre civiles, sino un tumbe organizado por la Policía para quedarse con la droga y el dinero fruto de esa actividad criminal.”
Un apunte
Una postura firme
El senador del PLD por la provincia Peravia desde hace varios años mantiene sus denuncias sobre la actuación de los agentes policiales y miembros de la Marina en esa demarcación. Las denuncias se agudizaron desde la matanza de ocho personas en Paya.
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