HUNTSVILLE, Texas, Estados Unidos.- _ Un indocumentado hondureño que asesinó a su ex jefe e hirió a un empleado fue ejecutado el jueves en Texas a pesar de que su país argumentó que su arresto violó un tratado internacional. ``Dios, perdónalos, recibe mi alma'', dijo Heliberto Chi en inglés. Luego, en español, le dijo a un amigo que observaba la ejecución a través de una ventana que lo amaba y que le agradecía su duro trabajo. Al parecer, oró en voz baja en español mientras le asomaba una lágrima en el ojo derecho a medida que los fármacos letales comenzaban a hacerle efecto.
Uno de los primos de Chi, quien estuvo entre los testigos, sollozaba de manera incontrolable. Dos hijos de sus víctimas miraban desde otra ventana y el reo los observó brevemente, pero pareció no reconocerlos.
El hondureño fue declarado muerto nueve minutos después, a las 6:25 de la tarde.
La ejecución se llevó a cabo menos de tres horas después de que la Corte Suprema federal rechazó unánimemente la apelación del reo. Fue el segundo caso de su clase esta semana en el estado.
Los abogados del asesino condenado recurrieron a la Corte Suprema bajo el argumento de que a Chi se le debió informar que podía ser asistido por el consulado de Honduras, según un tratado internacional. Poco después de la ejecución, el gobierno hondureño emitió un comunicado oficial, leído por el vicecanciller Eduardo Enrique Reina, donde lamentó la muerte de Chí.
``Lamentamos que en este caso (de Chí), no se hizo caso a las disposiciones establecidas en la Convención de Viena sobre relaciones consulares, las que no tienen más que el objeto de garantizar al detenido las normas del debido proceso''.
Además, el gobierno se comprometió a garantizar la vida de unos 12 estadounidenses en cárceles de Honduras a los que algunos reos presuntamente han amenazado con matar en represalia por la ejecución de Chí.
``El gobierno se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida y la integridad personal de los ciudadanos norteamericanos que están aquí privados de libertad como parte del reconocimiento y vigencia de los derechos inalienables de las personas establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que Honduras es signataria'', añadió.
Versiones de prensa han establecido que los prisioneros pudiesen atentar contra los estadounidenses que están en algunas de las 24 cárceles estatales hondureñas, en su mayoría encausados por tráfico de drogas y asesinato.
Chi fue arrestado en California y extraditado a Texas para ser enjuiciado por el homicidio de su ex jefe, Armand Paliotta, durante un robo a mano armada a una tienda de ropa para caballeros en Arlington hace poco más de siete años. Chi había trabajado en esa tienda.
Un empleado también resultó herido cuando intentaba huir y otro más se escondió entre la ropa y llamó a las autoridades.
Chi huyó con su novia embarazada de 18 años. Sin embargo, ella lo denunció en California unas seis semanas más tarde por haberla agredido y le dijo a las autoridades que era buscado por asesinato en Texas. El argumento presentado por los abogados de Chi es similar al de los abogados de otro condenado a muerte en Texas, el mexicano José Medellín, quien fue ejecutado la noche del martes por haber participado en las violaciones y asesinatos en pandilla de dos mujeres jóvenes en Houston hace 15 años.
A diferencia de Medellín, sin embargo, Chi no estaba en la lista de unos 50 condenados a muerte en todo Estados Unidos _ todos nacidos en México _ que según un fallo de la Corte Internacional de Justicia merecen nuevas audiencias ante las cortes norteamericanas para determinar si se violó la Convención de Viena de 1963 durante sus arrestos.
La decisión de la corte fue tomada a raíz de una demanda que presentó México contra Estados Unidos ante la Corte Mundial en el 2003.
Chi fue sentenciado a muerte el 7 de agosto por participar en el robo de marzo del 2001.
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