Normas de basura no se cumplen

martes, 22 de septiembre de 2009

Normas de basura no se cumplen

LAS AUTORIDADES ASEGURAN QUE LOS DESECHOS SERÁN CONTROLADOS CON MEDIDAS E INVERSIONES

Medio Ambiente cuenta con normas para enfrentar el cúmulo de desechos sólidos desde junio de 2003, pero las autoridades centrales y municipales aún no completan el sistema de su cumplimiento.

Santo Domingo.- Jorge Santos revisa un contenedor de basura ubicado en un sector populoso del “Gran Santo Domingo”. Sin hogar ni empleo, escarba en los desperdicios sólidos para encontrar material útil, antes de que llegue a Duquesa, donde la Asociación de Compradores, Recicladores y Recolectores (antiguos “buzos”) hará buenos negocios de los desechos.

En su actividad de sobrevivencia, el adolescente de 13 años, es testigo y protagonista de la violación de la Norma 5.3 sobre Gestión Ambiental de Desechos Sólidos no Peligrosos, que establece que los residuos sólidos de cualquier tipo no se acumularán fuera de los recipientes de almacenamiento y prohíbe depositar residuos sólidos fuera, encima o alrededor de los contenedores públicos.

Ernesto Reyna, subsecretario de Medio Ambiente sobre asuntos de Desechos Sólidos, admitió que diversos puntos de las leyes no son aplicados aún, pero refiere que esa dependencia y los ayuntamientos actuarán en base a esta norma en un plazo cercano, cuando el Estado y el sector privado inviertan en las estructuras y equipamiento necesarios.

“Sí existen leyes para enfrentar los retos que la basura trae a civilizaciones urbanas en constante crecimiento demográfico, mas las estructuras aún no están listas para cumplir cada punto de la ley. Puedo asegurar que el Poder Ejecutivo trabaja con fines de que el tratamiento de los desechos sólidos esté sistematizado”, sostuvo el funcionario.

Reyna señaló que el Gobierno y los ayuntamientos hacen inversiones en camiones más especializados, adecuación de los vertederos a nivel nacional, la atracción de empresas que manejan la “reutilización” de desechos y el brazo autoritario para hacer que las normas se respeten.

“Sin embargo, las reformas se llevan a cabo mediante un proceso. Se legisla, lo cual es inicio de la resolución del problema. Pues bien, el presidente Leonel Fernández se ha esforzado por hacer en siete años lo que en décadas no se había avanzado”, declaró el subsecretario de Medio Ambiente.

Acciones

Sin acciones concretas en favor del medio ambiente, superestructura que cada día se degenera más a causa de la contaminación que pro duce la rutina de la humanidad, las leyes están de más y forman parte de un marco jurídico que no incide en los ciudadanos, según el criterio de Angélica Adrian Anderson, abogada y activista por la ecología.

“Las normas de medio ambiente establecen que los desechos que pueden ser reutilizados lo sean, pero el Estado dominicano no emprende, a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), un programa de incentivos para que empresas con vocación recicladota importen maquinarias para estos propósitos con bajos o ningún arancel; ni siquiera brinda un mínimo de apoyo moral dirigido a los que se dedican a esto. Menos se va a cumplir la ley”, declaró la abogada.

Empresas medianas y grandes arrojan sus desechos a las calles hasta que pase el camión, los mercados se han convertido en focos de acumulación de basura, y hay vendedores ambulantes que no dejan sus espacios limpios, todas prácticas prohibidas en las normas de la Secretaría de Medio Ambiente que son repetidas a diario por residentes del “Gran Santo Domingo”.

“Cuando de la basura se trata, en el país persiste la falta de educación, esto hace que las labores de las autoridades sean más complicadas”, dijo Alejandro Santos, de Santo Domingo Este.

CABILDOS RESUELVEN SI APLICAN ARBITRIOS

José Miguel Martínez, director de Aseo Urbano y Equipos del ADN, sostuvo que si los cabildos tuvieran la facultad de enfrentar con acciones legales las transgresiones a las normas para el tratamiento de los desechos sólidos, los beneficios de la legislación se observarán de forma más evidente. “De allí la importancia de que los ayuntamientos, así como los funcionarios municipales, tengan la facultad de disponer de arbitrios, como se procura ahora en la revisión de la Constitución de la República”, declaró Martínez.

