Amenazan de muerte a fiscales en el caso Paya

miércoles, 23 de septiembre de 2009

Amenazan de muerte a fiscales en el caso Paya

PROCURADOR GENERAL PEDIRÁ TRASLADO DEL PROCESO A DISTRITO NACIONAL

Marino Vinicio Castillo habla en rueda de prensa junto al procurador Radhamés Jiménez, los jefes de los institutos armados y los fiscales del caso Paya amenazados de muerte por los acusados.

Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República anunció ayer que solicitará al pleno de la Suprema Corte de Justicia el traslado del caso Paya de San Cristóbal a la jurisdicción del Distrito Nacional, para garantizar la seguridad de los 13 fiscales que llevan el proceso, quienes son amenazados de muerte por los implicados.

Así lo informó el Procurador, Radhamés Jiménez, quien dijo que harán la solicitud porque el tribunal que apoderen en el Distrito Nacional tendría más espacio y la seguridad de los fiscales estará protegida.

El anuncio fue hecho durante rueda de prensa donde participaron además el secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general Pedro Rafael Peña Antonio; el asesor del Poder Ejecutivo en materia drogas, Marino Vinicio Castillo; el jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, y los 13 fiscales que tienen a su cargo el caso Paya, quienes señalaron que la persecución del crimen de narcotráfico es un asunto del Estado.

El jefe del Ministerio Público dijo que en una actitud arrogante y prepotente la mayoría de los imputados amenazaron de muerte a los fiscales que conocían el caso en San Cristóbal y con sus propias palabras dijeron: “a ustedes los vamos a matar”.

“Para el gobierno y el Estado en sentido general esto es inaceptable. Ante la gravedad de la situación y estando frente a una situación que arriesga la seguridad pública y la de los miembros del Ministerio Público pediremos a la Suprema Corte de Justicia el traslado del caso Paya al Distrito Nacional”, dijo.

Expresó que analizarán si procede iniciar algún tipo de acción en contra de los imputados que hicieron amenazas de muerte a los fiscales que fueron especializados y destinados al conocimiento del caso Paya, expediente en que están involucradas unas 25 personas, entre civiles y militares, acusados de matar a siete colombianos el 4 de agosto del pasado año.

De acuerdo con Jiménez, los fiscales adjuntos que reciben amenazas de linchamiento son Jesús Hernández Vélez, procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal; Robert Lugo Betancourt, fiscal de Peravia; y el fiscal adjunto de esa jurisdicción, Constantino Beltré Sánchez, además de los fiscales adjuntos del Distrito Nacional, Francisco Polanco Ureña y Fabián Melo.

También Germán Miranda Villalona, director de la Unidad Antilavado de Activos del Ministerio Público; Dulce María Luciano y María del Carmen de León, del mismo departamento, y los procuradores adjuntos de San Cristóbal, Paulino Zapata y Rigoberto Santana.

En tanto que Peña Antonio, lamentó que ex militares pertenecientes a la Marina de Guerra se hayan desnaturalizado por el uso y tráfico de drogas, como es la situación que involucra a varios en el caso Paya.

VINCHO CALIFICA INCIDENTE DE GRAVE

El jurista Marino Vinicio Castillo calificó el incidente como “grave, penoso y negativo”, tras señalar que se ha irrespetado a los jueces y profanado la Sala de Justicia de San Cristóbal.

Consideró que el narcotráfico ha querido desafiar a las autoridades gubernamentales sembrando temor, miedo y amenazas, a través de los representantes del ministerio público. Dijo que la Suprema Corte tiene el gran reto de sancionar los casos de narcotráfico con la mayor drasticidad posible, poniendo como ejemplo el caso Paya, y así poner a prueba la justicia dominicana en un duelo entre el Estado y el narcotráfico.

“Este caso pone en relieve la insolencia, el poder que creen tener y la estructura que rige el narcotráfico en el país. Eso tiene propósitos de intimidación, quieren impregnar miedo”, enfatizó Castillo.

