La Procuraduría General de la República.
ANTO DOMINGO. Doscientos ocho fiscales no han podido cobrar su salario correspondiente a este mes, luego que les fuera retenido, por no haber cumplido con la Ley 82-79, que los obliga a declarar sus bienes, un mes después de su ratificación o la toma de posesión.
El total de representantes del Ministerio Público que debe presentar un inventario detallado de su patrimonio es de 901.
Aunque hasta el pasado jueves faltaba la cantidad de 461, ayer en horas de la tarde la cifra había disminuido a 208, luego que fiscales y fiscalizadores acudieran con precipitación hacia la Tesorería Nacional y la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, a los fines de viabilizar el retiro de su sueldo.
Por lo menos, varios fiscales de la provincia de Santo Domingo y otras jurisdicciones fueron vistos merodear la DPCA en busca de solucionar su situación.
El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, dijo que la retención se mantendrá, hasta tanto hagan la declaración jurada de bienes como establece la ley.
Todos los funcionarios públicos que inician, finalizan o han sido ratificados en sus funciones, están obligados a presentar su declaración jurada de bienes, 30 días a partir de la fecha de toma de posesión o de haber finalizado sus funciones.
La Tesorería Nacional informó que, acogiendo una petición de la DPCA, decidió retener los salarios de los funcionarios que no se han ajustado a los requerimientos de la ley.
Hay una lista que sobrepasa los 3,000 funcionarios de las distintas esferas del Gobierno que deben pasar un inventario patrimonial a las autoridades correspondientes.
A su vez, los organismos competentes están facultados para hacer una revisión de la declaración patrimonial, con el objetivo de verificar si los bienes inventariados se ajustan a la realidad de lo detallado en un acta, que debe estar calzada con la firma de un notario que certifique la misma.
Hasta la semana pasada, sólo 227 funcionarios habían depositado su inventario patrimonial por ante la Tesorería, quien a su vez envió la lista hacia la DPCA.
El primero en cumplir con el requerimiento fue el presidente Leonel Fernández, quien figura con un patrimonio de RD$18 millones.
También declararon sus bienes los miembros del gabinete del Gobierno como el secretarios de Estado de la Presidencia, César Pina Toribio; de Relaciones Exteriores, Carlos Morales Troncoso; de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio; Hacienda, Vicente Bengoa; de Deportes, Felipe Payano; Salud Pública, Bautista Rojas Gómez; Educación, Melanio Paredes; Agricultura, Salvador Jiménez; de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; de la Mujer, Alejandrina Germán; y de Medio Ambiente, Jaime David Fernández Mirabal. Díaz Rúa figura como el funcionario más acaudalado, con una fortuna de RD$540 millones.
El total de representantes del Ministerio Público que debe presentar un inventario detallado de su patrimonio es de 901.
Aunque hasta el pasado jueves faltaba la cantidad de 461, ayer en horas de la tarde la cifra había disminuido a 208, luego que fiscales y fiscalizadores acudieran con precipitación hacia la Tesorería Nacional y la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, a los fines de viabilizar el retiro de su sueldo.
Por lo menos, varios fiscales de la provincia de Santo Domingo y otras jurisdicciones fueron vistos merodear la DPCA en busca de solucionar su situación.
El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, dijo que la retención se mantendrá, hasta tanto hagan la declaración jurada de bienes como establece la ley.
Todos los funcionarios públicos que inician, finalizan o han sido ratificados en sus funciones, están obligados a presentar su declaración jurada de bienes, 30 días a partir de la fecha de toma de posesión o de haber finalizado sus funciones.
La Tesorería Nacional informó que, acogiendo una petición de la DPCA, decidió retener los salarios de los funcionarios que no se han ajustado a los requerimientos de la ley.
Hay una lista que sobrepasa los 3,000 funcionarios de las distintas esferas del Gobierno que deben pasar un inventario patrimonial a las autoridades correspondientes.
A su vez, los organismos competentes están facultados para hacer una revisión de la declaración patrimonial, con el objetivo de verificar si los bienes inventariados se ajustan a la realidad de lo detallado en un acta, que debe estar calzada con la firma de un notario que certifique la misma.
Hasta la semana pasada, sólo 227 funcionarios habían depositado su inventario patrimonial por ante la Tesorería, quien a su vez envió la lista hacia la DPCA.
El primero en cumplir con el requerimiento fue el presidente Leonel Fernández, quien figura con un patrimonio de RD$18 millones.
También declararon sus bienes los miembros del gabinete del Gobierno como el secretarios de Estado de la Presidencia, César Pina Toribio; de Relaciones Exteriores, Carlos Morales Troncoso; de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio; Hacienda, Vicente Bengoa; de Deportes, Felipe Payano; Salud Pública, Bautista Rojas Gómez; Educación, Melanio Paredes; Agricultura, Salvador Jiménez; de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; de la Mujer, Alejandrina Germán; y de Medio Ambiente, Jaime David Fernández Mirabal. Díaz Rúa figura como el funcionario más acaudalado, con una fortuna de RD$540 millones.
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