Afirmó que el cabildo no puede interferir cuando un ciudadano acumula basura en su propiedad.

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El financiamiento de los partidos políticos en el país: articulo del expresidente Leonel Fernández

Leonel Fernández

@leonelfernandez

Santo Domingo

Durante las últimas semanas la Comisión Bicameral del Congreso Nacional ha avanzado a un ritmo tal en el conocimiento del proyecto de ley de partidos políticos que ha entrado en los temas más controversiales.

Entre esos temas se encuentra el relativo al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, que figura en el título V del referido proyecto de ley, y abarca desde el artículo 53 al 67.

La reglamentación sobre el financiamiento de los partidos políticos resulta controversial por el papel que desempeña el dinero en las competencias políticas democráticas o electorales.

Aunque en algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, se habían establecido mecanismos de regulación al uso de los recursos económicos en el ámbito político, desde la primera mitad del siglo XX, fue en realidad, desde fines de los años 70, al producirse la transición hacia sistemas políticos democráticos que en la región se desarrolló la tendencia hacia la regulación financiera de los partidos políticos.

De esa manera, en medio de un gran debate se planteó la posibilidad de utilizar fondos públicos en el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos y de las campañas electorales. En principio, hubo cierta reticencia a que se procediese de esa manera. Se sostenía que era injusto utilizar recursos provenientes de los contribuyentes a favor de instituciones políticas que no habían conquistado plenamente la confianza de los ciudadanos.

Sin embargo, con posterioridad llegó a comprenderse la necesidad e importancia de una financiación pública a la actividad política, debido al poder e influencia que pudiera derivarse de un financiamiento proveniente exclusivamente del sector privado.

Así, de esa forma, surgió el criterio de combinar financiación pública con la privada, estableciéndose un sistema o mecanismo de carácter mixto, que es el que, en sentido general, actualmente predomina en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Lo que se ha venido planteando durante las últimas dos décadas es el de reglamentar la manera en que los partidos reciben los ingresos y el de cómo los gastan, de una manera que resulte legal, equitativa, justa, transparente y susceptible de rendición de cuentas y sanciones en caso de violación a las normas.

Naturalmente, a pesar de esos criterios no existe ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo una legislación que tenga carácter de universalidad y que sirva como patrón de referencia a todas las demás. Lo que hay son diversas leyes o normas que se ajustan a las condiciones específicas de cada país y que procuran el que se cumplan con los valores y principios previamente enunciados.

Límites y prohibiciones
Para recibir fondos provenientes del Estado, una organización política generalmente está sujeta a la obtención de un porcentaje mínimo de votos, que suele ser de no menos de un 2%; o de haber alcanzado un nivel de representación en el Congreso Nacional o en la Alcaldía Municipal.

Al suscitarse la reflexión en torno a la equidad o justicia con que se distribuyen los fondos públicos, se ha sugerido que esa distribución se produzca en cantidades iguales para cada partido. Eso significaría entregarle igual cantidad de dinero a los partidos grandes que a los partidos pequeños, lo que se estima es algo inadecuado porque los pequeños no tienen el mismo nivel de representación que los grandes.

Por consiguiente, a diferencia de ese criterio de equidad se ha elaborado la idea de que lo que realmente procede es una distribución en cantidades proporcionales en relación al número de votos obtenidos en el último certamen electoral; o una combinación de montos equitativos y proporcionales a los votos recibidos.

En lo que respecta a los aportes privados, la preocupación reside en determinar el origen o procedencia de esos recursos; la cantidad que pueda ser contribuida; las prohibiciones de recepción de determinadas contribuciones; las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones; y las sanciones a ser establecidas en caso de violación.

Resulta evidente el interés que pueda haber respecto al origen y procedencia de los recursos. Lo que se procura es evitar la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, y por consiguiente, en las posibilidades de influir en las futuras autoridades del Estado.