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El financiamiento de los partidos políticos en el país: articulo del expresidente Leonel Fernández

Leonel Fernández

@leonelfernandez

Santo Domingo

Durante las últimas semanas la Comisión Bicameral del Congreso Nacional ha avanzado a un ritmo tal en el conocimiento del proyecto de ley de partidos políticos que ha entrado en los temas más controversiales.

Entre esos temas se encuentra el relativo al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, que figura en el título V del referido proyecto de ley, y abarca desde el artículo 53 al 67.

La reglamentación sobre el financiamiento de los partidos políticos resulta controversial por el papel que desempeña el dinero en las competencias políticas democráticas o electorales.

Aunque en algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, se habían establecido mecanismos de regulación al uso de los recursos económicos en el ámbito político, desde la primera mitad del siglo XX, fue en realidad, desde fines de los años 70, al producirse la transición hacia sistemas políticos democráticos que en la región se desarrolló la tendencia hacia la regulación financiera de los partidos políticos.

De esa manera, en medio de un gran debate se planteó la posibilidad de utilizar fondos públicos en el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos y de las campañas electorales. En principio, hubo cierta reticencia a que se procediese de esa manera. Se sostenía que era injusto utilizar recursos provenientes de los contribuyentes a favor de instituciones políticas que no habían conquistado plenamente la confianza de los ciudadanos.

Sin embargo, con posterioridad llegó a comprenderse la necesidad e importancia de una financiación pública a la actividad política, debido al poder e influencia que pudiera derivarse de un financiamiento proveniente exclusivamente del sector privado.

Así, de esa forma, surgió el criterio de combinar financiación pública con la privada, estableciéndose un sistema o mecanismo de carácter mixto, que es el que, en sentido general, actualmente predomina en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Lo que se ha venido planteando durante las últimas dos décadas es el de reglamentar la manera en que los partidos reciben los ingresos y el de cómo los gastan, de una manera que resulte legal, equitativa, justa, transparente y susceptible de rendición de cuentas y sanciones en caso de violación a las normas.

Naturalmente, a pesar de esos criterios no existe ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo una legislación que tenga carácter de universalidad y que sirva como patrón de referencia a todas las demás. Lo que hay son diversas leyes o normas que se ajustan a las condiciones específicas de cada país y que procuran el que se cumplan con los valores y principios previamente enunciados.

Límites y prohibiciones
Para recibir fondos provenientes del Estado, una organización política generalmente está sujeta a la obtención de un porcentaje mínimo de votos, que suele ser de no menos de un 2%; o de haber alcanzado un nivel de representación en el Congreso Nacional o en la Alcaldía Municipal.

Al suscitarse la reflexión en torno a la equidad o justicia con que se distribuyen los fondos públicos, se ha sugerido que esa distribución se produzca en cantidades iguales para cada partido. Eso significaría entregarle igual cantidad de dinero a los partidos grandes que a los partidos pequeños, lo que se estima es algo inadecuado porque los pequeños no tienen el mismo nivel de representación que los grandes.

Por consiguiente, a diferencia de ese criterio de equidad se ha elaborado la idea de que lo que realmente procede es una distribución en cantidades proporcionales en relación al número de votos obtenidos en el último certamen electoral; o una combinación de montos equitativos y proporcionales a los votos recibidos.

En lo que respecta a los aportes privados, la preocupación reside en determinar el origen o procedencia de esos recursos; la cantidad que pueda ser contribuida; las prohibiciones de recepción de determinadas contribuciones; las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones; y las sanciones a ser establecidas en caso de violación.

Resulta evidente el interés que pueda haber respecto al origen y procedencia de los recursos. Lo que se procura es evitar la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, y por consiguiente, en las posibilidades de influir en las futuras autoridades del Estado.

