SD. El ex empleado de la Junta Central Electoral (JCE) acusado de robar el software del cómputo electoral creado por la entidad, y venderlo a otros países, no está en el país.
Así lo informó ayer Frank Soto, procurador general adjunto encargado del caso, quien dijo que se espera que el acusado, Luis Sánchez Comprés, regrese al país para interrogarlo.
Informó que las investigaciones están "muy avanzadas", pero no quiso entrar en detalles.
Venta
La JCE presume que Sánchez pudo asociarse con el venezolano Gustavo Reyes Zumeta para vender el software a El Salvador a través de una empresa identificada como UIS LLC. Reyes dijo a DL que el programa fue creado por la referida empresa y que contrató a Sánchez como asesor.
Roberto Rosario, presidente de la Cámara Administrativa, consideró que las declaraciones de Reyes sólo le hacen daño al ex empleado.
Informe ONDA
La JCE solicitó a la Oficina de Derecho de Autor (ONDA) las posibilidades para proceder judicialmente ya que no tenía registrado el programa.
DL tuvo acceso al informe de la ONDA en el que asegura que la Junta sí tiene la facultad ya que, según la Ley 65-00, la persona natural o jurídica que toma la iniciativa de realizar la obra, tiene los derechos.
Así lo informó ayer Frank Soto, procurador general adjunto encargado del caso, quien dijo que se espera que el acusado, Luis Sánchez Comprés, regrese al país para interrogarlo.
Informó que las investigaciones están "muy avanzadas", pero no quiso entrar en detalles.
Venta
La JCE presume que Sánchez pudo asociarse con el venezolano Gustavo Reyes Zumeta para vender el software a El Salvador a través de una empresa identificada como UIS LLC. Reyes dijo a DL que el programa fue creado por la referida empresa y que contrató a Sánchez como asesor.
Roberto Rosario, presidente de la Cámara Administrativa, consideró que las declaraciones de Reyes sólo le hacen daño al ex empleado.
Informe ONDA
La JCE solicitó a la Oficina de Derecho de Autor (ONDA) las posibilidades para proceder judicialmente ya que no tenía registrado el programa.
DL tuvo acceso al informe de la ONDA en el que asegura que la Junta sí tiene la facultad ya que, según la Ley 65-00, la persona natural o jurídica que toma la iniciativa de realizar la obra, tiene los derechos.
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