SANTO DOMINGO.- La Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ), el Comisionado de Apoyo y Modernización de la Justicia (CARMJ) y la Procuraduría General de la República aplicarán el uso de brazalete o localizador electrónico a imputados que se encuentren cumpliendo medidas de coerción. Es un plan piloto que se iniciará este sábado cinco de enero en la provincia Santo Domingo e incluye una muestra inicial de diez brazaletes, con un costo de dos mil dólares cada uno.
Siete de estas pulseras serán para imputados de delitos menores y tres para casos de violencia intrafamiliar.
El comisionado de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, explicó que la implementación de esta medida busca desarrollar experiencias que permitan medir los niveles de factibilidad del intrumento de seguridad.
El artefacto permitirá localizar por monitoreo a personas con medidas de coerción, sea en su domicilio, centro de salud o en determinado territorio, así como a las que tienen órdenes de protección.
“Como es el juez que tiene la facultad de otorgar la medida, la duración de la persona con el brazalete va a depender de la última medida de coerción que se aplicó. Posiblemente este plan piloto dure hasta mediado de este año”, informó Segarra.
La empresa facilitadora de este servicio de monitoreo es la Domicorp Group, CxA, representante de la empresa norteamericana AES- Intellinet, la cual proporciona el servicio de monitoreo e instalación del sistema del programa BEM, vía radiofrecuencia.
Simón Santana, representante de la firma extranjera, expresó que el brazalete se colocará en la muñeca y tobillo del imputado. “Una vez que esto se hace se instala un módulo en la residencia del mismo, cuando ya está instalado se recibe la señal en nuestro centro de monitoreo e inmediatamente estará en nuestro sistema”, explicó.
Perfecto Acosta, fiscal de la provincia Santo Domingo, destacó que los brazaletes disminuirán la cantidad de personas en los recintos carcelarios y abaratarán los costos del Estado.
Indicó que el Estado incurre en grandes gastos para atender a las personas que guardan prisión, mientras cada brazalete costará apenas cuatro dólares diarios.
“Se aplicará solo en casos menores, como el abuso de confianza, la estafa, robo sin uso de violencia y arma, golpes sin lesiones permanentes, amenaza, entre otros; no en caso de homicidio, narcotráfico, violaciones sexuales”, especificó.
Marien Montero, encargada de proyectos del CONAEJ, puntualizó que estos brazaletes se han aplicado en Panamá, Chile, Argentina y Estados Unidos. “Viendo la experiencia en estos países, se aplicará aquí para ver la experiencia de estos resultados”, dijo.
La implementación inicial será financiada por Conaej, pero luego de ver su funcionamiento la Procuraduría se encargará de su aplicación en todo el país.
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