Lo mismo puede decirse en lo que atañe a la cantidad o monto a ser aportado. Algunos estiman que una contribución de un monto elevado podría implicar la compra de la voluntad del futuro funcionario, o el potencial ejercicio del tráfico de influencias. Otros, no obstante, consideran que con las aportaciones privadas, lo que el donante tiene como objetivo es lograr acceso a las autoridades para procurar prevenir eventuales abusos de poder por parte de funcionarios subalternos.

Pero así como algunas legislaciones limitan la cantidad a ser aportadas por una entidad privada, todas las legislaciones coinciden, sin embargo, en prohibir aportaciones realizadas por gobiernos extranjeros. Ese es un punto crucial, en razón de que en caso de aceptar donaciones provenientes de gobiernos extranjeros, eso equivaldría a intromisión en los asuntos internos de un país y vulnerabilidad al ejercicio de su soberanía.

De igual manera, algunas legislaciones prohíben que personas o empresas extranjeras realicen contribuciones a partidos políticos o para campañas electorales. Pero esto no tiene carácter general, ya que en muchos países si se permite, y por lo tanto, no se considera una práctica ilícita.

El proyecto dominicano
El actual proyecto de ley de partidos políticos que examina la Comisión Bicameral del Congreso Nacional contempla un sistema mixto, público y privado, de financiación de los partidos y agrupaciones políticas.

Corresponderá a la Junta Central Electoral la entrega de los recursos provenientes del Estado a las organizaciones políticas. Sin embargo, queda prohibido para cualquier otra institución del Estado, ya sea un ministerio, un organismo descentralizado o un ayuntamiento, entregar fondos, de manera directa o indirecta, a un partido o agrupación política.

De ser aprobado el proyecto de ley, un 80% de los recursos públicos será distribuido a los partidos en función de los votos obtenidos en la última elección; y un 20% en partes iguales entre todos los partidos incluyendo los de nuevo reconocimiento.

Ahora bien, un 50% de los recursos del Estado serán destinados para cubrir los gastos administrativos operacionales; un 15% a los gastos de educación y capacitación de los miembros de la organización política; y un 35% para apoyar la organización de los procesos internos de elección de dirigentes, primarias internas y candidaturas a puestos de elección popular.

En lo que atañe a las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos y a los candidatos, no podrán ser superiores al 1% del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación del fondos públicos. Eso quiere decir que si el partido que mayor cantidad de fondos reciba de la Junta Central Electoral alcanza la cifra, por ejemplo, de 700 millones de pesos, la contribución individual no podría ser mayor de 7 millones de pesos.

En los Estados Unidos, esos límites o topes al aporte privado se han visto superados mediante la creación de unos llamados Comités de Acción Política, los cuales directamente pueden invertir en la campaña del partido; y lo único que les está prohibido es la entrega directa de fondos al candidato.

Siguiendo la tendencia de la generalidad de las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe, nuestro proyecto de ley considera como contribuciones ilícitas, las provenientes de gobiernos extranjeros; las de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades delictivas; las que no pueda determinarse su procedencia u origen; y las de personas físicas subordinadas cuando les hayan sido impuestas arbitrariamente por sus superiores jerárquicos.

Nuestro proyecto de ley prevé que la Junta Central Electoral creará una unidad especializada de control financiero de los partidos políticos, que tendrá, entre sus funciones, la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos, así como sus topes de gastos.

De igual manera, prevé sanciones a los partidos y agrupaciones políticas que van desde la fijación de multas de 100 a 200 salarios mínimos, hasta la privación de libertad de sus miembros, cuando haya habido apropiación indebida de los recursos de la organización política, destinándose a un uso distinto al dispuesto en la norma.

Al estar llegando la Comisión Bicameral del Congreso Nacional a la fase final del estudio y evaluación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, pronto la aprobación de este proyecto se convertirá en el tema principal para garantizar el tránsito de la democracia dominicana a una nueva etapa, que será de mayor participación política de los ciudadanos; de mayor institucionalización interna de los partidos; de mayor capacitación de los afiliados; y de mayor transparencia en el uso de los recursos económicos.

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martes, 22 de septiembre de 2009