miércoles, 7 de enero de 2009

Políticos y militares en el expediente de Quirino

Letargo. Los cotejos que hacen voluminosa la documentación del caso Quirino durmieron por más de 4 años en los archivos de la Fiscalía.

Santo Domingo.- Quirino Ernesto Paulino Castillo, “El Don”, quien está siendo enjuiciado por narcotráfico y lavado de dinero en una corte de Manhattan en Nueva York, habría revelado a los investigadores del caso sus nexos con políticos y militares en República Dominicana cuando realizaba sus actividades ilícitas.

Las versiones recogidas entre los investigadores apuntan a que en los documentos y/o expedientes revisados hay, entre otros, nombres de militares y políticos, y que para “echar para adelante” eventuales acusaciones contra algunos de estos -de haber las pruebas suficientes para un enjuiciamiento- deberá expresarse la “voluntad política” del Gobierno.

Hay, sin embargo, confianza en que los investigadores llevarán al banquillo de los acusados a quienes se compruebe tengan relación con el caso, al tomar como guía los pronunciamientos del presidente Leonel Fernández en su último discurso a la nación, en que aseguró que en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado no hay vacas sagradas y que caerá quien tenga que caer.

Quirino habría dicho a sus investigadores que había aportado recursos económicos a diferentes partidos durante las campañas políticas que vivió durante su apogeo de líder visible de la banda de narcotraficantes que operó hasta que fue arrestado en diciembre del 2004, pero oficialmente solo se ha registrado en la prensa su juramentación como jefe de campaña del PRD en el suroeste.

Asimismo, serias conexiones con militares, que trasvasan los últimos gobiernos de la nación, están en el marco de las investigaciones, incluyendo nombres de militares de alta graduación y que se les ubica como afectos a políticos de alta proyección.

Las documentaciones son tan amplias que no parece caber dudas de que “El Don” operó sus negocios de narcotráfico con la amplia colaboración de militares de alto rango y posición, así como de políticos exitosos, pero la conformación de las pruebas contundentes para un expediente exitoso y la voluntad política para echarlo para adelante parecen ser el reto de las autoridades judiciales.

Nuevos procesos

Alrededor de una veintena de personas, tanto en Nueva York como en República Dominicana engrosarían las casillas de nuevos expedientes judiciales en relación a las operaciones de narcotráfico en que participara Paulino Castillo, entre 1998 y el 2004, período en que se estima que la red introdujo más de 33 toneladas de cocaína pura a territorio norteamericano.

Los procesos provocarán, casi seguro, pedidos de extradición de la justicia de Estados Unidos a República Dominicana, adelantándose que entre los implicados habría dominicanos, colombianos y norteamericanos, pero al momento no se ha registrado nada oficialmente, aseguran fuentes nacionales y norteamericanas consultadas.

Para que se produzca una extradición de dominicanos acusados de violar las leyes de Estados Unidos, en este caso de narcotráfico, será necesario la recepción de expedientes con acusaciones contundentes y con suficientes pruebas para ser acogidos por los jueces de la Suprema Corte de Justicia dominicana, que es el estamento que tiene la decisión y que autoriza al Poder Ejecutivo para firmar el decreto de entrega de los nacionales acusados.

Sectores de la oposición política, apoyados por influyentes estamentos mediáticos de influencia en el país, desde que se conoció oficialmente la negociación de Quirino con los fiscales de Nueva York, han desplegado una campaña para tratar de señalar alegadas conexiones de “El Don” con sectores del poder político y militar actual, así como para tratar de evitar que se establezcan esas implicaciones con militares y políticos de la administración pasada a la actual gestión peledeísta.

Se recuerda, en ese sentido, que Quirino fue juramentado -registrado en fotografías publicadas en la prensa local- como jefe de campaña del PRD en el Sur profundo, su área de influencia delincuencial y económica.

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