Lo mismo puede decirse en lo que atañe a la cantidad o monto a ser aportado. Algunos estiman que una contribución de un monto elevado podría implicar la compra de la voluntad del futuro funcionario, o el potencial ejercicio del tráfico de influencias. Otros, no obstante, consideran que con las aportaciones privadas, lo que el donante tiene como objetivo es lograr acceso a las autoridades para procurar prevenir eventuales abusos de poder por parte de funcionarios subalternos.

Pero así como algunas legislaciones limitan la cantidad a ser aportadas por una entidad privada, todas las legislaciones coinciden, sin embargo, en prohibir aportaciones realizadas por gobiernos extranjeros. Ese es un punto crucial, en razón de que en caso de aceptar donaciones provenientes de gobiernos extranjeros, eso equivaldría a intromisión en los asuntos internos de un país y vulnerabilidad al ejercicio de su soberanía.

De igual manera, algunas legislaciones prohíben que personas o empresas extranjeras realicen contribuciones a partidos políticos o para campañas electorales. Pero esto no tiene carácter general, ya que en muchos países si se permite, y por lo tanto, no se considera una práctica ilícita.

El proyecto dominicano
El actual proyecto de ley de partidos políticos que examina la Comisión Bicameral del Congreso Nacional contempla un sistema mixto, público y privado, de financiación de los partidos y agrupaciones políticas.

Corresponderá a la Junta Central Electoral la entrega de los recursos provenientes del Estado a las organizaciones políticas. Sin embargo, queda prohibido para cualquier otra institución del Estado, ya sea un ministerio, un organismo descentralizado o un ayuntamiento, entregar fondos, de manera directa o indirecta, a un partido o agrupación política.

De ser aprobado el proyecto de ley, un 80% de los recursos públicos será distribuido a los partidos en función de los votos obtenidos en la última elección; y un 20% en partes iguales entre todos los partidos incluyendo los de nuevo reconocimiento.

Ahora bien, un 50% de los recursos del Estado serán destinados para cubrir los gastos administrativos operacionales; un 15% a los gastos de educación y capacitación de los miembros de la organización política; y un 35% para apoyar la organización de los procesos internos de elección de dirigentes, primarias internas y candidaturas a puestos de elección popular.

En lo que atañe a las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos y a los candidatos, no podrán ser superiores al 1% del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación del fondos públicos. Eso quiere decir que si el partido que mayor cantidad de fondos reciba de la Junta Central Electoral alcanza la cifra, por ejemplo, de 700 millones de pesos, la contribución individual no podría ser mayor de 7 millones de pesos.

En los Estados Unidos, esos límites o topes al aporte privado se han visto superados mediante la creación de unos llamados Comités de Acción Política, los cuales directamente pueden invertir en la campaña del partido; y lo único que les está prohibido es la entrega directa de fondos al candidato.

Siguiendo la tendencia de la generalidad de las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe, nuestro proyecto de ley considera como contribuciones ilícitas, las provenientes de gobiernos extranjeros; las de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades delictivas; las que no pueda determinarse su procedencia u origen; y las de personas físicas subordinadas cuando les hayan sido impuestas arbitrariamente por sus superiores jerárquicos.

Nuestro proyecto de ley prevé que la Junta Central Electoral creará una unidad especializada de control financiero de los partidos políticos, que tendrá, entre sus funciones, la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos, así como sus topes de gastos.

De igual manera, prevé sanciones a los partidos y agrupaciones políticas que van desde la fijación de multas de 100 a 200 salarios mínimos, hasta la privación de libertad de sus miembros, cuando haya habido apropiación indebida de los recursos de la organización política, destinándose a un uso distinto al dispuesto en la norma.

Al estar llegando la Comisión Bicameral del Congreso Nacional a la fase final del estudio y evaluación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, pronto la aprobación de este proyecto se convertirá en el tema principal para garantizar el tránsito de la democracia dominicana a una nueva etapa, que será de mayor participación política de los ciudadanos; de mayor institucionalización interna de los partidos; de mayor capacitación de los afiliados; y de mayor transparencia en el uso de los recursos económicos.

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miércoles, 23 de septiembre de 2009