SANTIAGO.- La Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), apoyó ayer la iniciativa del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Jaime David Fernández Mirabal, de actuar por la fuerza si las granceras ubicadas en las cuencas de varios ríos no desalojan el área esta semana tal como está establecido en el plazo que le otorgó esa cartera el 14 de agosto.
El presidente de la entidad ecologista, Eduardo Rodríguez, dijo que la decisión de Fernández Mirabal es correcta y que cuenta con el apoyo del movimiento ecológico del Cibao.
Indicó que aunque en el Cibao solamente en el río Yuna existen granceras, los ecologistas de la zona se sienten altamente complacidos con la medida adoptada por el funcionario, porque el medio ambiente y los recursos naturales hay que protegerlos sin importar el lugar o la región donde estén siendo amenazados.
Reveló que en reiteradas ocasiones los ecologistas siempre habían demandado el desalojo de esas granceras para proteger el recurso agua y el medio ambiente.
Sostuvo que con la medida Fernández Mirabal le da la razón a los grupos ambientalistas y cumple con lo que establece la ley que prohíbe las granceras en los lechos de los ríos.
De otro lado, Rodríguez manifestó que aunque en la mayoría de los ríos del Cibao no hay granceras, en la cercanía de algunos como es el Yaque del Norte, existen canteras o minas secas donde se extraen materiales de construcción.
Sostuvo que la ley establece que no se puede permitir la extracción de materiales en minas secas a un marco de 30 metros de los cauces de los ríos, pero que muchas de ellas están a una distancia mucho menor.
También denunció que muchas de las personas que explotan esas minas lo hacen sólo con fines de lucro y por tanto no se preocupan por contribuir con la regeneración del lugar a través de planes efectivos de reforestación.
Explica procedimiento
El ex subsecretario de suelos y agua de la Secretaría de Medio Ambiente, Víctor García, explicó que en su gestión nunca habló de desalojo de las granceras que se encuentra en los ríos, sino de un programa de reubicación de esas empresas.
“Es oportuno aclarar su confusión (del secretario de Medio Ambiente) pues en ningún caso la pasada gestión habló de desalojo sino de un Programa de Reubicación, así está consignado en el resumen de las memorias de la subsecretaría de Suelos y Aguas agosto 2007-agosto 2008 y donde se especifica claramente que el eje principal de la política en el sector de los agregados era el ordenamiento y control de las extracciones de agregados en todo el territorio nacional”, dijo.
Explicó que como soporte de ese programa de reubicación se ejecutaría un proyecto para el control automatizado del transporte de materiales de la corteza terrestre y un segundo proyecto que levantaría la cartografía de las extracciones de agregados a nivel nacional.
Precisó que dejaron acordados los cronogramas para el retiro de Mon Braca, en la parte baja del río Nizao, que debía retirar en unas siete semanas un material que tenía acopiado, así como Transvas, en Sabaneta, La Vega, con la que llegaron a un acuerdo para en unos cuatro meses desplazar la planta de procesamiento hasta la comunidad El Pino.
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